Narcopolítica en Chiapas, bomba de tiempo que incrementa el riesgo de otra masacre

Zonas sitiadas y casi 6 mil desplazados por el acoso de paramilitares de PRI y PVEM

Hace tres semanas, el presbítero de Simojovel, Marcelo Pérez, empezó a recorrer el escarpado trayecto de al menos cuatro horas, que va desde su parroquia hacia las comunidades limítrofes entre Chenalhó y Chalchihuitán, en los Altos de Chiapas, para constatar lo que los habitantes de esos parajes denunciaban: ataques de grupos paramilitares del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del oficialista Verde Ecologista de México (PVEM); caminos bloqueados poblaciones sitiadas; casi 6 mil desplazados en condiciones extremas de desprotección; tiroteos todas las noches, y decenas de casas quemadas por los agresores.

Ha regresado varias veces: “Y todo es cierto. Cuando vi a los niños durmiendo bajo los árboles, sin nada qué comer, enfermos muchos de ellos, no me la creía. No pensé nunca que iba a volver a ver tanto sufrimiento, tanta enfermedad”, comenta en entrevista telefónica. El martes pasado regresó y estuvo en varios parajes de Chalchihuitán recogiendo testimonios de más de 5 mil desplazados. El miércoles en Chenalhó, donde son casi mil los que están en el monte.

“Niños y mujeres están sufriendo mucho. Se repite lo que pasó hace 20 años” Denuncian la ausencia de autoridades que pongan fin a la disputa histórica de tierras

Este es el censo que levantó: en el municipio de Chalchihuitán hay 5 mil 35 desplazados; de Majompepentic más de 800; de la llamada Fracción Polhó (una escisión no zapatista de lo que fueron los campamentos de desplazados de bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por las masacres de hace 20 años asentadas en Polhó) hay 150 habitantes, entre ellos seis mujeres embarazadas; de Las Limas están en la montaña, lejos de los pueblos, 205 familias, más de 900 habitantes, con 15 mujeres embarazadas. Además, dejaron sus casas cuatro familias de Campo Los Toros, 30 habitantes de Vayem Vacax, cuatro familias de Yabteclum.

Del otro lado de la línea divisoria, ya municipio de Chenalhó, apenas el miércoles por la noche se terminó un censo de más de 960 personas desplazadas.

“Los niños y las mujeres están sufriendo mucho frío, hambre y enfermedad. Es una repetición de lo que pasó en estos mismos lugares hace 20 años, días antes de la masacre de Acteal. Ya nos advirtió la historia qué es lo que puede ocurrir aquí”, advierte en entrevista telefónica. “La masacre puede repetirse”.

Una advertencia que no hace mella en el gobierno

En 1997 una docena de comunidades de Chenalhó fueron abandonadas por sus pobladores desde el mes de septiembre por los ataques de grupos priístas que, en el contexto de la guerra contrainsurgente contra el zapatismo, agredían a quienes suponían bases zapatistas. En el gélido invierno de Los Altos, con las cosechas abandonadas en el campo, eran ya miles los desplazados que vivían en el monte, enfermos y desprovistos de todo. Fue la alerta de lo que sucedería el 22 de diciembre. No se hizo caso.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas también han alertado: los hechos de Acteal pueden volver a suceder. La advertencia no ha hecho mella en las autoridades.

El director del Frayba, como se conoce a esta organización no gubernamental fundada por el obispo Samuel Ruiz, sostiene que los grupos paramilitares que están actuando hoy “son los mismos que cometieron la masacre los días 22 y 23 de diciembre de 1997. Es la violencia cíclica que genera la impunidad”.

El padre Marcelo coincide al señalar: “Los desplazados los señalan, los han reconocido. Muchos de los agresores de hoy, con armas de grueso calibre como hace 20 años, son los mismos de Acteal. Es cierto que otros no; hay también una nueva generación de paramilitares”. Pero hay un agravante hoy día, añade: “la narcopolítica y el tráfico de armas, que en Chenalhó es intenso y transcurre bajo la mirada cómplice de las autoridades”.

En 1997 y 1998, después de la masacre de Acteal y la ola de represión, militarización y desplazamientos que hubo, más de 30 paramilitares fueron detenidos. Se les inició proceso. El entonces gobernador chiapaneco Roberto Albores contrató abogados para defenderlos. Confesos varios de ellos, en 2007 fueron condenados a 26 años de prisión. Pero entre 2009 y 2011, defendidos por un equipo de litigantes particulares, todos fueron liberados por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que alegó “errores en el debido proceso”. Varios de los presuntos asesinos regresaron a Chenalhó, a convivir con sus víctimas y sobrevivientes.

Ese 26 de diciembre de 1997, en Acteal fueron ejecutados por la espalda 15 niños, 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas y nueve hombres. Cerca de 30 personas resultaron heridas. Todos estaban ayunando y orando. Estaban desarmados.

Por el terror, casi una tercera parte de los habitantes del municipio huyeron de sus casas y se desplazaron en campamentos organizados o simplemente a la intemperie, en pleno invierno.

Hoy las escenas de hace 20 años se repiten en los mismos parajes. Hay comunidades, como la de Polhó y otras, que repiten el éxodo al que fueron forzados en 1997 y 1998. Y en las mismas condiciones de precariedad.

“Las autoridades del estado reaccionaron tardíamente con el envío de ayuda humanitaria. Por el momento solamente las parroquias de la diócesis y la sociedad civil estamos movilizando hacia los campamentos alimentos, medicina y cobijas. Y es muy complicado”, explica el padre Marcelo.

Impunidad, violencia cíclica

Pedro Faro, director del Frayba denunció a este medio que el gobierno estatal ha demostrado una incapacidad total para resolver el conflicto. “Entre otras cosas, Rosa Pérez, presidenta municipal de Chenalhó, protegida del gobernador e impuesta mediante fraude, se comprometió frente a representantes del gobierno del estado a ordenar que se levante el bloqueo de las tres carreteras que mantienen sitiadas a las comunidades de Chalchihuitán y a permitir que se reinstale la Base de Operaciones Mixtas que se retiró en cuanto empezaron las agresiones. No cumplió”.

El viejo conflicto entre los pobladores de Chalchihuitán y Chenalhó se reavivó tras el asesinato, impune todavía, del tsotsil Samuel Pérez Luna, el 18 de octubre, en un ataque paramilitar. Explica Pedro Faro: “No fue el primer caso. Hay omisión de las autoridades de resolver el conflicto limítrofe que data de 1979, en el que se disputan 900 hectáreas por una resolución agraria errada de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria. Por eso el ciclo de violencia que propicia la impunidad. Cada de tanto en tanto estalla la violencia. El gobernador gestionó varios acuerdos que no se han cumplido, en mesas de negociación que no han sido parejas. Ha habido negligencia e incapacidad. En los próximos días debe darse una resolución de un tribunal agrario que decidirá si Chenalhó debe aceptar 15 millones de pesos de indemnización a cambio de la asignación de las tierras a Chalchihuitán. Supongo que por eso se reactivaron los paramilitares; como una forma de presión”.

El párroco Marcelo Pérez añade el otro ingrediente de esta bomba de tiempo: “La narcopolítica en esta zona de los Altos. Nadie quiere hablar de ello, nadie se atreve a denunciar. Pero se sabe”.