La voracidad de desarrolladores podría causar más derrumbes de viviendas en NL
Están coludidos con autoridades municipales y estatales, denuncian vecinos
Silvia Peña Guerra pensó que la construcción de un edificio que la inmobiliaria Paisajes del Huajuco iniciaba en la parte trasera de su casa sería un contratiempo más, pero a medida que pasaba el tiempo fue apareciendo una excavación hasta de 18 metros de profundidad para la edificación de tres sótanos sin estabilidad de taludes, pegados a su propiedad y con el peligro de derrumbe para su vivienda, un riesgo que se extiende por Nuevo León a consecuencia de la corrupción y la voracidad de constructores.
Lleva dos años denunciando el ilegal cambio de uso de suelo de la Calzada del Valle, las irregularidades del expediente, la inacción de Protección Civil y la connivencia de las autoridades del equipo del alcalde panista de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, con los constructores.
La nueva Ley de Desarrollo Urbano del estado promueve la vivienda vertical Hace unos días se desplomaron cuatro casas aledañas a una torre en edificación; hubo dos muertos
El terreno pertenecía a Bernardo Bichara Assad, ex secretario del ayuntamiento, y pasó a manos de otras familias influyentes, como los hermanos Javier y Agustín Lobo Durán y Antonio Marcos Dieck, acusados de despojo de un terreno en Juárez, Nuevo León, junto a Ernesto Canales, actual fiscal anticorrupción del gobernador “independiente” Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, según la carpeta 98/2010-D-2.
Silvia externa su temor y angustia porque su caso, como el de muchos otros vecinos, es idéntico al de las cuatro casas que se desplomaron el miércoles 22 de noviembre, con saldo de dos personas muertas y varios heridos, en la colonia La Antigua de esta capital, donde los constructores Eduardo René González Chapa, Adrián Villarreal Lamas y Adrián Galindo Saldaña –con paradero desconocido–, de la compañía Legosa levantaban una torre de 24 pisos y varios sótanos que alcanzaban 30 metros de profundidad, con permisos irregulares otorgados por la ex alcaldesa panista Margarita Arellanes un mes antes de dejar el cargo.
“Es una mafia, son los mismos: autoridades y constructores. Están de acuerdo y no les importan las personas. Es la corrupción al mil por cien. Construyen edificios ilegales al lado de casas y al límite. Aquí pusieron unas lonas para estabilizar los taludes; esa es una tontera, se va a desmoronar la tierra blanda y va a ocurrir otra desgracia”, dice al señalar que interpuso una denuncia penal que ni siquiera avanza por la impunidad con la que actúan.
Problema generalizado
El Bronco se ha mostrado en favor de promover el crecimiento de la vivienda vertical, es decir, de edificios de departamentos con uso mixto para negocios que plantea la polémica nueva Ley de Desarrollo Urbano, aprobada el pasado viernes: “La idea es que la ley promueva el crecimiento hacia arriba, que tengamos ya no el crecimiento desmedido que tenemos hacia afuera”.
Pero esta ley, que permite aumentar la densidad poblacional con la construcción de edificios verticales en zonas donde antes estaban prohibidos y hasta 250 viviendas en áreas de consolidación, así como “miniciudades”, ha sido rechazada por grupos de la sociedad civil por privilegiar usos mixtos y la alta densidad incluso en montañas, con la discrecionalidad de las autoridades, lo cual prevén que provoque más tragedias como la de La Antigua.
“Hay gran riesgo de más derrumbes en construcciones actuales en el municipio de San Pedro Garza García por la falta de acción de la autoridad municipal que no actúa contra los desarrolladores ni supervisa que se cumpla la ley. Los vecinos están en peligro”, dice Lizeth Vargas, de Salvando San Pedro.
“Hay exceso de construcción de desarrollos y edificios de departamentos, centros comerciales y oficinas; estamos rebasados, no tenemos vialidades ni infraestructura o transporte público. Vivimos una crisis de desarrollo urbano. Están acabando con nuestras montañas con edificaciones en pendientes de más de 45 por ciento, con edificios cada vez más arriba, en lugares donde no están permitidos”.
Las irregularidades urbanísticas se han incrementado por la falta del atlas de riesgo municipal que el alcalde Mauricio Fernández suspendió con la regidora María del Carmen Elosúa González, presidenta de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, responsable del Plan Urbano 2050, que fue rechazado por las juntas de vecinos de San Pedro Garza García.
