Final de ciclos políticos
o deben pasar inadvertidas las declaraciones del todavía gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. En una entrevista (El Financiero, 21/11/2017) insistió en la necesidad de “generar conciencia social para fortalecer la seguridad jurídica, el estado de derecho y rechazar la corrupción”.
Sentenció que “tenemos que manifestar nuestro hartazgo por esa parte fundamental para la convivencia humana y que sí está erosionando los pilares del país”.
Dos días después, en su última conferencia de prensa como gobernador del Banco Central –posición que deja a finales de este mes (reseñada en La Jornada 23/11/2017)–, Carstens apuntó que hay una “gran premura de mejorar la situación de la gran mayoría de la población”, pero advirtió que “no conviene buscar respuestas fáciles, sino de fondo” y remató: “Hay que hacer las cosas bien, de manera sostenible”.
Tales declaraciones no deben pasar inadvertidas. Vienen de un funcionario con larga carrera administrativa y política que incluyó también la Secretaría de Hacienda. Ocurren a las puertas de las elecciones presidenciales. No queda claro si expresan una convicción profunda, una admisión de culpa o una frustración vital luego de tan extensa participación en asuntos públicos.
Conciencia social existe y mucha. Esa, nadie desde el gobierno puede regatearla. Otra cosa es la capacidad efectiva para enfrentar la inseguridad jurídica y física, imponer el estado de derecho y rechazar la corrupción. Carstens lo sabe bien. No es únicamente cuestión de voluntades.
El relevo en el Banco de México pone de manifiesto varias cuestiones que tienen que ver con la manera en que funciona la sociedad capitalista en general y, en particular, la política en el país.
Los bancos centrales son entidades que han adoptado un carácter entre secreto y misterioso. Son instituciones estrechamente ligadas a la operación de los estados y los gobiernos, pero que mantienen un estatuto de independencia.
Una definición de la independencia dice que consiste en libertad de acción para definir la política monetaria, y la toma de decisiones por parte de su directorio, que está protegida o “aislada” de presiones de origen político, particularmente del gobierno.
La formalidad de tal ordenamiento mantiene la condición fetichista del dinero como instrumento económico y social, y de las entrañas mismas de la fiscalidad (impuestos y definición y asignación de los gastos del gobierno).
La solemnidad que envuelve a los bancos centrales, desde sus edificios, el comportamiento hiperconservador de los servidores y la aureola de ser los guardianes de la estabilidad macroeconómica contribuyen a tal condición.
La independencia de los bancos centrales está condicionada a los poderes Ejecutivo y Legislativo que nombran a los funcionarios. Un caso actual es el de los cambios propiciados por el gobierno de Trump en la Reserva Federal; la salida anticipada de Stanley Fischer, la negativa a un segundo periodo como presidente de Janet Yellen y el nombramiento de Jerome Powell como jefe, más a modo.
Los bancos centrales no son los fieles guardianes de la estabilidad y, menos aun, del valor del dinero y del patrimonio de familias y empresas. Están en el centro de las crisis económicas, en unas ocasiones arrastrados por las condiciones políticas y otras por sus acciones, políticas igualmente.
El ex gobernador del Banco de Inglaterra, entidad que se conoce con el nombre de “la vieja señora de Threadneedle Street”, escribió recientemente el importante libro El fin de la alquimia: dinero, banca y el futuro de la economía global, en el cual expone el carácter del dinero y la política monetaria.
Las condiciones en que operan los bancos centrales están expuestas en dos libros que valen la pena. Uno se refiere a la esencia del dinero expuesta por King, se titula Los alquimistas, de Neil Irwin, y, el otro, Los señores de las finanzas de Liaquat Ahamed. No hay cabida para ninguna pretensión de pureza en esas instituciones.
Aun así, dicha pretensión existe. En México la autonomía del banco central está consignada en el artículo 28 de la Constitución, que dice: “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”.
Aquí se imponen condiciones muy claras que pueden esquivarse mediante diversos mecanismos y tecnicismos. Pero, además, se violentan cada vez que la inflación supera el margen fijado como criterio de estabilidad del valor de la moneda. Las condiciones económicas y su gestión monetaria y fiscal violan en repetidas ocasiones la ley fundamental. Acaba en una forma de impunidad.
El banco central está siendo sometido a una costumbre política en el país, que ya deberíamos ser capaces de superar. La feria de actos, declaraciones, especulaciones y otras manifestaciones costumbristas que enmarcan los procesos de sucesión de los cargos públicos, como ocurre con las elecciones y que incluyen al Banco de México. La fortaleza institucional a la que se refirió Carstens es un objetivo todavía muy lejano.