Exigen víctimas que el Senado no apruebe Ley de Seguridad Interior
Desde hace seis años y medio el doctor Otilio Cantú González lucha en tribunales para llevar a prisión civil a los militares que ejecutaron a su hijo Jorge Otilio Cantú Cantú, pero la protección del Estado mexicano lo ha impedido.
“El Estado se ha encargado de que no haya justicia en el caso de mi hijo, porque siempre ha protegido a los militares. Cinco cabos están sentenciados en una prisión castrense y no deberían estar ahí; dos se encuentran libres apelando de la condena, y ningún mando fue procesado, ni siquiera el capitán Reynaldo Camacho, responsable del batallón Caimán”.
Por esta razón, en entrevista con La Jornada advierte que si el Senado aprueba la Ley de Seguridad Interior y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no interpone una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su aprobación final y su aplicación serían una “barbaridad, una locura”.
Ni la justicia militar ni la civil “han reconocido como crimen de Estado la ejecución extrajudicial de mi hijo, a pesar de que tiene todos los agravantes. El proceso fue viciado para proteger a los militares y ahora con esta nueva ley, aprobada por los diputados, será peor. Están preparando el escenario de las elecciones de 2018 para amparar todas las fechorías que los militares cometieron y pretenden seguir cometiendo”, dice.
Añade: “esta ley es el acabose. Los militares ya están por encima de la ley y ahora será peor, porque nos van a militarizar. Van a legalizar su intervención en la seguridad pública, cuando eso debe ser atendido por los civiles. Los militares no tiran a amedrentar, tiran a matar, actúan como criminales, como verdugos. Enrique Peña Nieto quiere militarizar el país para sentirse protegido, porque sabe que el PRI perderá las elecciones”.
Tortuoso camino
Para las víctimas de crímenes de Estado, cometidos por las fuerzas armadas como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura –dice–, el acceso a la justicia es casi imposible.
Cantú González, se ha convertido en un estudioso de las leyes y casi en un abogado, porque él cuida, prepara y supervisa las decenas de citas judiciales que ha tenido. En la actualidad sigue esperando que ratifiquen la sentencia a los siete cabos, porque ésta fue regresada al sexto tribunal unitario de Monterrey para que los peritos ratificaran sus firmas.
“Pero lo único que lograron es que todos los peritos dijeran exactamente lo mismo. Y todavía les fue peor, porque pregunté al medico legista cuál fue el balazo que dejó sin vida a mi hijo y contestó: “todos”, es decir, que los 29 balazos que recibió mi hijo fueron a matar y de esos, siete se hicieron a 70 centímetros de distancia para rematarlo. Claro, ellos alegan que dispararon al aire, pero es mentira”.
Afirma que el proceso ha sufrido todo tipo de “irregularidades” desde el 2 de marzo de 2016, cuando fue ratificada la sentencia que señaló a cinco cabos como culpables de homicidio calificado con alevosía y ventaja; mientras, dos de sus cómplices sólo fueron sentenciados por faltas a la administración de justicia.
“Dicen que esas faltas no son graves, pero es gravísimo que hayan puesto casquillos percutidos, movido la escena del crimen, sembrándole una pistola entre las piernas a mi hijo inocente. Según la ley, eso merece una pena de cinco años, y como esos años ya pasaron, pues los militares andan libres”.
Impunidad total
En otro caso, la ejecución extrajudicial de Diana Calderón Bravo por militares del decimosexto regimiento de caballería motorizada del Ejército mexicano, cometida el 19 de mayo de 2015, sigue impune.
Así lo afirma su madre, Guadalupe Bravo Alonso, que durante meses intentó tener acceso a la justicia y el Estado mexicano se lo negó: “Nunca les hicieron nada a los militares que ejecutaron a mi hija. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) me ha mandado cinco abogados que nada más revisaron el expediente, pero en realidad nunca hicieron nada.
“Desde el principio que interpuse la demanda vi la protección que las autoridades le dieron a los militares; nunca les hicieron nada, ni siquiera los mandaron llamar a declarar, mucho menos detener. Los agentes del Ministerio Público nunca hicieron su trabajo. Todas las autoridades protegieron a los respnsables”.
Según el expediente a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), dentro de la averiguación previa número AP/PGR/ TAMPS/NL-III/2811/2015, los hechos ocurrieron poco después de las 13 horas en el crucero de Héroe de Nacataz, entre Gómez Farías y Privada Corona, en la colonia Hidalgo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Diana, de 20 años iba manejando su coche Pontiac, junto a su amiga Alejandra, menor de edad, quien declaró que los militares nunca les ordenaron detener el vehículo, sólo empezaron a disparar por la parte trasera.
Diana recibió tres balazos por la espalda y murió en el acto, mientras su amiga cuenta que un militar se acercó y le dijo a otro: “¡Son viejas… La cagamos!”
