Multan a yaquis por no terminar consulta sobre acueducto
Yaquis del municipio de Cajeme informaron que el juzgado décimo federal les impuso una multa equivalente a mil salarios mínimos por no concluir la consulta a la etnia sobre la construcción del acueducto Independencia, como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En conferencia de prensa, los líderes indígenas Mario Luna Romero, Tomás Rojo Valencia y César Cota Tórtola expresaron su descontento y amenazaron con protestar por las ‘‘presiones’’ de la SCJN. Rojo agregó que en un oficio exigieron no hacer efectiva la sanción.
Añadió que las propias autoridades han presionado para que la consulta no se lleve a cabo, lo que permitiría realizar la obra para llevar agua del sur de Sonora a Hermosillo, la capital.
Esta coacción, consideró, viola los protocolos y principios de la consulta, que debe ser libre e informada. Las dos grandes presas proyectadas en Jalisco en los 15 años recientes –que según las autoridades resolverían la escasez de agua en Guadalajara– han generado enormes pérdidas después de que se demostró que la de Arcediano es financieramente inviable, y en el caso de El Zapotillo la población ha interpuesto recursos legales para frenarla.
Hace unos días el Comité Académico de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en Jalisco informó que los gobiernos de esa entidad, Guanajuato y el federal ‘‘no han demostrado la gestión sustentable del agua con la presa El Zapotillo y con su trasvase a León’’. Sostuvo además que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ‘‘ha tergiversado’’ documentos para descartar el peritaje del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual demostró que la operación del acueducto ocasiona ‘‘daños irreparables’’ a la tribu.
Como la consulta no ha concluido, no se expide la manifestación de impacto ambiental de la obra, que sigue siendo ilegal. ‘‘La consulta es sólo un trámite administrativo
El grupo, integrado por investigadores de universidades públicas y privadas del estado, afirmó en un foro realizado en el Congreso estatal que la presa no se justifica en términos de política pública integral, porque se basa en el supuesto de que no hay abasto suficiente en Guadalajara, la región de los Altos de Jalisco y León.
‘‘La obra no se justifica desde los puntos de vista social, económico o ambiental’’, pese al avance de los trabajos y las inversiones efectuadas, sostuvieron.
En poco más de una década se han gastado más de 11 mil millones de pesos en la presa El Zapotillo-acueducto a León, debido al aumento de costos de la obra, procesos jurídicos, numerosos estudios técnicos, indemnizaciones y hasta una posible demanda para poder otorgar la manifestación de impacto’’, dijo Tomás Rojo.
Por otra parte, los yaquis consideraron ‘‘inadmisible’’ que un juez federal absolviera al ex gobernador Guillermo Padrés Elías de las acusaciones de delincuencia organizada. ‘‘¿Cómo es posible que se libere a alguien que ha hecho tanto daño a la tribu y al estado?’’, preguntó César Cota, capitán de la comunidad Loma de Guamúchil. de la empresa Abengoa por incumplimiento de contrato.
El grupo académico señaló que con el reciente informe de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que elaboró un estudio sobre la presa El Zapotillo, el cual costó 4.6 millones de dólares, el gobierno jalisciense busca justificar que se eleve la presa para realizar el trasvase a León, ‘‘pero sólo se dejó en claro que hay menos agua disponible que la originalmente contabilizada en el caudal del río Verde’’.
Manuel Villagómez, presidente de la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, dijo que en 1990 comenzó a negociarse el reparto del caudal del río Verde, y se proyectaron presas de gran capacidad y elevadísimos costos con el argumento de abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara.
En el año 2000, cuando era gobernador el panista Francisco Ramírez Acuña, se canceló el proyecto Loma Larga 2 para dar entrada al de la presa Arcediano (ubicada en Guadalajara, al fondo de la barranca de Huentitán), en el río Santiago.
Villagómez refirió que se gastaron cerca de mil millones de pesos en estudios para justificar la presa Arcediano, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales los rechazó por falta de rigor científico. Además, se comprobó que se hubieran requerido decenas de miles de millones de pesos para adaptar la barranca al embalse. El proyecto quedó congelado.
Más de $11 mil millones a proyectos de futuro dudoso
En 2005 se firmó un acuerdo para construir la presa El Zapotillo y un acueducto que llevaría agua del río Verde a León, Guanajuato, mediante una concesión a la empresa española Abengoa, la cual se retiró este año por quiebra técnica.
Hasta ahora, calculó Villagómez, se han gastado 11 mil millones de pesos en una obra sin consenso social y violatoria de los derechos de la población.
El trasvase a León, agregó, implica una privatización del líquido y causaría escasez en la región de los Altos.
El año pasado en esa zona de Jalisco se produjo 12.4 por ciento de la leche del país y 64.5 por ciento de la que consume el estado, así como 88.7 por ciento del huevo, además de carnes de cerdo, bovino y ave.
Los productores agropecuarios formaron la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua, que se opone al acueducto.
Sin embargo, en su afán de continuar con El Zapotillo –obra detenida por amparos de habitantes de Temacapulín, poblado alteño que la presa inundaría–, el gobierno del priísta Aristóteles Sandoval ‘‘prestó’’ 605 millones de pesos del Fondo de Retiro de los Burócratas afiliados al Instituto de Pensiones del Estado, dinero que no se ha recuperado y por el cual no se han recibido intereses en cuatro años.