Solicita el Frayba intervención de la CIDH para evitar conflicto territorial en Chiapas
Insta a desarmar a diversos grupos que operan con ‘‘permisividad’’ del gobierno estatal
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ‘‘se implementen de manera urgente las medidas cautelares necesarias y pertinentes a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó’’, ante el conflicto de límites entre ambos municipios.
El Frayba pidió además la intervención de los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, y sobre los Derechos Humanos de los Desplazamientos Internos, Chaloka Beyani. Sostuvo que más de 5 mil personas fueron desplazadas de Chalchihuitán y más de 300 de Chenalhó.
En un comunicado, firmado también por otras organizaciones, el Frayba solicitó al Estado mexicano ‘‘atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada, vulnerando a familias y comunidades enteras de ambos municipios, ocasionando violaciones graves a los derechos humanos’’.
El conflicto entre Chalchihuitán y Chenalhó, municipios de la región de los Altos de Chiapas, se originó en 1973, cuando al ejecutar una resolución presidencial, la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria no respetó los límites naturales e históricos marcados por el río Mashilhó. A la fecha se disputan más de 900 hectáreas, según fuentes gubernamentales.
El diferendo se agravó el 18 de octubre pasado por el asesinato de Samuel Pérez Luna, originario de la comunidad Canalumtic, Chalchihuitán.
La organización pidió a las autoridades que se apliquen los principios rectores de la ONU sobre desplazamientos internos ‘‘para proteger a cientos de familias que han huido de la violencia generalizada y a las familias afectadas que están viviendo una situación de terror por acciones armadas en la región, lo que podría incrementar el número de desplazamientos forzados’’.
De igual manera, demandó que se garanticen el libre tránsito y la paz en los municipios citados, se dé prioridad al diálogo, ‘‘se investigue el asesinato de Pérez Luna y se desarme a los grupos que actúan de manera impune, con la permisividad del gobierno de Chiapas’’.