Alianza electoral y proyecto de ley reprobado por la sociedad

o obstante los pronósticos adversos, el Frente Único se inscribió ya ante el INE como alianza de: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, bajo el nombre de Por México al Frente como coalición de los tres partidos para competir en las elecciones de 2018.

Debemos decir que seguramente este acuerdo no fue fácil, y así lo manifestaron los representantes de los tres partidos: Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado. Pero el hecho es que lo que parecía imposible se llevó a cabo, al menos hasta esta fecha. ¿Y las candidaturas, sobre todo la más importante, la presidencial? Pues todo indica que hubo un acuerdo previo de los tres partidos para que el elegido presidenciable fuera Ricardo Anaya, del PAN, seguramente por tratarse del partido con mayor estabilidad y fuerza de los tres.

Vale la pena subrayar que el precio más alto fue pagado, hasta el momento, por Miguel Ángel Mancera, quien ha venido repitiendo su decisión de participar en la justa presidencial de 2018, pero que el enfoque de su partido lo ha dejado fuera, por lo pronto, no obstante su disposición a competir con Anaya del PAN, aunque esto parece particularmente difícil puesto que todo indica que se trata de un acuerdo formal ya pactado por los tres partidos. El hecho es que Mancera optó por ahora por la disciplina partidaria, seguramente con suficientes razones válidas.

Se configuran ya, pues, las principales candidaturas presidenciables para 2018, que serían la de Andrés Manuel Lopez Obrador, de Morena; la de Ricardo Anaya, del PAN, y la de José Antonio Meade, del PRI. Según las encuestas hasta ahora, en realidad sería una competencia cerrada entre el candidato de Morena, AMLO, y el de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. Pero, claro está, tal panorama tendrá probables derivados adicionales, por ejemplo, el desprendimiento de sectores del PRD en favor de Morena y tal vez del propio PAN en favor del PRI (¿?).

Lo que resalta más en estas encuestas recientes es el práctico abandono de la intención de voto en favor del PRI, hasta quedar relegado a un lejano tercer lugar, que no parece recuperable de ninguna manera con la candidatura de José Antonio Meade, por más que el aparato publicitario del gobierno pretenda ofrecerlo a la opinión pública envuelto en un papel de china que lo presentaría como un intelectual o al menos como un tecnócrata excepcional que debería ser votado por la ciudadanía. Todos los síntomas hasta el momento indicarían que muy pocos se tragan esas ruedas de molino, y que este intento de recuperación será rotundamente fallido. A menos de que tenga razón la encuestadora Mitofsky cuando dice que el PRI se encuentra hundido, en opinión de una gran mayoría de mexicanos, pero no en la realidad de su voto en las urnas, que seguiría a la cabeza del resto de los partidos, sobre todo en las elecciones presidenciales.

Pero además de estas realidades electorales que parecen configurar de manera importante la elección de 2018, sobre todo a escala presidencial, otros asuntos de gran importancia han llenado también las columnas de opinión de los periódicos nacionales. Entre ellos, tal vez el más importante sea el que se refiere a la ley de seguridad interior, de iniciativa presidencial, y que, habiéndose aprobado por la Cámara de Diputados, está en manos del Senado para su estudio y resolución. Pues bien, esa polémica ley ha levantado un verdadero vendaval de opiniones y contraopiniones, y parece concentrar la oposición en una frase: la ley significaría la militarización del país, antecedente de un paso al establecimiento de un régimen dictatorial. Repito, por eso ha tenido la virtud de unificar a la oposición, y no solamente a éstos, sino a todos aquellos que tienen la virtud y los conocimientos para hacer reflexiones de índole jurídica en estricto sentido, que en este caso se empatan con la posición democrática, también en sentido estricto.

Por eso fueron tan importantes los discursos en Los Pinos, ante el presidente Peña Nieto, de Miguel Álvarez Gándara, en ocasión del muy merecido reconocimiento a su tarea como luchador social para que se respeten siempre los derechos humanos y las posiciones de avanzada (ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017), y el del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quen sostuvo que la seguridad “no se logrará con una ley como la que actualmente se debate en materia de seguridad interior”, sino al contrario, según lo demuestra ya la práctica de más de 10 años en el país, sería la fuente de más violencia y de la multiplicada violación en México de los derechos humanos. Como respuesta a estos reclamos, el Presidente exhortó al Senado a entrevistarse ampliamente con representantes de la sociedad civil con el fin de incluir sus puntos de vista en la versión definitiva de la ley, enriqueciéndola así. El problema es que no parece haber suficiente tiempo para realmente incorporar los puntos de vista críticos sobre la ley, aun suponiendo buena fe en el Senado, críticas que se sitúan en las antípodas de la actual redacción aprobada por la Cámara de Diputados.

En todo caso, vale la pena resaltar el valor extraordinario de las intervenciones de Miguel Álvarez Gándara, y del ombudsman, que han hecho, a lo que parece, reflexionar mínimamente al mismo Presidente de la República, que recibió la versión que se discute de su iniciativa de ley del propio Ejército Mexicano. Lo cual parece claro, ya que implica la militarización de México, apenas modulada, si es que lo es, por el Ejecutivo federal.

Un saludo fraterno a Miguel Álvarez y nuestra admiración siempre repetida por un hombre de una pieza que no se deja doblegar jamás. ¡Un servicio más a la República por parte de Serapaz, que él fundó y dirige!

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