Desdeñan a la Constitución como norma rectora para la sustentabilidad hídrica
■ El dictamen a discusión en la ALDF no incluye preceptos previstos en la Carta Magna ■ Deja sin aclarar que la prioridad es satisfacer necesidades, no las actividades económicas
El proyecto de dictamen de la ley de sustentabilidad hídrica de la Ciudad de México –que se pretendía aprobar en comisiones de la Asamblea Legislativa (ALDF) la semana pasada– no incorpora preceptos previstos en la Constitución Política capitalina, que además es ignorada como norma rectora para el diseño de planes y programas en materia de agua y saneamiento.
Si bien reconoce como un derecho humano el “acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, no incorpora su carácter de bien público social, cultural e inembargable, definidos en el texto constitucional y tampoco define la prioridad de su uso para satisfacer necesidades personales y domésticas sobre las actividades económicas.
Al igual que la Constitución, el proyecto señala en su artículo octavo que la prestación del servicio público de agua potable “no podrá ser privatizado”, pero omite señalar que la gestión del líquido además de pública será “sin fines de lucro”.
La Constitución señala que “el servicio público de potabilización, distribución, abasto y drenaje será prestado por el gobierno de la ciudad por medio de un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión”, mientras el proyecto de ley en la ALDF indica que será “un organismo descentralizado de la administración pública”, integrado por una junta de gobierno, un consejo técnico asesor, una dirección general y una contraloría ciudadana.
Plantea entre sus facultades la posibilidad de llevar a cabo ajustes extraordinarios de las tarifas por la prestación de sus servicios con el aval de la junta de gobierno, gestionar la obtención de créditos para el cumplimiento de sus objetivos y suspender o restringir el servicio a los usuarios cuando dejen de pagar dos o más periodos, en cuyo caso, además de abonar las tarifas correspondientes deberá pagar los recargos que se generen y la reinstalación del suministro.
El proyecto de dictamen iba ser sometido a votación el pasado martes en reunión de trabajo de las comisiones unidas de Gestión Integral del Agua, Preservación del Medio Ambiente y Cambio Climático, y de Administración Pública Local, que presiden la diputada del PAN Wendy González, el legislador pevemista Xavier López y el priísta Adrián Rubalcava, respectivamente, pero en el salón donde estaba convocada sólo estuvo presente la diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, por lo que tuvo que ser reprogramada su discusión para el próximo martes.
La norma a discutir dispone además la elaboración del programa de sustentabilidad y gestión de los servicios hídricos, con una planeación a cuando menos 25 años, que defina acciones programáticas anuales y montos de inversión requeridos y cuya aplicación será de carácter obligatorio.