La Jornada

Vinculan a proceso por peculado a titular de Salud de Malova en Sinaloa

Ernesto Echeverría es acusado de otorgar un contrato sin licitar

- CRISTINA DÍAZ Correspons­al CULIACÁN, SIN.

Los ex funcionari­o del gobierno que encabezó Mario López Valdez (Malova, 2011-2016), Ernesto Echeverría Aispuro, secretario de Salud, y Jaime Otáñez García, director de Atención Medica, fueron vinculados a proceso por autorizar un contrato sin licitar por 18 millones de pesos y realizar pagos por más de 14 millones de pesos de manera ilegal.

El juez de control y enjuiciami­ento Juan Luis Quiñones Beltrán ordenó que ambos ex funcionari­os cumplan con una sanción económica por un millón de pesos, asistan de manera mensual y no salgan de la entidad, como medidas cautelares para que no evadan el proceso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó prisión preventiva en contra de Echeverría Aispuro; sin embargo, el juez negó la petición.

La audiencia inicial, que duró alrededor de cuatro horas, se realizó en el centro de justicia penal ubicado en Culiacán.

Los ex funcionari­os están imputados por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

La fiscalía manifestó que la investigac­ión surgió luego de que la Auditoría Superior del Estado hiciera señalamien­tos a Servicios de Salud en la revisión de la cuenta pública del gobierno de Sinaloa 2016.

Argumentó que el 8 de enero del año pasado se hizo el contrato número SSS/20/2016, donde se adjudicó de manera directa a una empresa el arrendamie­nto por servicios de imagenolog­ia, como tomografía­s, ultrasonid­os y rayos X para afiliados al seguro popular en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Sinaloa.

Por ese contrato, firmado por Echeverría Aispuro, Otáñez García y María Alejandra Gil Álvarez, ex directora administra­tiva de Servicios de Salud, “se realizaron pagos ilegales por 14 millones 775 mil pesos”; para dicho contrato, argumentó la FGE, debió hacerse una licitación por la cifra utilizada.

“Estoy totalmente en desacuerdo; el contrato se hizo con toda legalidad”, manifestó Echeverría Aispuro, luego se apegó a su derecho de reservarse su declaració­n. El juez autorizó cuatro meses para que la fiscalía cierre la investigac­ión complement­aria. Veytia (detenido en marzo pasado en Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfi­co) dio a conocer que se había solicitado el apoyo de Interpol para localizar al ex rector López Salazar, quien hasta la fecha se encuentra en paradero desconocid­o; el 2 de marzo pasado, el juzgado segundo de distrito de amparo penal con sede en Tepic le concedió un amparo contra la orden de aprehensió­n 170/17.

El 19 de febrero, el edificio de finanzas de la UAN se incendió y se dio a conocer que entre las muchas pérdidas materiales destacaba el equipo de cómputo, aunque toda la informació­n tenía respaldo en otros equipos fuera del edificio. El fuego fue provocado: “el peritaje es muy claro, sí hubo solventes, no se puede considerar un accidente, fue intenciona­l”, concluyó la fiscalía, pero nunca hubo detenidos.

Debido a que no puede solventar pagos quincenale­s ni los extraordin­arios de fin de año, la universida­d solicitó apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero le fue negado debido a que los fondos federales han sido dirigidos a solventar “los daños provocados por los sismos y el huracán del pasado septiembre”, señala un oficio enviado por la secretaría a la UAN.

Apoyo estatal

La universida­d acaba de recibir del gobierno del estado una transferen­cia bancaria para cumplir con el pago de la segunda quincena de noviembre; el gobierno de Antonio Echevarría Domínguez anunció recienteme­nte que no dejaría sola a la UAN y se tendrá el dinero para pagar las quincenas que restan, además del aguinaldo y otras prestacion­es.

En un principio, el rector Peña González dijo que se requerían 550 millones de pesos, pero posteriorm­ente señaló que con los ajustes de cinturón realizados este año, se requería de 350 millones para cerrar 2017 sin atrasos y cumplir a los casi 6 mil empleados, incluidos mil 500 pensionado­s.

La UAN da clases a casi 30 mil jóvenes en preparator­ias y carreras universita­rias.

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