Desaparecen tarahumaras desplazados por la narcoviolencia en Chihuahua
“No se pueden localizar, ellos no lo desean”: comisionada de pueblos indígenas
El desplazamiento forzado a causa de la violencia en los pueblos de la Tarahumara “va en aumento y es complicado determinar su posible ubicación para ofrecerles ayuda”, afirmó María Teresa Guerrero, comisionada de los pueblos indígenas del estado de Chihuahua.
Precisó que el año pasado cerca de 4 mil 500 pobladores abandonaron sus comunidades a causa de la inseguridad debido a la disputa entre los cárteles de Juárez y Sinaloa por la siembra y trasiego de drogas; aunado a que la mayoría migra a las ciudades o a Estados Unidos.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales aseguran que la cifra de desplazados es mayor porque en muchos poblados ya no hay gente o se quedaron a vivir sólo los adultos mayores, quienes aún siembran sus parcelas.
La funcionaria estatal reconoció que existe desplazamiento, pero no se tienen cifras. “Y creo que el diagnóstico lo está haciendo la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, para nosotros es sumamente difícil, no se pueden localizar, ellos mismos (los migrantes) no lo desean.”
Agregó que este problema se presentó a partir de la década de los 90 y por estadísticas se sabe que la migración era de forma individual, pero a partir de 2013 el desplazamiento comenzó a ser masivo en la entidad.
Éxodo imparable
Recientemente, el párroco de la sierra tarahumara Manuel Granados Ávila dijo que “hay un éxodo imparable de familias hacia las ciudades, donde se está creando un problema mayor porque los asentamientos (a donde llegan a vivir) se han vuelto insuficientes”.
Habitantes de poblados como El Alamillo, cercano al municipio de Madera, ubicado en los límites con Sonora, dijeron que fueron de los últimos en salir. Sólo los mayores se quedan encerrados en sus casas y salen temerosos a sembrar maíz, frijol y otros productos para no morirse de hambre.
Mateo, de 35 años de edad, asentado en la colonia Anapra, una con los mayores índices de marginación en Juárez, refirió que llegó con sus cuatro hijos, su esposa, su suegra y madre. “Afortunadamente mi mujer y yo encontramos trabajo en la maquila, pagan poco, pero alcanza para comer y mis niños pueden ir a la escuela, porque en El Alamillo estaba cerrada”.
Puerto Palomas, ubicado en la región noreste del estado, es otra población fantasma, pues de recibir cientos de indocumentados para cruzar la zona, los grupos fueron desplazados por bandas de narcotraficantes de La Línea y del cártel de Sinaloa que se disputan la plaza.
Raúl Méndez, de Madera, quien también vive en Juárez, mencionó que en los municipios de Madera, Gómez Farías y la región serrana existen muchos “pueblos fantasmas” porque sus habitantes se fueron por la violencia, dejaron muebles y propiedades “todo por miedo.”
Las carreteras, caminos y brechas de poblaciones como Las Varas, Madera, Temósachi, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías hasta Buenaventura son vigiladas por integrantes de grupos criminales, y de vez en cuando por agentes policiacos.
En 2016 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dijo que Chihuahua es uno de los estados con más personas desplazadas por la inseguridad generada por el crimen organizado, con las consecuentes violaciones a los derechos humanos.
Ese año la entidad registró tres eventos de desplazamientos masivos (la movilización simultánea de 10 o más núcleos familiares). Un total 4 mil 747 personas abandonaron su lugar de residencia en el estado.
De 12 mil, quedan 4 mil
En los municipios de Práxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito de Bravo disminuyó el número de habitantes; el segundo contaba con alrededor de 12 mil personas y ahora no tiene más de 4 mil, de acuerdo con las autoridades locales, quienes manifestaron que el éxodo se debió a las disputas entre los cárteles que pelean el control de la región ubicada cerca del río Bravo, el cual les permite cruzar drogas e indocumentados.