Comisión especial del FCM definirá aspirantes al Congreso
La integran líderes nacionales, estatales y de las corrientes
as balaceras constantes en el camino entre Chenalhó y Chalchihuitán siembran el terror entre la población de Los Altos de Chiapas. Dice don Antonio que desde hace más de 20 años el sonido de las balas llegó para quedarse. Pero la costumbre no quita el miedo. Existe aquí un estado de emergencia, más de mil desplazados por la violencia y cerca de 70 mil afectados por un añejo conflicto limítrofe entre estas comunidades, ocasionado por la ineficiencia de las instituciones del estado y la federación.
El rostro del desplazamiento vuelve a estas tierras en las que hace 20 años ocurrió la masacre de Acteal, cuando fueron asesinados 45 hombres, mujeres y niños de la organización civil Las Abejas. ¿Su delito? Habitar las tierras en las que el Estado sembró el terror paramilitar para combatir a los zapatistas. Hoy son también tzotziles quienes caminan por los veredas y se internan en el monte, mientras los hombres disparan y queman casas y trojes.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha emitido una alerta. Se exige al Estado mexicano atender de manera pronta y expedita una situación que está provocando la violencia generalizada. Y puede ser peor. El Frayba tiene “información precisa de que las acciones implementadas por funcionarios del gobierno de Manuel Velasco Coello han sido ineficaces y han generado mayor situación de riesgo a la población”.
En 1975, explica el Frayba, San Pablo Chalchihuitán obtuvo su reconocimiento y titulación de bienes comunales (RTBC), que se ejecutó en 1980, beneficiando a mil 787 campesinos con 17 mil 948 hectáreas. En la ejecutoria –continúa el reporte del centro de derechos humanos– se entregaron 17 mil 696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino de Chenalhó. La falta de sentencia abona al conflicto, pues desde 2005 existe una demanda de juicio vigente en el tribunal unitario agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez.
Desde el 13 de noviembre grupos de hombres encapuchados interceptan los caminos con armas de alto poder, piden cooperaciones para dar el paso, cortaron la carretera y bloquearon todos los accesos a las comunidades del municipio de Chalchihuitán, quedando incomunicada la población.
Son más de 30 comunidades que no tienen abasto, ni frijol ni maíz. Los negocios van cerrando poco a poco. No hay gasolina y existe la amenaza de cortar la energía eléctrica.
Hoy corresponde al Estado garantizar el diálogo y la solución. ¿Qué tiene que pasar para que se pongan en marcha medidas cautelares, para que se proteja a los refugiados, para que se desarme a los grupos que siembran el terror? El Frente Ciudadano por México (FCM) integró una comisión especial y plural para definir el reparto de candidaturas al Congreso de la Unión, sin que hasta ahora haya alcanzado acuerdos concretos.
Las corrientes perredistas han difundido, en el contexto de este proceso, diversos estudios para tratar de incidir en el reparto de las posiciones, el cual será impactado por la elección de la candidatura presidencial, en caso de que los partidos de la Revoloución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) lleguen a un consenso sobre el método para elegir al abanderado.
El senador panista Roberto Gil Zuarth puso en duda la efectividad electoral del frente, porque carece de programa y de un buen método de selección de sus candidatos. “No tiene tracción”, subrayó el legislador identificado con el grupo calderonista. Aseguró que el proyecto está contaminado por intereses particulares y lo equiparó a una simple mesa redonda donde tratan de acomodar candidaturas y juntar montoncitos de votos, para intentar ser competitivos.
Gil Zuarth, de los llamados senadores rebeldes (grupo que mantiene un enfrentamiento frontal con la dirigencia nacional del blanquiazul), aseguró que le decepcionó profundamente el programa electoral del frente. “Se me caía de las manos”, preciso al referirse a las vaguedades que presenta.
Puso como ejemplo de inconsistencia la propuesta de otorgar una renta básica a las personas mayores de 15 años. El ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón señaló que una medida de esa naturaleza implicaría un gasto equivalente a 18 puntos del producto interno bruto.
Mientras tanto, todo apunta a que la coalición será parcial, debido a la resistencia de los partidos en los estados. Según la perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), el frente se ha consolidado, hasta ahora, sólo en 12 entidades y en otras avanzan acuerdos parciales para el registro de candidaturas comunes.
Integrantes de Alternativa Democrática Nacional, IDN y Nueva Izquierda aseguraron tener avances en la negociación, pero no se ha definido el reparto de candidaturas ni se ha señalado el número de espacios que se otorgarán a la sociedad civil, como prometieron los dirigentes de los partidos, así como lo correspondiente a la cuota de género.
En la negociación se propone que el porcentaje de candidaturas para cada fuerza política se otorgue en función de los distritos ganados en la elección de 2015, y en el caso de los lugares ganados por el Revolucionario Institucional u otros partidos, se considere al instituto político del FCM que quedó en segundo lugar en dichos comicios.
En la comisión participan los presidentes del PAN, el PRD, MC, líderes de corrientes y dirigentes estatales, junto con sus equipos técnicos.
El PAN precisó que las conversaciones sobre las diputaciones y senadurías corren de manera paralela a las que se realizan para definir el método de elección del abanderado a Los Pinos. Hay claridad en que si no se logra un acuerdo sobre este último, el frente podría romperse o quedar en una coalición parcial.
Por otro lado, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalaron por unanimidad el convenio presentado por PAN, PRD y MC para constituir el “Frente Ciudadano por México, al considerar inexacto el alegato del PRI acerca de que el documento se modificó sustancialmente sin la autorización de los órganos competentes”.