Exige el PSOE que la vicepresidenta de España explique posible injerencia rusa
Hoy, primera audiencia para ver si Bruselas entrega a Madrid al destituido Puigdemont
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitó en el Congreso de los Diputados que comparezca la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que explique en la comisión de secretos oficiales la “posible injerencia de otros países en la crisis política de Cataluña”, en alusión a la supuesta “injerencia rusa”, en favor de los indepedentistas.
Margarita Robles, vocera socialista en el Parlamento, solicitó todos los detalles, informes y documentos que obran en poder del gobierno, del Centro Nacional de Inteligencia y de la policía española que confirmarían la conexión rusa con el conflicto catalán. Políticos y analistas señalan que esa presunta injerencia pretendía desestabilizar al Estado español y al conjunto de la Unión Europea (UE).
La petición para la comparecencia cobró fuerza tras las declaraciones del canciller español, Alfonso Dastis, quien incluso presentó la cuestión en Bruselas para alertar a la UE. “Hay datos sobre cómo el tráfico en las redes posterior al referendo indepdentista pasó particularmente por redes ubicadas en Rusia y en otros países”, aseveró el jefe de la diplomacia.
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Las palabras de Dastis fueron ratificadas por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien en entrevista en la cadena Cope aseguró que esos datos de los que hablaba el ministro obran en poder de su administración, si bien Rajoy matizó que no tienen pruebas de que estas injerencias provinieran o estuvieran promovidas por el gobierno ruso, sino que simplemente provenían de ese país en su mayoría y, en menor medida, de Venezuela.
La respuesta de Rusia fue en clave de advertencia al señalar que estas acusaciones “sin pruebas” afectan las relaciones bilaterales.
En tanto, a unas horas de que la justicia belga celebre la primera audiencia sobre la petición del Estado español para que entregue al ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont –refugiado en Bruselas desde el 28 de octubre–, la fiscalía de Bélgica hizo una serie de requerimientos a los tribunales españoles. Entre ellos pidió conocer las condiciones de las cárceles en España, la situación que tendría Puigdemont en caso de ser encarcelado y otros detalles para adoptar con más rigor su decisión final.
La Audiencia Nacional respondió a la justicia belga que en caso de que entregue a Puigdemont y a los cuatro ex consejeros con los que se encuentra, todos serían enviados a la prisión de Estremera, donde también se encuentran recluidos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y nueve ex consejeros. Además, aseguró que en todo momento mantendría el contacto con su abogado y estaría a salvo de agresiones.
Aclara que el político independentista podría disponer de una celda individual, si la pide, o compartirla con alguno de sus ex colaboradores. La fiscalía belga preguntó por las celdas de aislamiento, la visita de familiares, la higiene e incluso la alimentación. A lo que respondió con detalle el Estado español, al tiempo que señaló que la Constitución “prohíbe la tortura y los malos tratos”, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Además, explicó que el Estado español recibe periódicamente visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y existe una “supervisión constante” del respeto a los derechos humanos en las prisiones por el Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención de la Tortura Nacional.
La primera vista de este proceso se realizará este viernes en Bruselas, como parte de un proceso que podría demorar hasta 90 días.
A un mes de las detenciones y encarcelamiento de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, respectivamente, se concentraron en numerosas plazas de Cataluña miles de personas para exigir su liberación y denunciar que se trata de “presos políticos”. Ambos están acusados de “sedición” por participar en las protestas del pasado 20 de septiembre, cuando a sólo 10 días del referendo de independencia la ciudadanía intentó evitar una serie de diligencias judiciales ejecutadas por la Guardia Civil, en concreto en la Consejería de Economía de la Generalitat.
Los dos líderes independentistas, que no forman parte de ninguna estructura partidista, están recluidos en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real. Y uno de ellos, Jordi Sánchez, anunció desde su celda que formará parte de las listas electorales que presentará el Partido Demócrata de Catalunya, que está conformando el propio Puigdemont desde su refugio en Bruselas.