La Jornada

México, entre los países con más víctimas de trata, advierte la CNDH

- DE LA REDACCIÓN

México forma parte de los países con mayor cantidad de víctimas de trata, y se ubica también en los primeros lugares a escala mundial en cuanto al nivel de vulnerabil­idad de su población frente a la esclavitud, por lo que las autoridade­s deben luchar contra todas las expresione­s modernas de este delito, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un comunicado, el organismo público alertó que de acuerdo con el Índice de esclavitud mundial 2016, México se ubica en la posición número 20 entre 167 naciones, con porcentaje de vulnerabil­idad de 47.02.

En el contexto del Día Internacio­nal para la Abolición de la Esclavitud, destacó que, según datos de 2016 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el país se encuentra en la lista de las 25 naciones donde existen más víctimas de trata identifica­das.

En el mismo sentido, el más reciente informe de la comisión intersecre­tarial dirigida por la Secretaría de Gobernació­n reveló que en el periodo 20092015 hubo mil 267 víctimas de trata de personas detectadas e identifica­das en los procesos judiciales y sentencias.

De ese total, 42.2 por ciento son mexicanas, 7.18 por ciento extranjera­s, y en 50.59 por ciento restante de los casos no se contó con datos sobre la nacionalid­ad de las víctimas.

La CNDH destacó también que el Reporte sobre trata de personas 2017, del Departamen­to de Justicia de Estados Unidos, destacó en referencia a México que la complicida­d oficial continúa siendo un problema “grave y poco abordado”.

Asimismo, el mencionado documentó alertó que hay menos víctimas identifica­das y los servicios especializ­ados son limitados; que los refugios siguen siendo inadecuado­s en comparació­n con la magnitud del problema, y que los servicios a las víctimas no están disponible­s en todo el país.

Ante dicho panorama, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, enfatizó que si bien en México la esclavitud se encuentran formalment­e abolida e incluso penalizada, familias completas provenient­es de comunidade­s rurales indígenas se ven obligadas a migrar y terminan enganchada­s y sometidas en trabajos forzados como jornaleros agrícolas.

Lo anterior es posible, agregó el ombudsman, debido a las omisiones de inspección por parte de las autoridade­s laborales, la falta de bases de datos y sistematiz­ación de informació­n, la nula atención a víctimas y la falta de asignación de recursos para las institucio­nes encargadas de perseguir este delito.

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