Elección de Estado en Edomex: equidad imposible

nte un auditorio repleto, en el ayuntamiento de Valle de Chalco, el video muestra al presidente municipal y a José Bernardo García Cisneros, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca en operación electoral. El funcionario, se ve, articulaba las secciones del partido con funcionarios del municipio y maestros de la zona. Explicaba metas, cadenas de mando, enlace con las dependencias estatales y las estructuras magisteriales a fin de canalizar asistencia, entrega de programas sociales y comprar voluntades políticas en la población necesitada. Estamos en la elección para gobernador de 2011 y en la que el partido mexiquense se jugaba no sólo la gubernatura para Eruviel Ávila, sino la antesala de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Así lo manifestó claramente el funcionario. ¿Quién era José Bernardo García Cisneros? Antes de trabajar en la Secretaría del Trabajo en Toluca, fue funcionario electoral, director del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), así como consejero electoral del mismo, cargo al que tuvo que renunciar en 2005 por su involucramiento en el caso de corrupción electoral llamado cartonera plástica. Ante las denuncias de PRD y PAN, los tribunales resuelven que los videos no son pruebas fehacientes, que no se violentó la ley electoral y los agravios fueron infundados. Sectores de la prensa en Toluca los defendieron de las “acusaciones calumniosas”.

El hecho deja ver la compleja red de operación política que comprendía diferentes órdenes de gobierno con las estructuras del PRI. La información incluida en el video permitió apreciar la vieja práctica del clientelismo político, la cual se ha reciclado como recurso electoral del gobierno mexiquense. Este hecho evidenció el uso indebido de los recursos públicos y programas sociales usados de manera indiscriminada también utilizados en las pasadas elecciones de 2017. Así como la complicidad de órgano electoral IEEM y sobre todo de la exoneración de los tribunales electorales. El círculo de la impunidad perfecta, rematada por una prensa obsequiosa. De inicios de 2011 a la fecha, estas nefastas prácticas se han multiplicado, se ha agudizado la regresión electoral que desemboca en una inequidad desvergonzada.

El atascamiento electoral y las regresiones nos llevan a reciclar viejos conceptos que se creían perdidos en el panteón de nuestras anacronicidades. Una de ellas es la elección de Estado como práctica recurrente del viejo PRI bajo el régimen del partido único y de la presidencia imperial.

¿Qué es una elección de Estado? Es un concepto político que, a fuerza de repetirse, se vuelve impreciso y pierde contenidos. Es un concepto que se ha desgastado; heurístico, diría la hermenéutica, incluso con las nuevas prácticas sus contenidos pueden quedarse cortos. En el estado de México cuando hablamos de elección de Estado, nos referimos a la transformación o transfiguración del aparato de gobierno en aparato electoral. En la conversión de las estructuras de gobierno en una poderosa maquinaria electoral perfectamente organizada, coordinada y articulada con el solo fin de favorecer al candidato oficialista. Hay una división territorial y temática precisa. Hay mucho dinero en efectivo, cuya procedencia es dudosa. Dinero en abundancia, que puede venir tanto del erario como del crimen organizado. Asimismo, inconmensurables recursos de los aparatos de gobierno e infraestructura logística de empleados, vehículos, información y equipos. La utilización de los programas sociales en la compra y coacción del voto en las zonas y la población de mayor pobreza es buen ejemplo de cómo todo el aparato interactúa de manera coordinada, contraviniendo el espíritu de la Carta Magna, el 134 constitucional, el Congreso local aprueba el 30 de marzo de 2017 que 63 programas sociales y asistenciales, de un total de 90, es decir, 70 por ciento de los programas, pudieran desplegarse en el estado aún dentro de los 30 días previos a la jornada electoral. Esto propicia la presencia masiva de altos funcionarios federales, incluido el Presidente, en la entrega y promoción del voto en favor de Alfredo del Mazo. El IEEM se hace guaje y actúa con tibieza pasmante y el Consejo General del INE literalmente, como Pilato, se lava las manos. Los tribunales electorales son complacientes y ahí está el resultado. Las personas en condición de pobreza no sólo votan por el candidato del PRI, sino que el grado de participación electoral es muy alto con niveles de asistencia a las urnas que Suiza envidiaría. La zona sur rural de la entidad fue colonizada. Otro dato demoledor es el alto nivel de participación de los beneficiarios de los programas sociales como representantes de casilla durante la jornada electoral. Más de 6 mil representantes para los partidos que apoyaron Alfredo del Mazo. La elección de Estado supone la confluencia no sólo del aparato de gobierno local y federal, sino municipal. También del Congreso, así como de los órganos electorales, incluyendo los tribunales. Supone el apoyo de empresas y empresarios que apoyan con recursos o logística, por ejemplo transporte, bodegas, propaganda, etcétera. La participación de las policías estatales y municipales. La elección de Estado utilizó métodos del crimen organizado como falsos citatorios a la Fepade, amenazas telefónicas, cabezas de cerdo en sedes partidarias y casillas electorales; levantones de activistas de la oposición y la complicidad de muchos medios de comunicación que informaron de manera parcial y sesgada. Todos estos métodos violentos fueron calificados como “terrorismo electoral”. Frente a un esquema de intervención gubernamental tan apabullante no hay equidad posible. O resulta muy cuesta arriba cualquier alternativa electoral. Cada una de las estrategias como la pulverización del voto, candidatos supuestamente independientes, la compra descarada de actores de oposición, entre otros, resultan relevantes ante elecciones cerradas. La elección de Estado es una provocación a la paz social y a la democracia de México. Es una actitud política peligrosa, sobre todo cuando los resultados tienden a ser ajustados, pues puede propiciar tensiones poselectorales que agravan y vulneran la línea de estabilidad social. Algunos analistas veteranos dirán que todo esto ya está visto desde hace 30 años, un déjà vu. Entonces, ¿México no ha avanzado en sus procesos electorales? o ¿tenemos claros signos de regresión a viejas prácticas electorales?

La elección de Estado es una provocación sistémica. No sólo está en juego el poder y la reconfiguración de la representación política en las autoridades. Están en juego, en el estado de México, poderosos intereses económicos y financieros. El grupo Atlacomulco no sólo es un club de privilegiados políticos, es una vasta red, siguiendo las investigaciones de Francisco Cruz, de intereses económicos y corporativos amasados en más de 80 años. El bullying de la sociedad civil a las instituciones, del que se queja el Presidente, se queda corto frente a la violencia que las instituciones ejercen contra los derechos ciudadanos durante las elecciones.

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