Minutos antes, ambas habían visto cómo una camioneta del Ejército había disparado contra un grupo de jóvenes que estaban cerca de los rieles, entre ellos Job, el hermano de Diana. Ricardo Daniel Borrego Miguel, de 19 años, quedó tirado con un disparo en la nuca y a pesar de que estaba vivo, el personal militar no permitió a la ambulancia acercarse. El joven tuvo una agonía de más de tres horas en la calle.
Los militares sembraron un rifle AR-15 junto a su cuerpo y en el parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo acusaron de “civil agresor”. También la escena del crimen de Diana fue alterada, los militares le sembraron entre ambos asientos una arma larga calibre .223 y en la cajuela dos paquetes con droga.
En el expediente 2/2015/3768/Q de la CNDH, aún abierto, la versión de los jóvenes sobrevivientes y los vecinos fue contundente: “los militares mintieron”. Pero después de declarar contra ellos, Alejandra, tuvo que exiliarse en Estados Unidos por las amenazas que recibió. Igualmente, Guadalupe dejó Nuevo Laredo por el hostigamiento que sufría en su casa de parte de elementos de la Sedena: “Desistí de todo. No hubo justicia, ni la habrá, a pesar de que teníamos testigos, videos y todas las pruebas. A las pocos meses del apoyo económico que me dieron para los gastos funerarios, recibí una notificación del Ministerio Público donde afirmaba que no había elementos para enjuiciar a los militares. Me dicen que fue un “enfrentamiento”. Es mentira. Está claro: en México, los militares pueden cometer crímenes y no les pasa nada”.
Añade: “Imagínese, si así tienen todo el poder, con esta nueva ley, peor. Cuando leí la noticia se me vino a la mente todo lo que yo he sufrido. Pienso que con esta norma es darle poder a personas que no están capacitadas para cuidar a la población. Si antes mataban en complicidad con sus mandos y autoridades, imagínese ahora que la ley les dé ese poder. Ellos criminalizan a las víctimas para tapar sus crímenes. Hay miles de delitos cometidos por militares y habrá más con esta ley”.
Ejecuciones sin castigo
El 3 de septiembre del año pasado, ocho jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente por militares, según el expediente 2/2016/7880/Q de la CNDH, aún abierto. Entre ellos está Ismael Coli Canela de 20 años, hijo de Josefina Canela Comi.
La madre de la víctima señala: “Todo sigue igual, no ha habido avances del juicio. Los asesinos de mi hijo y de los otros muchachos andan en la calle. Hay muchos casos, pero mucha gente se queda callada por temor a las represalias”, dice en entrevista con La Jornada.
El batallón 16 del Regimiento de Caballería Motorizada, el mismo que fue acusado de la ejecución de Diana Calderón Bravo, está acusado de abrir “fuego indiscriminado” y de dar “tiros de gracia” a corta distancia a ocho jóvenes que se dirigían al trabajo en una camioneta, según muestran un video y 23 fotografías en poder del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Las víctimas son Edwin Cruz García, Ismael Coli Canela, Francisco Marcelino Ibarra Pantoja, Ángel Hernández Torres, Leonardo Rendón Aguilar, Fernando Alonso Hernández, Juan Pablo Herrera Jáquez y Ricardo René Pineda Gallegos. Además, está una mujer que fue alcanzada por los disparos de los soldados y que viajaba con sus hijos de dos y cinco años de edad.
“Sigo exigiendo que los militares paguen con cárcel lo que hicieron. Son los asesinos de mi hijo y de los otros muchachos. La mayoría de los casos se quedan impunes.
“Mi hijo dejó dos niños de cuatro y tres años, y ni siquiera han recibido una indemnización: todo es pura impunidad. Sería terrible darle más poder al Ejército. Por eso, ellos siguen haciendo de las suyas”, dice Josefina al señalar que cinco meses antes de este crimen la Policía Federal ejecutó a su hijo Esequiel, de 18 años, un caso que también sigue en la impunidad.
También Marina
Los casos de graves violaciones cometidas por elementos de la Marina también se incrementan y siguen impunes. El 4 de junio de 2011 un comando de marinos entró a las tres de la mañana a la casa de Isabel Martínez Colima y se llevó a su hijo, Diego Omar Guillén Martínez. Ese mismo día los marinos se llevaron a otros 11 hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La CNDH emitió la recomendación 39/2012 al entonces secretario de Marina, Francisco Saynez: “Seguimos sin saber de nuestros familiares. Nunca voy a superar lo que los marinos nos hicieron. Esta nueva ley no debe existir porque los marinos son unos animales: lástima de los estudios que tienen, los llevan en los pies. Son delincuentes sin castigo”.
Magdaleno Rico García, hermano de Martín, también desaparecido por la Marina, recuerda que entraron sin orden de aprehensión ni de cateo: “Nunca hemos sabido por qué el gobierno los protege. Para leyes como la de Seguridad Interior, preferimos estar como estamos porque estos marinos que desaparecen, siendo ley, ya son criminales impunes”.