Periodistas exponen a relator de la ONU serie de agresiones en Guerrero
Acuden comunicadores de Iguala, Tlapa, Acapulco y Chilpancingo
En la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, la policía municipal ha cometido desde hace varios años múltiples actos de extorsión, robo, intimidaciones y abusos contra la población, lo cual ha ido en aumento durante el actual gobierno del panista Enrique Reyna Lizárraga, responsabilizándose al jefe policiaco Julio César Valenzuela.
Así lo denunció la activista de derechos humanos Martha Solórzano Martínez, quien lamentó que la llegada de Claudia Pavlovich a la gubernatura del estado no generó un cambio en esta dinámica de agresiones, por lo que llevará el caso ante organismos internacionales.
Como ya se ha informado en este diario (4/11/13 y 4/12/16), la luchadora social ha señalado a la policía de San Luis Río Colorado de extorsionar, secuestrar y agredir a cualquier ciudadano, incluso con uniforme y a bordo de vehículos oficiales.
“Es una cosa escandalosa lo que sigue pasando en San Luis y que nadie puede parar. Los policías municipales son los que hacen todo esto, pero no hay ante quién denunciar, porque todos los Ministerios Públicos están coludidos aquí; el jefe directo de esto es el presidente municipal y todos tienen miedo de sufrir Periodistas de Iguala, Tlapa, Acapulco y Chilpancingo se reunieron ayer con el relator especial de la ONU para la Libertad de Expresión, David Kaye, para exponer las agresiones y amenazas de las que son objeto en sus regiones por distintos motivos.
El encuentro se realizó en Casa Diocesana de Chilpancingo, adonde acudieron más de 20 periodistas y directores de las radios comunitarias; estuvo encabezado por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Los comunicadores expusieron las agresiones y amenazas que han padecido en los últimos años. Directores y trabajadores de al menos nueve radios comunitarias, expusieron los problemas que tienen para mantener al aire sus emisoras.
El relator Kaye, manifestó que el gobierno federal y los gobiernos estatales en México deben garantizar la libre expresión. Dijo que los testimonios que escuchó en Chihuahua, Veracruz, y ahora Guerrero servirán para que la próxima semana pueda tener una postura ante el gobierno mexicano en una reunión en la Ciudad de México.
“No estoy aquí sólo para escuchar –aclaró–, sino para amplificar y dar valor a sus voces e ideas y transmitirlas al gobierno y pueda cambiar la situación de peligro”.
Los comunicadores entregaron al relator el informe Guerrero: el periodismo amenazado, donde exponen que “nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro ni los periodistas se habían visto tan amenazados”.
En estos días, expresaron, “trabajamos literalmente bajo fuego; gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, pareciera que nos tienen bajo la mira”. Sólo en este año, refirieron, “en Guerrero se han perpetrado 32 agresiones contra 40 periodistas, la mayoría por servidores públicos. El común denominador ha sido la impunidad y la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores”.
“No pedimos mecanismos ni medidas de protección; simplemente que cese la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. Guerrero es uno de los cuatro estados más peligrosos del país para ejercer el periodismo. Aquí trabajamos en medio de 29 grupos de civiles armados, bandas de delincuentes y autodefensas”, señalaron en su informe.