Corte Constitucional pone en riesgo acuerdos de paz en Colombia: FARC
Pretenden llevar ante la justicia sólo a guerrilleros, acusa Márquez
El consejo político del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), del ex grupo guerrillero colombiano, consideró este jueves que un fallo de la Corte Constitucional amenaza los acuerdos de paz alcanzados en 2016.
La fuerza política FARC hizo fuertes reparos al fallo de la Corte Constitucional, que esta semana excluyó de la justicia transicional a los civiles y a agentes del Estado no militares de la obligación de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Las inconformidades de las FARC frente al fallo tienen que ver con varios ajustes realizados por la corte sobre puntos cruciales en la implantación de la JEP, creada en el contexto del proceso de paz de La Habana con la misión de juzgar los delitos cometidos por los actores del conflicto armado que se extendió por más de 50 años en Colombia.
En un comunicado leído por su dirigente Iván Márquez, la FARC expuso: “pedimos respetuosamente a la Corte Constitucional que tenga presente que el acuerdo final se alcanzó con el fin primordial de acabar con el conflicto y la impunidad derivada de la actuación de cualquier actor”.
Los miembros de la FARC consideran que este pronunciamiento no contribuye al esclarecimiento de la verdad, preserva la impunidad y desprecia a las víctimas del conflicto armado. “En sentido estricto quedó como una justicia concebida exclusivamente para las FARC. Se estimuló el régimen de impunidad. Los fueros se extendieron a todos los aforados constitucionalmente. Quedaron liberados los agentes del Estado civiles, ministros, congresistas, fiscales, procuradores y gobernadores”, explicó el ex guerrillero.
Esto constituye una “privilegiada casta de intocables. Y ni qué decir de los terceros, que también exonerados, deben estar felices”, subrayó Márquez.
La FARC llamó a la sociedad civil para que se manifieste en contra de lo que considera una amenaza para la aplicación de los acuerdos alcanzados entre la otrora insurgencia y el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, luego de más de cuatro años de negociaciones con el respaldo de la comunidad internacional.
La puesta en marcha de la JEP, programada dentro de los acuerdos de La Habana en febrero de este año, no se logró porque al Senado le faltó aprobar todos los puntos contenidos en este apartado específico de los acuerdos.
Pero este miércoles, después de 11 horas de debate, el Senado aprobó en una sesión plenaria el articulado de la ley estatutaria de la JEP, con algunas modificaciones. Entre ellas, que los desmovilizados de la antigua guerrilla que aspiren a posesionarse en el Congreso deberán primero presentarse ante el Tribunal de Paz y manifestar su verdadero compromiso con la reparación de las víctimas.