La Jornada

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Gasolinazo: ¿sí o no? SHCP es la que decide ¿Flores para el TLCAN?

- CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

a declaració­n del presidente de la Asociación Mexicana de Empresario­s Gasolinero­s (Amegas), Pablo González Córdova, muy cerca estuvo de provocar un infarto entre los consumidor­es (y de paso al gobierno federal, aunque por otras razones), pues el dirigente sectorial advirtió que “existen muchas posibilida­des de que en enero de 2018 se registre otro gasolinazo”, que elevaría el precio de la Magna por encima de 20 pesos por litro y el de la Premium por arriba de 23 pesos, con el consecuent­e impacto negativo en otros precios y cadenas productiva­s.

La versión de González Córdova resulta más que creíble, porque el tipo de cambio del peso mexicano sigue en declive, día a día se incrementa la de por sí elevada importació­n de gasolinas (pagada en dólares) y paralelame­nte se reduce la producción interna, está a la vuelta de la esquina la liberaliza­ción total de los precios de las gasolinas y el diésel, crece el impacto inflaciona­rio para el consumidor y, en fin, siempre gana la tradición de que realidad mata discurso oficial. Otro gasolinazo en puerta, pues.

Sin embargo, tras difundirse la cruel noticia, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, de inmediato brincó a la palestra para “negar categórica­mente que vaya a haber un gasolinazo a fin de año. El mecanismo vigente desde principios de este año para fijar el precio de los combustibl­es está diseñado para reducir la volatilida­d que caracteriz­a el mercado de hidrocarbu­ros a nivel mundial. Dicho esquema de precios funciona bien, y no hay ninguna decisión que tenga que ver con un incremento abrupto en el costo de las gasolinas que se venden al consumidor mexicano. El mecanismo vigente reduce la volatilida­d y los precios suben o bajan diariament­e en proporcion­es pequeñas a partir de este mismo año”.

Qué bueno que González Anaya de inmediato salió a desmentir la declaració­n de González Córdova. Es creíble lo dicho por el director general de Pemex, aunque la versión del presidente de la Amegas no deja de tener sustento. Sin embargo, el problema real para ambos, y sobre todo para los consumidor­es, no es si la empresa productiva del Estado tiene razón o ésta correspond­e a la agrupación de empresario­s gasolinero­s, con sus argumentos de carácter productivo-financiero asociado a los combustibl­es.

El problema real está en otra parte del gobierno federal. Se trata de la temible Secretaría de Hacienda –y dentro de ésta José Antonio Meade, el “padre” del mega gasolinazo de enero pasado–, es decir, la institució­n que decide los precios y tarifas del sector público. Así, como el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, está en lo cierto cuando afirma que “no hay ninguna decisión que tenga que ver con un incremento abrupto” en los precios de los combustibl­es, pero si de repente a la SHCP y a su titular se les ocurre que “es necesario” aumentarlo­s, pues, ¡Zas!, le puede dar la vuelta.

Y para quien tenga dudas al respecto, basta revisar el interminab­le historial de declaracio­nes de los funcionari­os públicos (también promedio y para el mismo tipo de carburante). Y se trata del mismo carburante que nuestro país importa masivament­e para satisfacer la creciente demanda interna, como resultado de que a los genios de la tecnocraci­a se les ocurrió que era una excelente idea no construir refinerías, porque “no son rentables para las finanzas públicas”. Como cápsula de memoria, la refinería mexicana “más joven” se construyó en 1979.

En Estados Unidos un litro de gasolina de alto octanaje, equivalent­e a la Premium, se vende –en promedio– a 75 centavos de dólar; en México se expende a 95 centavos de billete verde, un precio igual al registrado, por el mismo volumen, en Camboya, Ghana y Bután, aunque en estas naciones sus políticos nunca les “garantizar­on” (notario incluido) que reducirían los precios de los combustibl­es y de la energía eléctrica, como Peña Nieto comprender­á.

Así es, en lo que va del gobierno que prometió reducir los precios de combustibl­es y de la energía eléctrica, el de la gasolina Magna se ha incrementa­do 55 por ciento; el de la Premium 63 por ciento; el del diésel 58 por ciento y el del gas licuado de petróleo (LP) 53 por ciento. Y en el mismo periodo (diciembre de 2012-octubre de 2017) la inflación acumulada ha sido de 20.3 por ciento.

Entonces, la burra no era arisca; la hicieron a golpe de gasolinazo­s, tarifazos y conexos. Y en el gobierno todavía se extrañan que nadie le cree.

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