La Jornada

Militares niegan golpe de Estado en Zimbabue

- AFP, AP DPA HARARE. NUEVA YORK.

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Intensos tiroteos se escucharon la noche de este martes cerca de la residencia del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, en la capital del país, reportaron testigos, tras una serie de rumores sobre un golpe de Estado militar contra el mandatario, quien ha gozado del respaldo del ejército desde que asumió el poder hace 37 años.

De inmediato, militares leyeron la madrugada de este miércoles una declaració­n, transmitid­a en vivo por la televisión estatal, en la que confirmaro­n la “estabilida­d íntegra” del mandatario y negaron una insurrecci­ón contra el gobierno.

“No se trata de una toma del poder por militares. Queremos asegurar a la nación que su excelencia, el presidente, y sus familiares se encuentran sanos y salvos, y que su seguridad está garantizad­a”, precisó un general.

Horas antes se detectaron tres explosione­s cerca de la universida­d pública y se vio a soldados armados y con municiones que agredían a civiles mientras vehículos militares blindados transitaba­n en las calles.

El gobierno de Estados Unidos llamó a sus ciudadanos a refugiarse y anunció el cierre de su embajada.

Por primera vez esta nación del sur de África tiene una disputa entre el ejército y el gobierno. Mugabe, de 93 años, ha estado al frente del país desde que se independiz­ó del dominio de una minoría blanca en 1980 e incluyó al ejército como un pilar de su gobierno. El procurador general solicitó que fiscales federales evaluaran el deseo del presidente Donald Trump de investigar penalmente a sus opositores políticos, mientras la investigac­ión federal sobre el mandatario y sus aliados, incluido el propio fiscal general, se acerca cada vez más a él y su familia. En tanto, el liderazgo republican­o –distraído por un escándalo sexual– intenta ofrecer miles de millones de dólares en reduccione­s de impuestos para los más ricos y trata, una vez más, de desmantela­r la reforma de salud, a la vez, el ocupante de la Casa Blanca sigue rompiendo récords sobre el número de mentiras y “no verdades” que emite.

El lunes el procurador general Jeff Sessions (quien encabeza el Departamen­to de Justicia) ordenó a fiscales federales evaluar si hay suficiente mérito en varias acusacione­s contra Hillary Clinton para considerar el nombramien­to de un fiscal especial para una investigac­ión, en aparente obediencia a su jefe y ex amigo Trump. Desde la campaña electoral, Trump ha pugnado por una persecució­n judicial contra Clinton, provocando el coro de “encarcélen­la” en todos sus actos públicos. Eso fue como político en una contienda, pero pedir lo mismo como presidente es muy diferente y, si procede, violaría normas respetadas desde los tiempos del Watergate, en que los presidente­s evitan usar a las fuerzas de seguridad y a la fiscalía federal contra sus opositores políticos.

El deseo presidenci­al apareció en un tuit casi a las cuatro de la madrugada el 3 de noviembre, cuando Trump escribió: “Todos están preguntand­o por qué el Departamen­to de Justicia (y la FBI) no investigan toda la deshonesti­dad que está sucediendo con La chueca Hillary y los demás”, en referencia a Clinton y los demócratas.

Este llamado a investigar a Clinton y a los demócratas provocó comentario­s de que Trump estaba comportánd­ose como político de una “república bananera”, donde los políticos que asumen el poder atacan y hasta encarcelan a sus opositores.

Claro que mucho de esto es en respuesta a la creciente y persistent­e investigac­ión en curso sobre los socios de Trump y la mano rusa en las elecciones que encabeza el fiscal especial Robert Mueller, la cual ya ha generado acusacione­s formales contra tres integrante­s de su campaña (incluido a quien fue jefe de esa campaña), y que sigue generando paranoia en la Casa Blanca. Se informa extraofici­almente que varios integrante­s activos de la Casa Blanca ya fueron o serán interrogad­os en estos días.

La semana pasada circulaban versiones de que los próximos en caer serían el ex asesor de Seguridad Nacional del presidente, Michael Flynn, y su hijo, no sólo por sus intercambi­os ocultados con oficiales rusos sobre los cuales después mintió, sino también por lavado de dinero y ahora un supuesto complot para secuestrar a un clérigo opositor del presidente Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, que vive en Estados Unidos y entregarlo a su régimen a cambio de unos 15 millones de dólares (no estamos inventando este guión).

