Escasez, carestía y depredación tras privatizar...

Esta situación ha provocado molestia generalizada, principalmente entre propietarios de negocios del centro histórico de Puebla, quienes pagan tarifas más elevadas y continuamente tienen que pagar servicio de pipas.

La privatización, sostuvo el activista, ni siquiera garantiza el abasto. Señaló que la ASA presentó una iniciativa ciudadana para que se reforme la ley actual y se frene la entrega del servicio a particulares, pero no ha habido respuesta del Congreso local.

Hank y Monex, ganadores

Jiménez explicó que esa iniciativa se elaboró con la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, constituida a raíz de la privatización, que contraviene el artículo cuarto Constitucional, el cual estipula que el agua es un derecho humano y el Estado debe garantizar el suministro a la población por medio de la Federación, entidades, municipios y la participación ciudadana.

Después de que el Congreso local aprobó la reforma a la Ley de Agua, el 12 de septiembre de 2013, se concesionó el servicio a empresas que desde entonces imponen tarifas y embargan a morosos.

Concesiones Integrales, empresa propiedad de Carlos Hank González, obtuvo un contrato para ‘‘administrar’’ durante 60 años no sólo el suministro de agua, sino también el servicio de alcantarillado, con el pretexto de que había fallas del Sistema Operador de Agua de Puebla y baja recaudación.

Concesiones Integrales es un consorcio formado por Grupo Financiero Monex, dueño de 75 por ciento de las acciones; la empresa Eppcor participa con 24.7; Agua de México, con 0.224, y Ticsa, con 0.011 por ciento. La sociedad hizo una inversión inicial de mil 794 millones de pesos, más 4 mil 680 millones en los primeros cinco años.