El INE impondrá multas por más de $367 millones a los partidos políticos
Anomalías detectadas en reportes de ingresos y gastos
La presidente de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, aseguró que para preservar su neutralidad, las instituciones comiciales deben mantenerse por encima de la disputa por el poder político y su única guía debe ser la Constitución y los valores democráticos.
Al presentar su primer informe anual de actividades, del periodo 2016-2017, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la funcionaria sostuvo que en el TEPJF se tiene claro que toda competencia comicial exacerba los enconos sociales y políticos, y que los debates intensos y ríspidos son propios de toda democracia y de la arena política.
Subrayó que México requiere de instituciones fuertes, legítimas y con credibilidad, así como de procesos comiciales íntegros, por lo que las elecciones de 2018 representan la oportunidad para demostrar esa fortaleza institucional.
“Este proceso representa una oportunidad para probar esa fortaleza institucional e integridad; para hacer eco de las demandas sociales y consolidar las libertades y derechos de los mexicanos. Sabemos que las libertades que no sepamos proteger hoy, serán mañana los males de la sociedad”, sostuvo.
“La sociedad requiere de árbitros administrativos creíbles y eficaces; también exige árbitros jurisdiccionales fuertes, independientes e imparciales, que velen por el estado de derecho”, subrayó Otálora.
En el informe, la magistrada destacó el alto nivel de litigiosidad que observa el TEPJF, ya que a pesar de la celebración de procesos electorales en sólo cuatro entidades, se han presentado 9 mil 375 recursos, número casi igual al año anterior, que contó con 22 procesos.
Esta cantidad de impugnaciones refleja la confianza que tienen los actores políticos en la labor del TEPJF , así como de su compromiso con los principios democráticos que implican recurrir siempre a la vía jurisdiccional para la resolución de conflictos. Por irregularidades cometidas en el manejo de las finanzas de sus sedes estatales, los partidos políticos se perfilan a pagar 367.7 millones de pesos en multas, o sea, 70 por ciento del monto total relacionado con sus informes de ingresos y gastos de 2016.
Los casos más graves son del PRI, en Tamaulipas y Coahuila; del PAN, en Guanajuato; del PRD, en la Ciudad de México y Veracruz; de Morena, en el estado de México, y del PT, en Zacatecas, de acuerdo con los proyectos de resolución que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votará el 22 de noviembre.
Del total de sanciones por 536.5 millones de pesos, 168.7 millones corresponden a sedes nacionales, como informó La Jornada el pasado 12 de noviembre.
Los comités priístas en Tamaulipas y Coahuila destacan, porque son castigados con el pago de 15.7 millones y 11 millones de pesos, respectivamente, superando la multa del Comité Ejecutivo Nacional, que alcanza 2.8 millones de pesos.
Una historia que se repite en varios estados es que no destinan los recursos etiquetados para la promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Por esta razón, se sanciona al PRI de Coahuila con el pago de un millón 688 mil pesos, y al de Tamaulipas por casi 2 millones de pesos.
Otra anomalía detectada en el tricolor zacatecano consiste en que se hicieron descuentos y retenciones de militantes que laboran en diversos órganos autónomos, dependencias, entidades y organismos descentralizados del gobierno encabezado por el PRI, por un importe de 2.3 millones de pesos.
El problema con las aportaciones de los militantes se repitió en otro estado, éste gobernado por el PAN, ya que en Guanajuato suman multas por casi 15 millones de pesos.
La principal causa es porque recibió casi 4 millones de pesos de aportaciones que sobrepasaron el límite permitido por la ley. También recibieron dinero por casi un millón de pesos de militantes de ayuntamientos del estado, el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal.
Los perredistas también tienen problemas en lugares donde gobiernan. En la Ciudad de México alcanza penalizaciones por casi 700 mil pesos por recibir mil 411 aportaciones en efectivo vía retención de nómina.
En Veracruz, el PRD es castigado con el pago de 20 millones de pesos, debido, sobre todo, a que los dirigentes omitieron comprobar gastos por 13 millones de pesos.
De los comités estatales de Morena, el que más multas recibirá es del estado de México, porque no presentó el contrato de prestación de bienes o servicios, las muestras del bien o servicio contratados o los kárdex de entrada y salida del almacén relacionadas con el pago de 18 pólizas por 9 millones de pesos.
También recuperó dinero de un deudor por un millón 760 mil pesos, cifra amparada por facturas que superan el límite legal y que debieron ser pagadas mediante cheque o transferencia bancaria de manera directa al proveedor.
En tanto, el PT del estado de México eludió gastar un millón de pesos en promover la capacitación y promoción de las mujeres militantes.
Además del Comité ejecutivo Nacional del PT, que suma sanciones por 52 millones de pesos, el de Zacatecas presenta más anomalías en el manejo de sus cuentas, que ameritan una multa de casi 6 millones de pesos. La más grave es que no informó gastos en el informe de campaña del proceso electoral 2015-2016.