Peña declara la guerra a México
i el Senado avala la Ley de Seguridad Interior (LSI), ya aprobada por los legisladores priístas y calderonistas en la Cámara de Diputados, el régimen autoritario mexicano finalmente se quitará la máscara para transitar abiertamente hacia una dictadura militarizada.
Es falso que esta ley busque “regular” o “dar cobijo” a la actuación de los militares contra el crimen. En realidad, constituye una abierta declaración de guerra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón contra todo el pueblo mexicano, y sobre todo contra los activistas sociales y movimientos políticos de oposición que luchan por democratizar y modernizar el país.
Algunos justifican la presencia de los militares en las calles por motivos de seguridad pública. Afirman que frente a la corrupción desbordada y la falta de profesionalización de los cuerpos policiacos, alguien tiene que mantener el orden. También sostienen que si los militares están arriesgando sus vidas con el fin de garantizar la paz, por lo menos habría que desarrollar un marco jurídico que clarifique sus funciones y establezca controles precisos.
Aceptando, aunque sin conceder desde luego, esta problemática argumentación, la ley mencionada de ninguna manera cumple con este propósito. No ofrece claridad jurídica a los militares ni protección a los ciudadanos, sino todo lo contrario.
Para muestra, un botón: el artículo 18 de la ley de seguridad interior dice explícitamente que “en ningún caso, las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las fuerzas armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”.
No podría ser de otra manera porque la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, señala que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil” y “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público”. De manera complementaria, el artículo 129 dice que “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Y si el Presidente llegara a requerir de manera excepcional, emergente y temporal a los militares para tareas diferentes a su función constitucional, tendría que acotarse estrictamente al procedimiento delineado en el artículo 29 constitucional, incluyendo la aprobación por el Congreso de la Unión y controles de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La función de los militares es defender a la nación contra amenazas externas, no internas. Si Peña Nieto y Calderón quieren cambiar la naturaleza y las facultades de las fuerzas armadas, tendrían que hacerlo desde la misma Constitución.
La citada ley entonces de ninguna manera avala la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen. Ninguna ley puede colocarse por encima de la Carta Magna.
¿Para qué sirve entonces la LSI? ¿Si no regula la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, por qué tanta urgencia para aprobarla fast track sin discusión ni debate alguno?
La respuesta es obvia para quien la quiera ver: Peña Nieto y Calderón se preparan para utilizar las fuerzas armadas y evitar una verdadera alternancia política en las elecciones del próximo primero de julio 2018. Buscan utilizar los militares para alejar a los ciudadanos de las urnas, así como evitar el reconocimiento del triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
El contenido de la LSI refleja claramente esta intención. Entre las “amenazas a la seguridad interior” que justificaría la intervención de las fuerzas armadas se incluyen “movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral” que no sean absolutamente pacíficas. Es decir, será suficiente colocar un par de provocadores encapuchados para romper vidrios durante cualquier protesta poselectoral para “justificar” la intervención del Ejército en la represión de los manifestantes.
La ley también avala la intervención militar para frenar cualquier “acto tendente” a “consumar la rebelión” o a “inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico”. Es decir, la ley autoriza que los militares intervengan para dispersar cualquier reunión de personas que pudiera estar apenas planeando alguna acción de bloqueo de una carretera o una protesta contra algún edificio gubernamental.
La LSI no incluye control alguno de parte del Congreso o de la Suprema Corte. El Poder Ejecutivo tendrá la facultad unilateral y discrecional de utilizar los militares para fines políticos cuando así le parezca conveniente.
Es también importante recordar que desde 2002 México forma parte del NorthCom o Northern Command del Departamento de Defensa estadunidense. Este mando único para América del Norte, establecido con la venia de Vicente Fox, tiene el fin de “defender y asegurar Estados Unidos y sus intereses” (véase: http://www.northcom. mil/About-USNORTHCOM/).
Así que la ley de seguridad interior no sólo nos somete a los caprichos militares de Peña Nieto, sino también a los de Donald Trump.
Todos los mexicanos, incluyendo los mismos soldados y quienes defienden la presencia de los militares en las calles, tendrían que oponerse a esta ley que desvirtúa y politiza la función de las fuerzas armadas y también afecta gravemente la soberanía nacional al someternos a las órdenes del desquiciado neofascista que hoy despacha en la Casa Blanca.
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