Comparecen 10 de 21 que buscan liderar la Fepade
En las próximas horas, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, renunciará a su cargo para buscar la candidatura del PRI al gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con fuentes cercanas al tema, esto ocurrirá unas horas después de que el tricolor lance de manera oficial su convocatoria para elegir a su abanderado para el gobierno de la capital del país.
Ayer, en entrevista televisiva, el funcionario señaló que el PRI tiene en José Antonio Meade a un aspirante presidencial “honesto y con experiencia”, a quien podría apoyar si es requerido. Sin embargo, no descartó que él mismo pueda registrarse como candidato a gobernar la CDMX.
A la pregunta de si se le podrá ver como abanderado a la jefatura de Gobierno, contestó: “probablemente. En estos días podría haber definiciones. Yo estoy muy ilusionado y espero estar donde más pueda ayudar”.
Enfatizó que vive en la capital desde hace 42 años, “y vemos también grandes áreas de oportunidad de crecimiento en nuestra querida Ciudad de México”.
Cuando se le cuestionó qué tan cercanamente se veía como aspirante, respondió: “muy cercanamente, sí. Vamos a ver qué pasa, en definiciones estamos muy atentos”.
Mikel Arriola es licenciado en derecho por la Universidad Anáhuac y tiene una maestría en políticas públicas por la London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra, así como un posgrado del mismo nivel en derecho por la Universidad de Chicago.
Ocupó diversos cargos en Financiera Rural, Banrural y la Secretaría de Hacienda, además de haber sido titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, antes de su nombramiento como director del IMSS, en 2016.
Tras el anuncio de Arriola, la Asamblea Legislativa de la capital también fue escenario de destapes y autodestapes ayer, en improvisadas conferencias de prensa de algunos legisladores del tricolor.
La diputada Cynthia López Castro, por ejemplo, manifestó su respaldo al secretario de Salud federal, José Narro Robles, para competir por la candidatura.
Más tarde, el coordinador de la bancada, Israel Betanzos Cortés, anunció que respaldará a su compañero de bancada Adrián Rubalcava Suárez, ex perredista y ex delegado de Cuajimalpa.
Casi en seguida, el mismo Rubalcava se presentó para confirmar su intención de postularse, aunque señaló también a Betanzos como posible precandidato. La convocatoria establece que los aspirantes del PRI deberán registrarse el próximo día 15. Ayer comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado los primeros 10 de 21 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Los candidatos coincidieron en que se debe aplicar la ley para fortalecer la confianza social y la legitimidad electoral, que el Congreso eleve las penas en materia de delitos comiciales o bien, sean considerados como graves.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández fue descalificado del proceso de selección en virtud de que se encuentra fuera del país y pidió que su presentación ante la comisión se realizara a través de Skype, petición que fue rechazada por la comisión, por lo que sólo comparecieron 10 de los 11 previstos.
Tomás Cantú López, abogado y académico de 82 años de edad, desahogó su ensayo en sólo 10 minutos y los senadores no le formularon preguntas.
Finalista del proceso anterior
Héctor Marcos Díaz-Santana, quien hace tres años fue finalista entre los examinados para ser titular de la Fepade, dijo que su compromiso “es aplicar la ley con energía, sin distinciones partidistas, sin temores y con eficacia. Un paso en falso en la Fepade podría abonar a la crispación del ambiente político. Un paso en firme debería fortalecer la confianza social y la legitimidad electoral”.
Resaltó que hay más de 4 mil expedientes en rezago en la fiscalía, lo cual, subrayó, es grave, ya que en 2006 existían 336.
Mario Enrique Velazco destacó que “de nada sirve el marco legal si no tiene mayor severidad”, por ello, abundó, la labor de los legisladores es hacer que los delitos electorales sean considerados graves.
A su vez, Blanca Ivonne Olvera Lezama resaltó que en 2016 se iniciaron mil 596 carpetas por mes, de la cuales 32 se concluyeron, por lo que quedan mil 443 pendientes. Ese es el rezago.
Planteó la necesidad de incrementar tres veces más el estado de fuerza de los ministerios públicos y siete veces los policías de investigación. Si el presupuesto asignado a la Fepade es de 170 millones de pesos, tendría que triplicarse a 480 millones para enfrentar el grave problema “de rezago que enfrentamos”.
También fueron examinados Raúl Arroyo González, Omar Diego Terrón Barranco, Ricardo Suro Gutiérrez, Karla Mendoza Morales, Laura Angélica Borbolla Moreno y Augusto José Isunza Padilla.