Fernández y Elosúa realizaron el atlas que ahora “suspenden” porque, según los vecinos, tienen relación familiar con desarrolladores: la segunda es hija del ex diputado y ex regidor panista Antonio Elosúa Muguerza y hermana de Antonio Elosúa González, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).
La relación de intereses entre constructores y autoridades ha propiciado gran número de obras que ponen en peligro a los vecinos, como las dos torres de 20 pisos (87 metros) para 300 departamentos que se edifican en la colonia Fuentes del Valle del mismo municipio, con el rechazo de la sociedad civil.
“Ponen en riesgo la vida de la gente que va a vivir ahí, pero también la de los vecinos que vivimos abajo. Esto se ha convertido en una lucha contra la corrupción y para preservar la vida, para salvarnos de lo que puede ser una gran tragedia a causa del abuso y los excesos”, dice Mabel Morales Treviño, habitante de la colonia.
Comenta que la entrega del expediente les fue negada durante meses por Fernando Garza Treviño, secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano: “Nos decían que era confidencial; lo pedimos por transparencia y nos lo dieron todo tachado, hasta que interpusimos una demanda legal, aunque después de dos años aún no lo tenemos, sólo la respuesta de que nos lo van a dar. Hay gato encerrado y es que la ley dice que no se puede construir arriba de pendientes de 45 por ciento, que son 24 grados. Es ilegal construir ahí”.
Las torres son construidas por el desarrollador Federico Zambrano Salas, también denunciado en otros municipios. Y a pesar de violar la ley, comenzó la obra gracias a un estudio de impacto ambiental autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y por el gobierno de Mauricio Fernández. Los vecinos se muestran inconformes porque Zambrano Salas los ha denunciado de manera individual, según dicen, para “amedrentarlos”.
“El desarrollador ha cambiado el nombre de la constructora varias veces; también del fideicomiso, del banco con eso se esconden. Demandamos a una empresa y cambian a otra. Es una mafia, sin duda. La construcción está suspendida, pero siguen trabajando y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no detiene la obra”, comenta Morales Treviño.
“Lo peor del caso es que pretenden vender esos departamentos a un montón de incautos que van a terminar comprando una propiedad que no nada más es ilegal, pues siempre tendrán el riesgo de que mañana se caiga”.
Urge un procurador urbano
Otra zona identificada de alto riesgo es la colonia La Cima, en San Pedro Garza García, donde el desarrollador Francisco de la Garza Martínez, de la inmobiliaria Vidusa –que ofrece servicios a municipios con su empresa Pavimentos, Conservación y Microsuperficie– está construyendo en 3 mil metros los proyectos habitacionales Las Calendas II, Las Velas y Las Alheñas en Valle Poniente, en el municipio de Santa Catarina.
Teresa Moreno, cuya vivienda se encuentra en riesgo de deslave debido a un proyecto levantado sobre una cañada, explica que se desmontó un predio forestal al que cambiaron el uso de suelo sin considerar la manifestación del impacto ambiental emitida por la Semarnat ni el plan hidrológico.
“Fuimos y nos quejamos al departamento municipal de ecología y nos dieron carpetazo. Es una mafia, están coludidos los constructores y las autoridades. Todos ganan. Todos son socios del mismo negocito. El alcalde Mauricio Fernández quitó el atlas de riesgo porque sus terrenos están allá arriba en la montaña y quiere seguir construyendo”.
El consejero jurídico de la Comisión Mixta de Colonias de San Pedro, Norberto de la Rosa, ha exigido la revisión de todos los permisos otorgados –antes y después de que el alcalde Mauricio Fernández suspendiera el atlas de riesgo– para minimizar el peligro de los edificios multifamiliares en cerros y montañas.
“Es la ambición de desarrolladores y la complacencia o lenidad de las autoridades municipales permitir que se hagan estas obras sin respetar las normas técnicas de ingeniería para evitar este tipo de tragedias”.
Mencionó el megadesarrollo Jardín Secreto, de 305 unidades habitacionales y locales comerciales: “Las autoridades estatal y municipal han sido refractarias a las denuncias de los vecinos. Se está violando la ley de desarrollo urbano que autoriza 150 viviendas por hectárea”.
Y concluye: “La corrupción es un factor muy importante, no solamente por dinero, sino por la lenidad de no cumplir con la obligación debida de vigilar y supervisar por parte de la autoridad, que también es corrupción”.
El alcalde Mauricio Fernández suspendió el atlas de riesgo municipal