Es un gran logro de la sociedad civil: expertos
Piden modificar deficiencias legales
Especialistas en el tema de desaparición forzada reconocieron la promulgación de la ley en la materia. Ángela Buitrago, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo que “es un avance” que genera nuevas expectativas para atender esta problemática.
“El tema de la desaparición por lo menos ya es una decisión política-legislativa en términos de proteger a las personas contra este flagelo, que es dramático en nuestras sociedades”, dijo en entrevista. Además, subrayó que así se cumple con “obligaciones” internacionales.
Santiago Corcuera, ex integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, mencionó que “es un gran logro” de los familiares de las personas desaparecidas. Resaltó que lo importante es poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
No obstante, refirió que se requiere modificar algunas deficiencias en la ley, como corregir el tipo penal de desaparición cometida por particulares.
Michael Chamberlain, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que acompañó el proceso de aprobación de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares, dijo que “no es la mejor, (pero) fue la mejor posible”.
Señaló como puntos favorables la creación de una figura penal para todo el país a escala federal y local, las herramientas para una mejor investigación y que con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales “se hará un análisis de patrones de victimización por regiones, caracaterísticas de las víctimas”. Resaltó también la formación de un consejo integrado por víctimas y expertos “con la idea de tener un órgano de escrutinio”
Sin embargo, lamentó que no se otorgaron recursos suficientes para implementar los nuevos mecanismos, pues al menos para investigaciones “no dieron nada”.
Los especialistas participaron en el foro ¿Qué sabemos sobre la desaparición en México?, realizado ayer en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México). La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces penales son los adecuados para resolver casos en los que se estime que el Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México incurrió en omisiones en cuanto a proporcionar apoyo económico a los afectados.
Lo anterior, al resolver una contradicción de tesis en relación con la presunta omisión a proporcionar o determinar este tipo de beneficio, y qué tipo de juez federal es competente para conocer de un juicio de amparo en el que se reclamen tales actos.
En ese contexto, para obtener el apoyo económico que ofrece la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a las víctimas de un delito, es requisito indispensable que los beneficiarios hayan sido reconocidos como afectados por “una conducta tipificada como delito” y exista una averiguación previa, una carpeta de investigación o un proceso penal.