El asesinato de un
n pleno velorio de Silvestre de la Toba, su primo le gritó visiblemente ofenido a los periodistas que entrevistaban al mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis: “Llévenselo, llévenselo donde no esté la familia, donde no haya dolor. Entrevístenlo en la calle, donde debe estar el gobernador”. El finado Silvestre era el ombudsman de la entidad y fue asesinado por gatilleros junto a su hijo el pasado 20 de noviembre.
Indignado, el primo del difunto increpó en voz alta al mandatario estatal y a los reporteros: “Ustedes todos están chayoteados, por eso están aquí, por eso lo están entrevistando, por eso le están haciendo alarde, le están haciendo fiesta”. Y remató: “Yo le creí, señor gobernador. Yo le creí que usted tenía la forma de resolver este problema, pero no lo está haciendo”.
Silvestre de la Toba y su hijo Fernando fueron ejecutados a balazos por un grupo armado que disparó contra el vehículo en el que viajaban con el resto de su familia. Sin hacerlo público, el ombusdman había informado a unas cuantas autoridades locales el papel que juegan en la entidad los centros de atención de adictos como parte de la infraestructura del crimen organizado.
Hasta ahora han sido asesinados multitud de líderes sociales, activistas de derechos humanos, periodistas, mujeres y ciudadanos da a pie, pero Silvestre es el primer ombudsman ultimado en el país. Otros han sido amenazados en diversos estados. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, nombró a algunos: el de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno; de Tamaulipas, José Martín García, y la de Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez.
Sin embargo, la lista, como lo documentó La Jornada del pasado 26 de noviembre, es mucho más larga (https://goo.gl/VeqZTf). También han sido agredidos o intimidados ombudsman o visitadores en Oaxaca, Baja California, Sonora, Chihuahua, Quintana Roo, Zacatecas y Jalisco. Es decir, la embestida en su contra se ha realizado en más de la tercera parte de las entidades del país. A algunos les han secuestrado hijos, a otros les han enviado a sus oficinas vísceras humanas o coronas fúnebres y a varios más se les ha amenazado de muerte directamente.
El gobierno no parece hacer mucho para defender a los integrantes de las comisiones estatales de derechos humanos (CEDH) víctimas de agresión y amenazas. Colocados entre el fuego y la pared, comprensiblemente preocupados por no abrir flancos de confrontación adicionales a los que en ocasiones tienen con los gobiernos locales, algunos ombusdman en los estados han sido cautelosos y diplomáticos al señalar la indefensión en la que se encuentran. No quieren ser mártires.
Otros, en cambio, hablan más abiertamente de las agresiones en su contra. Raúl Arturo Ramírez, presidente de la CEDH en Sonora, señaló que el único apoyo que ha tenido es el del ombudsman nacional y el de la federación de ombudsman. “Seguimos –dijo– estando desprotegidos, vulnerables”. Arturo Peimbert, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, al que unos sicarios obligaron a ponerse de rodillas mientras colocaban un arma de fuego en su rostro para que abandonara el caso Nochixtlán, advirtió que el fiscal Rubén Vasconcelos “ha mostrado un claro desinterés por atender y resolver los delitos que se han cometido contra defensores en el estado”.
El mismo ombusdman nacional, González Pérez, denunció la gran indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender las agresiones y crímenes contra personas defensoras de derechos humanos. “Cuando se agrede o desaparece a un defensor –dijo–, se atenta contra la dignidad colectiva”.
La ejecución del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur manda un mensaje terrible al país: si un defensor del pueblo designado por el Estado es asesinado sin que suceda nada, ¿qué puede esperar el común de los mortales? ¿Quién ayudará a los ciudadanos si quienes deben protegerlos está amenazado?
Los asesinatos de líderes sociales, periodistas, activistas por los derechos humanos y ahora ombudsman se han producido a pesar de alertas, medidas cautelares y recomendaciones. En México se puede vejar, torturar, desaparecer y asesinar a mujeres, luchadores sociales, defensores de derechos humanos y profesionales de la prensa sin que nada suceda.
De vez en vez, cuando se producen homicidios que sacuden a la opinión pública, como el del periodista Javier Valdez, las más altas autoridades del país montan shows para anunciar su decisión de hacer justicia y anunciar que esa muerte no quedará impune. Puras palabras y gestos para la gradería. Las cosas siguen igual. El Estado mexicano no hace apenas nada para evitar que estas ejecuciones sucedan. Hay una omisión criminal de su parte. No ha generado mecanismos efectivos para frenar o revertir estas agresiones. La impunidad es la regla del juego. Lejos de ser hechos aislados, la negligencia gubernamental y la falta de castigo a los culpables son parte de un patrón de conducta.
El asesinato de Silvestre de la Toba y la agresión y amenazas a los ombudsman son el último eslabón de la grave crisis de derechos humanos en el país. La vulnerabilidad y la intimidación que sufren estos defensores son un indicador inequívoco de la profundidad de esta situación.
El que entidades gubernamentales como la CEDH, que son parte de la estructura del Estado, y el que los ombusdman, que tienen como función la garantizar el respeto de los derechos de los individuos ante el Estado, sean embestidos impunemente, muestra el contubernio existente entre el crimen organizado y numerosos e importantes funcionarios públicos. ¿Por qué si no, funcionarios que defienden a los ciudadanos frente al Estado (en muchas ocasiones tímidamente) son agredidos? Si alguien duda que México es cada vez más un narcoestado no tiene más que asomarse a esta realidad.
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