La Ley de Seguridad Interior representa un retroceso, advierte Javier Corral
El mandatario estatal llama al Senado a promover un debate con las ONG
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y el gobernador Javier Corral Jurado, emitieron sendos comunicados para solicitar al Senado de la República un debate amplio, que incluya la participación de las organizaciones civiles y especialistas para acotar el papel de las fuerzas armadas en materia de seguridad.
Argumentaron que de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, hay 687 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en seis entidades del norte del país, de 2014 a 2017.
En esos expedientes hay señalamientos por trato cruel, inhumano o degradante, detención arbitraria, daños por uso ilegal de la fuerza pública, imputar hechos indebidamente, retención ilegal de personas, allanamiento de vivienda, cateos ilegales, intimidación y violencia desproporcionada.
En Chihuahua existen 87 denuncias contra la Sedena. La entidad ocupa el segundo lugar en quejas contra militares por violaciones a derechos humanos, sólo por debajo de Tamaulipas, que reporta 359 casos. En Baja California hay 86 denuncias, mientras Sonora tiene 73, Coahuila 42 y en Nuevo León hay 40.
Al respecto, el gobernador llamó a los senadores a salvaguardar el pacto federal, al pedirles no avalar la Ley de Seguridad Interior, por considerarla un retroceso en la protección a derechos humanos y democracia.
Por su parte, los activistas pusieron en duda que los soldados puedan tener atribución para realizar funciones preventivas sin que se establezca un control para verificar que se respeten los derechos humanos, por lo que pidieron ser incluidos en el debate del dictamen. Señalaron omisiones en el texto de la nueva legislación, en el cual no hay mecanismos para hacer valer las garantías individuales.
Las organizaciones civiles demandaron cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en lo relativo a definir un plan de retiro paulatino de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.
A su vez, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, pidió a los senadores revisar a detalle el proyecto de ley.
Agregó que hay aspectos que podrían interpretarse como permisivos para que militares y fuerzas del orden incurran en violaciones a derechos humanos; precisó que algunas de las quejas presentadas en Chihuahua llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que se acreditó que el Ejército realizaba tareas propias de las policías municipales de la entidad.
El ombudsman estatal pidió no confundir las funciones de los cuerpos policiacos preventivos con las tareas que constitucionalmente está asignadas a los militares. La prevención del delito, subrayó, requiere un trato diferente, para el cual no están entrenados los efectivos castrenses.