De frío y hambre, fallecen 4 niños y 2 adultos desplazados de Chalchihuitán
Más de mil personas están en el monte, amenazadas por grupos paramilitares
De frío y de hambre, cuatro niños desplazados han muerto la última semana en los helados parajes de Chalchihuitán, Altos de Chiapas. También fallecieron dos adultos, según reportó el presidente municipal de ese municipio, Martín Gómez Pérez. Más de mil personas permanecen en el monte, pernoctando en cuevas o bajo los árboles, fuera de sus localidades, por temor a las amenazas de muerte de grupos paramilitares que, según denunció el edil, fueron armados por la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez.
Uno de los pequeños fallecidos tenía tres días de nacido. Su madre lo parió a la intemperie. Los otros eran menores de cuatro años. También han muerto dos adultos los últimos días. En esa zona montañosa las temperaturas bajan a cerca de cero grados durante la noche y al amanecer.
El sábado llegaron a la parroquia de Simojovel los ex presidentes y agentes municipales de Chalchihuitán para hablar con el presbítero Marcelo Pérez y para hacer la denuncia. “No tenemos ni con qué atender a la gente. No hay medicina ni alimentos, y hay muchos enfermos porque llevan ya casi dos meses viviendo fuera de sus casas. Ni siquiera tenemos medios para trasladar a los más graves, porque los caminos siguen bloqueados”, informó a este diario el presidente municipal en entrevista telefónica.
Los niños fallecidos eran de las localidades de Pom, Canaluntik y Telmut. A la fecha, los pobladores de esos sitios siguen desplazados, igual que de Bolonchojón, Cruztón y tres parajes más. “Es bastante triste e injusto lo que está pasando. Ya no sé ni qué hacer. No tenemos ayuda, nadie nos escucha”, expresó Gómez Pérez.
La semana pasada el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el presbítero de Simojovel, Marcelo Pérez, denunciaron que a raíz del asesinato de un tzotzil de Chalchihuitán, Samuel Pérez Luna, el 18 de octubre, miles de personas huyeron de sus casas. Hasta hace pocos días sumaban ya cerca de 5 mil personas desplazadas.
Medios locales han asegurado en días recientes que los desplazados ya habían retornado y que las carreteras que comunican a los pueblos de Chalchihuitán con San Cristóbal de las Casas ya están despejadas. “Eso es mentira. Seguimos secuestrados en nuestras comunidades. En estos momentos desde Panajó y Nichcacanam se escuchan disparos de alto calibre”, aseguró el presidente municipal.
El pasado 4 de diciembre pobladores y autoridades de las comunidades sitiadas de Chalchihuitán se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez para denunciar la situación y pedir audiencia con el gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello. “Pero no nos recibió. Perdone lo que voy a decir, pero el señor gobernador me trata como a un perro. Sólo hemos podido hablar con unos licenciados y unos ingenieros que únicamente dicen, pero no le dan atención a la gente”.
Un viejo conflicto limítrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó ha generado durante años conflictos en la zona. El próximo 15 de diciembre el tribunal agrario deberá resolver sobre el control de cerca de 900 hectáreas en disputa. “Según dicen los de Chenalhó, si el fallo no les favorece nos van a ir a matar. Vivimos con esa amenaza”.
El 16 de noviembre pasado, en una mesa de negociaciones, la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez, del Partido Verde y allegada al gobernador, se comprometió a ordenar el desbloqueo de las carreteras, que se mantienen bajo control de cerca de 200 hombres armados. Sostiene el alcalde: “Pero nada de eso se cumplió. Al contrario, cada vez son más las balaceras y luego nos dicen que no hay desplazados. Nosotros no estamos inventando nada”.
El 10 de diciembre, en la reunión realizada en Simojovel, los ex presidentes municipales, agentes y autoridades de Chalchihuitán acordaron exigir al gobierno de Chiapas que “a más tardar pasado mañana, 12 de diciembre, se abra el paso de las carreteras a San Cristóbal”. odo comenzó en una soleada tarde de julio de 2015, cuando José García, indocumentado mexicano, encontró una pistola cubierta por una manta abandonada en una banca de un céntrico jardín de la ciudad de San Francisco, California. El arma se disparó accidentalmente en el momento en que José la levantó. Para mala suerte de él, el proyectil rebotó en el pavimento e impactó a una turista que murió a los pocos minutos.
El fiscal acusó al señor García de asesinato en primer grado, pero después de casi dos años de litigio la defensa probó que el hecho fue accidental, por lo que el jurado lo absolvió. Ante la evidencia, el fiscal decidió no apelar del fallo. Sin embargo, el juicio cobró atención nacional debido a que Trump, con su habitual desparpajo, comentó sobre un hecho del cual desconocía los detalles. Además, mintió asegurando que José García había disparado intencionalmente el arma por lo menos cinco veces. Anteriormente García había sido detenido en diversas ocasiones, pero atendiendo a la política de no cooperación con las autoridades migratorias fue liberado por la policía. El hecho lo aprovechó Trump para criticar la política de ciudades santuario y decir que el juicio y el fallo habían sido una farsa y atacar nuevamente a las autoridades de San Francisco por su política de “proteger criminales”.
Esta serie de actos se enmarcan en la decisión que el Congreso de EU tendrá que tomar próximamente respecto de los 800 mil jóvenes conocidos como dreamers, cuya situación migratoria pende de un hilo. Parece haberse complicado por la necia obstinación de Trump de culpar a todos los migrantes de los problemas de justicia en el país, sin la menor prueba de ello.
Al igual que en otras graves decisiones en materia política, económica y social, Trump ha decidido cumplir con sus funestas promesas de campaña, una de ellas deportar a todos los indocumentados, para ganar el voto del sector más reaccionario de la sociedad. Lo más grave es que, no obstante la evidencia de lo aberrante de esas promesas y su decisión de cumplirlas, 80 por ciento de republicanos continúa apoyándolo. Peor aún: la mayoría de los legisladores de ese partido en el Congreso se han sumado a ese apoyo sin el menor rubor, a pesar del daño que están causando y la profunda ruptura que han ocasionado al tejido social de la nación.