Armada de Argentina descarta que haya habido un ataque al submarino
No hay rastro del y se dificultan tareas de búsqueda
A 12 días de la desaparición del submarino ARA San Juan en el Atlántico sur, el vocero de la Armada de Argentina, Enrique Balbi, informó que no ha sido localizado y que se dificultan las maniobras de búsqueda por las condiciones meteorológicas en el área de rastrillaje para hacer descender al minisubmarino, que alcanza hasta 600 metros de profundidad, y no descartó que la situación de los 44 tripulantes sea de “supervivencia extrema”, por lo que podrían seguir con vida.
En tanto, especialistas mencionaron que la reserva de oxígeno dentro del submarino sería el factor más crítico, porque la falta de alimentos podría superarse si hubieran sobrevivido. Algunos familiares de los tripulantes comenzaron un ayuno para pedir por su regreso con vida, mientras para otros ya no habría esperanza.
Balbi reiteró que no existe información de un ataque contra el sumergible, algo que circula por las redes sociales, y que en general apunta a una supuesta acción de las fuerzas armadas británicas que están en la base militar instalada en las Islas Malvinas.
La actual flexibilización de las relaciones entre el gobierno del presidente Mauricio Macri y Gran Bretaña permite que los ocupantes coloniales del Archipiélago de las Malvinas hayan marcado una zona de exclusión en plataforma marítima que corresponde a Argentina.
Esto crea contradicciones en las propias fuerzas armadas, que en 1982, durante la dictadura militar, intentaron recuperar las islas, lo que provocó la llamada Guerra del Atlántico Sur, que culminó con la derrota argentina a manos de la poderosa flota británica, apoyada por Estados Unidos.
Hasta ahora, algunos medios que intentan utilizar la tragedia del ARA San Juan, poniendo el acento sobre si fue correcta la reparación de media vida que se realizó al submarino durante unos siete años (2008-2015), no han logrado comprobar que no se hayan extremado las medidas de seguridad y de esto tiene documentación la propia Armada y también las empresas alemanas constructoras del sumergible.
Pero las preguntas giran alrededor de qué clase de misión cumplía el ARA San Juan, qué hizo coincidir su presencia en esa zona cuando se habían realizado no sólo maniobras militares de Estados Unidos y Chile recientemente en el Pacífico sur, sino también en la Amazonia brasileña, para lo cual se sabe que se desplazó la Cuarta Flota estadunidense, que en este caso, terminada su misión, se habría dirigido al extremo sur.
Hay demasiadas coincidencias, sobre todo, con el viraje que realizaron las fuerzas armadas de Argentina y Brasil en los gobiernos actuales de ambos países; el primero, instalado por elecciones bajo injerencia externa en diciembre de 2015, y el segundo por un golpe mediático-judicial y parlamentario a mediados de 2016. Ambos eran clave en el desarrollo de un nuevo proceso cuando se trabajaba en la conformación de un Consejo de Defensa Latinoamericano planteado en el contexto de la integración regional independiente del mandato de Estados Unidos, que ahora, en menos de dos años ha regresado con mayor poder a esta región.
Además, en la circunstancia actual, organismos de lucha por la soberanía denuncian un largo trabajo de ocupación de la Patagonia por potencias donde destacan Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, región que tiene una superficie de casi 800 mil kilómetros cuadrados, que representan un tercio del territorio nacional, y lo habita sólo 4.5 por ciento de la población argentina. Es la región con menor densidad de habitantes de todo el país.
A partir de 2016 comenzó una militarización de esa región negociando oficialmente la instalación de bases militares, una o dos en Tierra del Fuego, y el interés específico en la Antártida argentina, en un plan geoestratégico de grandes alcances para Washington.
La trágica desaparición del submarino permitió conocer la presencia de naves y aviones de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos (NASA) en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde además en 1995 se firmó un acuerdo para instalar en Tolhuin una base con la finalidad de vigilar explosiones nucleares, que no se puso en práctica por la oposición de diversos organismos en el país, pero que ahora tiene vía libre.