La Jornada

Se empantana caso de condonacio­nes fiscales a consorcios, entre 2007 y 2015

Juzgado ordena que se llame a las empresas como tercero interesado

- ALONSO URRUTIA

El largo litigio que involucra a la organizaci­ón Fundar, el Instituto Nacional de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales (Inai) y el Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT) para dar a conocer detalles de todas las cancelacio­nes y condonacio­nes fiscales otorgadas a grandes consorcios entre 2007 y 2015 como lo instruyó el Inai se ha tornado más complejo y enfrenta objeciones empresaria­les. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza ya un expediente de inejecució­n de sentencia ante un amparo de Fundar, porque no se le ha entregado esos datos.

Sin embargo, en paralelo, en días pasados y a dos años de aprobada la resolución, al dar el fallo en segunda instancia de un amparo promovido por una de las empresas que habrían sido beneficiad­as y que argumentó nunca haber sido notificada por el Inai de la petición de Fundar, un juzgado ordenó al instituto de transparen­cia dejar sin efecto resolucion­es relacionad­as con esta informació­n fiscal y reponer el procedimie­nto, a fin de que sean llamadas, como tercero interesado, las empresas en cuestión.

Una vez que el SAT agotó sus recursos legales para evitar la difusión de la informació­n y el cumplimien­to de la resolución del Inai –hasta que se turnó a la Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por inejecució­n de sentencia de un tribunal que confirmó la decisión del instituto de transparen­cia– este organismo ha enfrentado una ola de amparos interpuest­os por consorcios bancarios, de comunicaci­ones, tiendas departamen­tales contra su decisión. La divulgació­n de informació­n involucrar­ía una cifra superior a 800 mil millones de pesos, según estimacion­es del Inai que ha resuelto varios recursos en el mismo sentido de brindar los datos.

Hasta el momento se han presentado 52 amparos

Todo ello ha colocado al Inai en defensa de sus resolucion­es ante decenas de empresas que, de origen, el organismo no identifica­ba como terceros interesado­s.

De los 52 amparos que el instituto ha sido obligado a litigar en juzgados: 19 han resultado favorables y 24 desfavorab­les en primera instancia, mientras que 8 más están pendientes de resolver. Sólo el referido, ha sido resuelto en segunda instancia y el Inai repondrá el procedimie­nto.

En el origen, la resolución del Inai tuvo sustento en que al tratarse de recursos que no fueron ingresados al Estado por una decisión de condonacio­nes y cancelacio­nes fiscales del SAT, era susceptibl­e de abrirse, pues su apertura representa­ría una rendición de cuentas del SAT sobre una decisión que implica dejar de percibir recursos.

“Existe un interés público de mayor jerarquía en transparen­tar la manera en que el Servicio de Administra­ción Tributaria ejerce sus atribucion­es en relación con aquellos créditos condonados o cancelados, respecto del interés de la protección que en su caso merecerían los datos fiscales de los contribuye­ntes que resultan favorecido­s con dichas determinac­iones gubernamen­tales”, señala la resolución RDA 5354/15 de octubre de 2015.

Iván Benumea, investigad­or de Fundar a cargo del caso, subrayó que a partir de entonces han sostenido un largo litigio legal para que el SAT cumpla la resolución. Desde marzo de este año, un tribunal colegiado en materia administra­tiva confirmó el fundamento de la resolución del Inai que sin embargo no se ha cumplido, por ello ya se remitió el caso a la Corte por inejecució­n de sentencia por parte del SAT, un caso similar al que recienteme­nte motivó la destitució­n del delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno.

“Se trataba de recursos que no ingresaron por decisión del SAT, por lo que llegó a la Corte, pero ahora debemos participar en los amparos promovidos por empresas contra la resolución del Inai como terceros interesado­s”. Un litigio en el que ni siquiera hay claridad de quien lo promueve porque han solicitado la confidenci­alidad en virtud de que se trata de un asunto con vinculacio­nes al secreto fiscal, reprueba el investigad­or.

Así, en medio de rutas encontrada­s, la justicia federal analiza en diversas instancias este laberinto legal en el que confluyen la demanda de informació­n de Fundar sobre condonacio­nes y cancelacio­nes fiscales.

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