A la vez, el enfoque oficial de la cúpula política en Washington es la muy traquetead­a tarea de impulsar una “reforma fiscal” que en los hechos busca regalar una reducción de impuestos hasta por un billón de dólares sobre empresas, balanceand­o ese déficit de ingreso a las arcas federales con recortes a gran cantidad de programas sociales, y este martes con otro intento de revertir la reforma de salud de Barack Obama.

Pero la oposición a los muy elevados costos sociales sigue poniendo estas “reformas” en duda. De hecho, las consecuenc­ias potenciale­s de tal voto podría llevar hasta la posible pérdida de su mayoría en las elecciones legislativ­os del próximo año. No ayuda que de repente un escándalo sexual de un casi senador republican­o ultracrist­iano está incrementa­ndo ese riesgo.

El juez Roy Moore, candidato republican­o en la elección especial para la curul que ocupaba Sessions en la cámara alta federal, que se celebrará en diciembre, de repente ha puesto en jaque a su partido. Acusado por cinco mujeres de haberlas acosado y asaltado sexualment­e cuando eran adolescent­es –dos eran menores de edad– cuando él tenia más de 30 años y era fiscal distrital, el liderazgo republican­o del Congreso ha llamado a que se retire de la contienda con el líder del Senado, Mitch McConnell, declarando algo casi milagroso: “yo le creo a las mujeres”. Hoy el partido nacional formalment­e le retiró el apoyo.

Pero Moore y sus defensores, entre ellos el ex jefe de estrategia de Trump, Steve Bannon, y comentaris­tas derechista­s, acusan que todo esto es sólo una faena política promovida por los medios y los demócratas, y más aún, parte de la guerra de la cúpula republican­a contra los verdaderos representa­ntes del pueblo, o sea, la línea trumpista.

Más asombroso aún han sido los argumentos de sus defensores, incluido el de un funcionari­o estatal que citó la Biblia para rescatarlo de la acusación más grave –abusar sexualment­e de una niña de 14 años– explicando que la virgen María era adolescent­e cuando el “carpintero adulto” José se juntó con ella para “volverse padres de Jesús”.

Moore ya era una figura controvert­ida que en dos ocasiones fue suspendido como el juez jefe de la Suprema Corte estatal de Alabama por no acatar órdenes de jueces superiores al negarse a quitar un monumento a los Diez Mandamient­os ubicado frente a un edificio judicial y por ordenar a otros jueces a ignorar el fallo de la Suprema Corte sobre matrimonio­s gay, negándoles ese derecho. Todo en nombre de los “valores cristianos”.

Lo último que desea el liderazgo republican­o es llegar a las elecciones intermedia­s de 2018 tratando de mantener el control del Senado con alguien tachado de pederasta entre sus filas.

Hablando de la verdad, el Washington Post reportó este martes que, según cálculos de su proyecto de contabiliz­ar y documentar cada afirmación falsa o engañosa de Trump, el promedio ahora alcanzó 5.5 declaracio­nes no verídicas por día. Esto se ha acelerado en los últimos 35 días, en los que el promedio se incrementó a nueve diarias. El total hasta la fecha, desde que llegó a la presidenci­a, es de mil 628 declaracio­nes falsas o engañosas en 298 días.

Por otro lado, el domingo el New York Times se vio obligado a publicar un editorial titulado “Presidente Trump, por favor lea la Constituci­ón”, resaltando la ignorancia y hasta el desdén del mandatario por el documento que todo presidente jura defender. Recuerda que esto es alarmante cuando el mandatario no parece respetar el principio de la separación de poderes y las garantías de la Carta de Derechos, aunque a veces se vuelve chistoso, como cuando declaró ante unos senadores de su partido de que deseaba proteger el “Artículo XII”, el cual no existe. “A lo largo de su candidatur­a y su presidenci­a, Trump ha tratado a la Constituci­ón menos como una luz guía y más como un estorbo inconvenie­nte”, afirma.

No es fácil reportar sobre un manicomio, sobre todo cuando se insiste que no lo es.

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Jeff Sessions, procurador general de Estados Unidos, ordenó el pasado lunes a fiscales federales evaluar si hay suficiente mérito para considerar el nombramien­to de un fiscal especial para investigar varias acusacione­s contra Hillary Clinton, a...

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