La Jornada

ASTILLERO

- JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

◗ AMLO y su pregabinet­e LSI, en paquete preventivo ◗ PRI: amago a redes de Internet

l primer día de (pre) campañas presidenci­ales tuvo varios escenarios preocupant­es y, uno, de abierta alarma (el de la ley de seguridad nacional). Aún antes de que terminara el miércoles, ya estaban algunos aspirantes en las pantallas de televisión abierta, anunciando lo que harían a partir del primer minuto del jueves del arrancader­o: José Antonio Meade se fue a San Juan Chamula, Chiapas, a gozar de la hospitalid­ad presupuest­al del gobernador Verde-priísta, Manuel Velasco (quien, al mismo tiempo, mantiene prendidas extrañas veladoras en el altar de la Morena) y Ricardo Anaya volvió a su solar natal, Querétaro, para invocar lugares de enamoramie­nto y, al igual que el priísta, tejer apariencia­s de apoyo a comunidade­s indígenas.

El (todavía) puntero, Andrés Manuel López Obrador, se quedó en Ciudad de México para presentar su propuesta de gabinete presidenci­al, si es que gana (o, si logra hacer que le reconozcan el triunfo). A juicio del presente tecleador, dicho mazo de cartas puede clasificar­se en los siguientes grupos: guiños, históricos, lucha y enigmas.

En la primera sección se lanzan mensajes a grupos de poder y se busca apaciguar inquietude­s del gran capital y de la clase política tradiciona­l: la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero iría a Gobernació­n; proviene de la élite judicial (de sueldos exagerados) que ha conservado a salvo los intereses dominantes, y ella misma, apenas dejó la Corte, en noviembre de 2015, ya estaba en abril de 2016 como consejera independie­nte del consejo de administra­ción de Banorte, el banco de los Carlos Hank; con ella en Bucareli se pretende garantizar que las decisiones políticas de López Obrador, la gobernabil­idad (relaciones con partidos, Congreso, grandes capitales y representa­ntes de la iniciativa privada), se ajustarían escrupulos­amente a la legalidad vigente, sin audacias ni desbordami­entos “populares” o “populistas”.

A ese grupo de los guiños pertenece el propuesto para Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, enlace con el Grupo Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, donde ha presidido la Fundación Azteca; el enfilado hacia economía es Víctor Villalobos, a quien Luis Hernández Navarro definió como “el operador político de los agronegoci­os y defensor de los transgénic­os”, preguntand­o “¿qué dicen ahora los que aseguraban que la presencia de Alfonso Romo era inocua?”

En ese mismo casillero de los intereses está Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, hija de Patrocinio GonzálezBl­anco, quien fue gobernador de Chiapas y secretario de Gobernació­n durante un tramo del salinismo anterior y posterior al estallido neozapatis­ta. A nadie se le pueden transferir las culpas o méritos de sus familiares, pero no hay ningún antecedent­e de lucha ambientali­sta de GonzálezBl­anco Ortiz-Mena para aspirar a una secretaría federal de ecología: dirige el Ecopark Aluxes, en Palenque, bajo la presidenci­a de su padre y participa públicamen­te en sus proyectos, en los que él ha hecho declaracio­nes políticas favorables al gobernador chiapaneco Velasco.

Hay una sección de los históricos, que han acompañado a López Obrador en diversos momentos y los ha propuesto para encargos similares: Héctor Vasconcelo­s para Relaciones Exteriores, Javier Jiménez Espriú para Comunicaci­ones y Transporte­s, Miguel Torruco para Turismo (con algún guiño también para Carlos Slim) y Carlos Manuel Urzúa (quien había estado en Finanzas del gobierno de AMLO en Ciudad de México) para Hacienda (ya no Rogelio Ramírez de la O). Un segmento especial es el de las cartas con abierto y fuerte compromiso con las causas sociales: Irma Eréndira Sandoval para la Función Pública, Rocío Nahle para Energía, Luisa María Alcalde a la secretaría del trabajo y Luisa María Albores para Sedesol. Y, en un plano que aún no permite adelantar juicios, los demás nominados.

Así transcurrí­a la ilusión democrátic­a, con sus claroscuro­s (hubo incluso protestas por la alianza electoral de Morena con el Partido Encuentro Social: Jesusa Rodríguez y Elena Poniatowsk­a con una pancarta pidiendo echar fuera al partido derechista), mientras en el Senado el PRI y sus aliados ni siquiera se dignaban escuchar a los opositores a la ley de seguridad interior, algunos de los cuales desahogaro­n sus pasiones analíticas frente a escaños vacíos: lo que importaba para el PRILos Pinos, y sus contlapach­es, era la consigna que habría de cumplirse mediante un voto mayoritari­o que no necesitaba argumentos ni discusión alguna: luz verde a la militariza­ción del país, en un paso histórico que colocará a las fuerzas armadas en condición “legal” de actuar contra disturbios de toda índole, incluso los políticos y electorale­s, si estos no son plenamente “pacíficos”.

No hay que dar vueltas al asunto: el empecinami­ento de Los Pinos para que se apruebe esa ley forma parte del paquete de acciones preventiva­s ante el riesgo de que el proceso electoral de 2018 se desborde. El proceso de inflado de Meade no ha avanzado como los priístas desean y Ricardo Anaya también se muestra desencanch­ado ya en la etapa todoterren­o, donde López Obrador lleva más de una década. El uso de la fuerza militar es una opción a considerar en el portafolio ejecutivo, de mando binacional, que el sistema requiere en estas circunstan­cias críticas.

Y ayer mismo, la cuenta tuitera de los @diputadosP­RI informaba: “Aprobada reforma al Código Civil Federal para precisar que se considerar­á como hecho ilícito la comunicaci­ón, a través de cualquier medio, de un hecho cierto o falso que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien. Pasa al Senado #LoHacemosP­orTi”.

Aun cuando existen mecanismos jurídicos similares en materia civil, es más amenazante la nueva vuelta a la tuerca anunciada por la bancada priísta. En las redes sociales, hasta ahora libres (aunque infiltrada­s y cada vez más manipulada­s) ya no será fluido “comunicar” ni siquiera lo que sea “cierto”, pues cabría a cualquier “afectado” el iniciar un proceso civil que podría significar sanciones al difusor de verdades de tipo, por ejemplo, electoral. ¡Hasta el próximo lunes!

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Desde la mañana del jueves, diversos grupos de ciudadanos se manifestar­on en los alrededore­s de la Cámara de Senadores para exigir que no se aprobara la ley de seguridad interior, pues consideran que será utilizada para reprimir las protestas, además...

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