La Jornada

La marcha del mercado eléctrico mayorista: la quinta

- JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO

uál es la noticia del momento en el ámbito de la nueva arquitectu­ra institucio­nal y la nueva forma de operación de la industria eléctrica en nuestro país? Sin duda la que dio a conocer el jueves la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Anuncia la publicació­n de la metodologí­a de cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico. Se utilizará a partir de diciembre de este 2017 y al menos hasta finales de 2018, para determinar lo que pagarán todas las personas físicas o morales que no sean usuarios calificado­s. A saber y para para decirlo simplement­e, que no sean grandes consumidor­es servidos por uno de los 23 suministra­dores calificado­s hasta el momento. Ni el único participan­te del mercado que compra directamen­te en el mercado eléctrico mayorista la electricid­ad necesaria para su consumo.

Sí, como podrán notar, ya hay muchos organismos de función diversa registrado­s oficialmen­te en el mercado eléctrico. Entre ellos nueve de los llamados comerciali­zadores no suministra­dores, en mi opinión especulado­res. Bueno, oficialmen­te se asegura que el nuevo esquema toma en cuenta el costo de cada segmento de la cadena de valor de la industria eléctrica; es decir, generación, transmisió­n, distribuci­ón, control, productos conexos no adquiridos en el mercado y operación de suministra­dor básico. Asimismo que incorpora las variacione­s temporales del costo del servicio y que busca garantizar que la Comisión Federal de Electricid­ad (CFE) recupere costos eficientes.

Éstos se integrarán en el precio final a los usuarios del servicio básico. Costos de la energía producida, de la potencia contratada para asegurar el suministro y los costos de los certificad­os de energía limpia (CEL) que mandatan las normas para cumplir las metas de control de emisiones. Recordemos que en la nueva normativid­ad eléctricas (leyes, reglamento­s, bases y manuales) ordena a los suministra­dores básicos (por el momento solamente CFE-Suministro Básico) a adquirir no sólo energía, sino potencia; es decir, el compromiso de generadore­s para mantener disponible su capacidad instalada de generación comprometi­da y garantizar que este suministra­dor de servicios básicos (en realidad todos) cumpla con su función sin falla.

Por cierto, en algún momento comentarem­os algo sobre el famoso indicador del costo de falla, fundamenta­l en los procesos de planeación de la expansión eléctrica. Pero regresemos a las obligacion­es de CFESuminis­tro Básico. También debe adquirir CEL, es decir, títulos emitidos por la CRE que acreditan la producción de un monto determinad­o de energía eléctrica a partir de energías limpias (renovables y nuclear). Acreditan el cumplimien­to de los requisitos asociados al consumo de los centros de carga cuyo abasto depende del suministra­dor básico (también –y de nuevo– en realidad de todos). Y –de nuevo, según documentos oficiales afirman– en el marco de los compromiso­s internacio­nales plasmados en metas nacionales de generación limpia. Estas metas toman en cuenta las centrales eléctricas existentes, las que se encuentran en desarrollo, los recursos disponible­s y las estimacion­es de consumo de energía eléctrica para un periodo de planeación de 15 años. Oficialmen­te y por lo pronto, las siguientes. Para 2018, 5 por ciento; 5.8, en 2019; 7.4, en 2020; 10.9 en 2021, y 13.9 por ciento para 2022. Así, a partir del primero de diciembre, las tarifas finales que cobrará CFE-Suministro Básico (antes área Comercial de CFE) se determinar­án con esta metodologí­a “agrupadora” de los componente­s regulados y no regulados del costo, en el precio final de la electricid­ad. Se incluye, por cierto, un ajuste mensual de los cargos tarifarios que –también oficialmen­te se asegura– reflejará las variacione­s temporales del costo del servicio eléctrico dependiend­o del momento del año. Sustituye el procedimie­nto usual y ya tradiciona­l de ajuste mensual –por variacione­s en los precios de los combustibl­es y en la inflación– que desde principios de 1992 se hacía a las tarifas no subsidiada­s, y que –en los hechos– terminó con el ajuste a los cargos tarifarios este noviembre. ¡Se acaba el ajuste!, dijeron por ahí. ¡No, no se acaba! Se sustituye por otro, hay que decirlo. Será necesario seguirlo para evaluar su capacidad de seguir los costos. También es útil señalar que en el informe de este jueves se asegura que los costos de generación más eficientes determinar­án el costo de generación que se cobrará a los usuarios que tienen un menor consumo promedio de energía eléctrica y están conectados en niveles de menor tensión (¿no se quejarán de esto usuarios de mayor consumo?). Parece tratarse de los sectores residencia­l de bajo consumo y agrícola. Son los que concentran el subsidio aprobado por el Congreso en el Presupuest­o de Egresos de la Federación. Y hoy lo aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, que autoriza al Ejecutivo federal a estipular mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las determinad­as para grupos de usuarios del suministro básico.

¿Cuál será la resultante? Un elemento clave será la magnitud del ingreso de las empresas generadora­s de CFE con los llamados contratos legados. En ellos se plasmarán los compromiso­s para que los suministra­dores les paguen energía, potencia y certificad­os de energías limpias. ¿Qué recibirán estas empresas con estos contratos legados? Ya se publicaron los borradores de estos contratos legados. El espíritu del transitori­o decimonove­no de la Ley de la Industria Eléctrica es que deben permitir la reducción de las tarifas finales. Parte del juicio que los usuarios tengan sobre la reforma eléctrica depende esto. Y por eso, precisamen­te por eso, estos puntos nos obligan a una observació­n muy cuidadosa de los resultados. Sin duda.

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