No avalar la ley de seguridad, piden Coparmex, Ibero y ONG
Exigen garantizar el irrestricto respeto a las garantías
Aprobarla podría acarrear la criminalización de la protesta social
Elementos del Ejército mexicano catearon de manera ilegal a cuatro personas; detuvieron de forma arbitraria, desaparecieron de manera forzada, torturaron y agredieron sexualmente a tres de ellas, y ejecutaron extrajudicialmente a dos, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en enero de 2016.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, en la que acredita que los militares del tercer batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas vulneraron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, integridad y seguridad personal, a la libertad y a la vida.
De acuerdo con las investigaciones del organismo presidido por Luis Raúl González Pérez, el 27 de enero de 2016 los militares ingresaron a un domicilio del municipio Tepatitlán de Morelos sin orden de cateo, retuvieron en forma ilegal a los jóvenes, los torturaron y agredieron sexualmente; luego se los llevaron detenidos y decomisaron el vehículo de uno de ellos.
Cuando el padre de una de las víctimas los buscó, soldados le comentaron que no se había dado ninguna captura. Dos días después, los cuerpos sin vida de dos de ellos aparecieron en un rancho ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Tototlán, y el sobreviviente fue trasladado a un hospital regional.
“La CNDH reitera que cualquier persona que cometa conductas delictivas debe ser sujeta a proceso para que sus actos sean sancionados dentro del marco de derecho y respetando en todo momento los derechos humanos consagrados Con la finalidad de garantizar la certeza jurídica y los derechos humanos, el Senado de la república debe revisar la Ley de Seguridad Interior, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Gustavo de Hoyos Walther, dirigente del sindicato patronal, sostuvo que la legislación aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre “contiene aspectos que deben ser analizados a fondo por el Senado”.
Indicó que es necesario un análisis profundo, ya que el documento debe “garantizar la certeza jurídica, el irrestricto respecto a los derechos humanos y la transparencia en la función de seguridad”.
Por tal motivo, consideró que debe ser enmendado “todo aquello que ponga en riesgo la normalidad legal”, y devolver la iniciativa a la Cámara de Diputados con las modificaciones correspondientes.
Por su parte, con marcado en las normatividades nacional e internacional. Asimismo, señala que el combate a la delincuencia es totalmente compatible con el respeto a la dignidad de las personas, por lo que el personal de seguridad y las fuerzas armadas tono ambiguo, el Partido Acción Nacional (PAN) justificó su actitud ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. “Dejamos el voto libre”, refirió el diputado Marko Cortés, coordinador de ese partido en San Lázaro.
A pesar del evidente respaldo de sus compañeros a la legislación, el michoacano –quien fue presionado por nueve gobernadores panistas para que votara en favor–, intentó lavar el prestigio de su partido al decir que el blanquiazul no había apoyado la ley. “Por supuesto que no, el PAN no acompañó la minuta de seguridad interior”, indicó.
En tanto, la Universidad Iberoamericana señaló que si los senadores aprueban la minuta de Ley de Seguridad Interior, “estaremos ante un acontecimiento que podría acarrear consecuencias aún peores en materia de inseguridad, violencia, violaciones a los derechos humanos y criminalización de la protesta social”.
En un comunicado conjunto deben actuar en todo momento con profesionalismo”.
El documento, firmado por el ombudsman y notificado al titular de la Sedena, puede ser consultado en la página de la CNDH. En éste, se solicita al con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Ibero recordó que no se ha cumplido la promesa de los cuatro administraciones federales recientes de que la intervención militar en seguridad pública sería temporal.
En el mismo sentido, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón hicieron un llamado al Senado a no aprobar la nueva legislación.
En un oficio dirigido al senador panista Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva del Senado, Tlachinollan expresa su “total rechazo al contenido de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre”. general Cienfuegos Zepeda reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares, proporcionándoles atención médica, sicológica y tanatológica.
También pide que los afectados sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas y que la Sedena colabore en las denuncias que la CNDH presente ante la Procuraduría General de la República y ante el órgano interno de control de la propia secretaría para la investigación de los hechos; entre otros exhortos.