Sin acuerdos pero con avances, diálogo entre gobierno de Maduro y opositores
Pactan reunirse el día 15 para buscar salida a la crisis venezolana
Al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas la madrugada del sábado después de que el gobierno de Honduras declaró estado de excepción la noche del viernes, lo cual implicó un toque de queda nocturno por 10 días para poner fin a las manifestaciones violentas en el país, que rechazan los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo debido a la sospecha de fraude.
La agencia de noticias Sputnik, con base en reportes de la prensa hondureña, dio cuenta de cinco muertos y más de 20 heridos en la ciudad de San Pedro Sula, norte del país, por enfrentamientos con uniformados después del decreto.
Jair Meza, titular de la policía, no confirmó la cifra. Argumentó: “Dicen que hay decesos, pero no pueden ser reconocidos por la autoridad pública. Mantenemos el orden en el territorio nacional”.
Las autoridades sólo confirmaron el deceso de Kimberly Dayana Fonseca, de 19 años, quien falleció cuando hombres balearon a 30 personas en la colonia Villanueva, este de la capital. El grupo se manifestó pese al toque de queda, que entró en vigor a las 23 horas del viernes.
Sin embargo, no quedó claro de qué bando provino la agresión. “Policías militares salieron de un arbusto disparando a lo loco y la mataron de un tiro en la cabeza”, aseguró Luisa, hermana de Kimberly. La policía indicó en un comunicado: “No sabemos aún si los atacantes son agentes, pero se investiga el caso”.
Según testigos, durante ese ataque resultó herido un hombre por impactos de bala en la espalda y se cree que también falleció.
Desde el jueves pasado se reportó la primera víctima mortal en La Ceiba, norte del país, durante una protesta, en la que hubo disparos de militares. Las movilizaciones estallaron el miércoles, después que el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, llamó a sus seguidores a protestar tras denunciar fraude en los comicios del domingo.
El decreto de estado de excepción, que consta de ocho artículos, se aplicó tras violentas movilizaciones contra los resultados irregulares, que derivaron en saqueos a comercios, bloqueos de avenidas y carreteras, con barricadas incendiadas y enfrentamientos contra autoridades. Hasta el momento han sido reportados más de 300 detenidos por los actos vandálicos.
La medida durará 10 días. Es un toque de queda nocturno, de las 18 a las 6 horas locales, momento en que se prohibirá a civiles circular en las calles y sólo se permitirá el libre tránsito a personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), representantes de partidos políticos y observadores nacionales e internacionales de los comicios.
Aun así, la alianza convocó a protestas para hoy.
Ayer la población retomó poco a poco sus actividades. Centros
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El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición cerraron ayer dos días de negociaciones en República Dominicana sin acuerdos para atenuar la crisis venezolana, aunque reportaron “significativos avances” y fijaron para el próximo día 15 una nueva cita.
“Gobierno y oposición declaran que se han producido significativos avances. El próximo 15 de diciembre celebraremos una nueva reunión de negociación acá en Santo Domingo, con el objetivo de llegar a un acuerdo definitivo”, señalaron las partes en un comunicado leído comerciales, gasolineras y farmacias fueron los principales puntos de concentración para cientos de personas, ante el temor de no contar con los insumos suficientes.
“Esta administración ha dejado muy claro que la violencia y la corrupción por el presidente dominicano, Danilo Medina.
El texto subraya la “firme voluntad” de acercar posiciones en los diálogos, que cuentan con el acompañamiento de Chile, México, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, así como del ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
“Estamos muy cerca de un acuerdo”, aseguró el principal negociador del chavismo, Jorge Rodríguez. El funcionario ratificó la exigencia de Maduro de cesar lo que calificó de “sabotaje salvaje a la economía y las finanzas venezolanas”.
Señaló que dicho boicot es alentado por la oposición y Estados no tienen cabida en Honduras. Seguiremos pidiendo paz y seguridad a cada hondureño”, apuntó el gobierno en dos correos enviados a La Jornada tras la aplicación del decreto.
David Matamoros Batson, magistrado Unidos, que prohibió a sus ciudadanos y empresas negociar nueva deuda.
Julio Borges, presidente del Parlamento y jefe de la delegación opositora, confió que en la próxima reunión se podrá “lograr un camino claro (...) para que cada venezolano sea el que decida el futuro en unas elecciones libres, claras, transparentes y con garantías”.
La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) considera prioritario “un canal humanitario” para la entrada de alimentos básicos y medicinas, y establecer condiciones claras para las elecciones presidenciales de 2018, cosa que descartó en Caracas el ministro del TSE, nuevamente suspendió, como hizo el viernes anterior, el conteo de mil 6 actas irregulares, porque los representantes de Salvador Nasralla no se presentaron nuevamente para asignar al personal que participará en el nuevo escrutinio.
El jefe de campaña de la alianza, Marlon Ochoa, explicó que busca un acuerdo con Matamoros para que cumpla 11 demandas que plantea su agrupación, principalmente cotejar 5 mil 174 actas de las que tienen dudas, para así anunciar a un ganador.
México llama a la calma
El gobierno de México, por conducto de su cancillería, pidió a las fuerzas políticas y al pueblo de Honduras esperar pacífica y respetuosamente lo resultados definitivos, ante la ola de violencia e incertidumbre.
La dependencia, en un comunicado, demandó a las autoridades realizar las acciones necesarias, con el acompañamiento de los organismos y observadores internacionales, para asegurar que el conteo total de los votos sea respetado. de Salud Luis López al afirmar que en ese aspecto “el pueblo está atendido por Nicolás Maduro”.
La MUD también demanda la liberación de unos 300 “presos políticos”.
“Nos vamos satisfechos, con la actitud de colaboración de la oposición”, insistió Rodríguez.
Las partes retomaron las negociaciones tras acercamientos frustrados entre 2014 y 2017 por acusaciones de incumplimiento de compromisos.
Los contactos llegan cuando Maduro intenta refinanciar la deuda externa, estimada en unos 150 mil millones de dólares, para lo cual requiere el aval del Legislativo, de mayoría opositora pero maniatado por la justicia, que lo declaró en desacato y considera nulas sus decisiones.
Por pagos atrasados de bonos de deuda, Venezuela y Pdvsa fueron declaradas recientemente en default parcial por un grupo de acreedores y calificadoras de riesgo.