Familiares de Jorge Cortés piden que la PGR atraiga el caso de su asesinato
Su tío teme que se trate de una venganza por su activismo
El proyecto de dictamen de ley de seguridad interior –que será avalado en el pleno de la Comisión de Gobernación el próximo jueves– permitiría al Ejecutivo federal declarar la protección a ésta, y se autoriza a las autoridades federales, incluyendo a las fuerzas armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, “implementar sin necesidad de declaratoria política, programas y acciones para identificar y prevenir riesgos.
El documento elaborado en la Comisión de Gobernación contiene un apartado referente a las movilizaciones de protesta social o las que tengan algún motivo político electoral –mientras se realicen pacíficamente–, bajo ninguna circunstancia serán consideradas amenazas a la seguridad interior.
Tras meses de trabajo, el proyecto es producto de las iniciativas del coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, y su compañera Martha Sofía Tamayo; del panista Jorge Ramos y del senador de ese partido Roberto Gil; Manuel de Jesús Espino Barrientos (legislador independiente), Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, y del senador Miguel Barbosa Huerta.
La aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, con la participación de dependencias, entidades de la administración pública federal, fuerzas federales y, en su caso, fuerzas armadas. Activistas y familiares de Jorge Cortés Carmona, quien fue hallado sin vida en una fosa clandestina en Cuajinicuilapa, Guerrero, pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso por tratarse de desaparición forzada y denunciaron omisiones por parte de la fiscalía del estado.
El pasado 29 de octubre, Cortés Carmona, quien estudiaba veterinaria en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), desapareció en el centro de dicha localidad. Nueve días después la fiscalía regional notificó a su familia el hallazgo de su cuerpo en una fosa.
Ayer, la presidenta de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López, denunció que la fiscalía estatal no ha presentado avances en la investigación e incluso ya incumplió un emplazamiento de 72 horas emitido el 9 de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que dio al gobierno mexicano 72 horas para que informe de los detalles de la investigación sobre el caso.
Junto a Magdalena López, Efrén Cortés Chávez, tío de Jorge y sobreviviente de la masacre de la comunidad de El Charco, en 1998, acusó que su sobrino pudo ser asesinado por sus vínculos con él y en represalia por sus acciones como luchador social.
Al momento en que la familia identificó el cuerpo, observaron que mostraba signos de tortura y golpes en la cabeza que le provocaron la muerte, por lo que considera que hubo una clara intención de quitarle la vida. “No hay nada (de resultados de la investigación), porque no se ha consignado a nadie, lo que sospechamos es que puede ser un móvil político”.