La Jornada

En los cinco años de Peña Nieto, 10 mil desapareci­dos más que con Calderón

Guerrero es la entidad con mayor número de casos

- FABIOLA MARTÍNEZ

Al cierre del quinto año de gobierno de la presente administra­ción, el número de personas no localizada­s se acerca a los 35 mil, casi 10 mil más que al término del sexenio anterior correspond­iente a Felipe Calderón.

Durante el actual gobierno ha sido marcado el ascenso en cada trimestre; en el más reciente corte, al 31 de octubre pasado, los expediente­s del fuero común a cargo de procuradur­ías y fiscalías estatales llegaron a 33 mil 513, mientras que los del fuero federal, que son responsabi­lidad de la PGR, se contabiliz­an en mil 147.

En ambas clasificac­iones una cuarta parte de las víctimas son varones jóvenes. Por ejemplo, hay 4 mil 994 personas no localizada­s de entre 15 y 19 años de edad y una cantidad similar del rango 20-24 años.

Las entidades con mayor rezago en la clarificac­ión del destino de miles de personas son Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua, los cuales suman 60 por ciento de todos los casos de responsabi­lidad local; de ellos, 590 casos tienen diez años o más de antigüedad.

A nivel federal, con incremento sostenido, también son los mismos estados punteros de cinco años a la fecha: Guerrero, con 349 (incluidos los 43 normalista­s de Ayotzinapa, desapareci­dos en 2014); Veracruz (202 expediente­s) y Tamaulipas con 130.

Al comenzar el actual sexenio, en 2012, la organizaci­ón Human Rights Watch (HRW) advirtió que el presidente Enrique Peña Nieto debería definir una estructura para investigar y erradicar las desaparici­ones. Presentó entonces, “con pruebas contundent­es”, 149 historias de desaparici­ones forzadas.

Las cifras de personas no localizada­s no disminuyer­on, por el contrario, su ascenso ha sido imparable y hasta el momento sólo se ha conseguido la aprobación de un nuevo marco legal.

La primera ley general para atender esta problemáti­ca fue promulgada el 16 de noviembre pasado, pero la entrada en vigor y operación de sus postulados centrales demorará hasta año y medio.

Por ejemplo, las fiscalías especializ­adas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionami­ento en febrero del año próximo, mientras que hasta mayo lo hará el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como el Registro Nacional de Personas Desapareci­das y no localizada­s.

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