Marchan en Juárez para protestar contra la “militarización del país”
“Traidores, los legisladores que aprobaron la ley en la materia”
Activistas de organizaciones sociales, entre ellas Resissste, la Asamblea Popular Paso del Norte y el Comité Independiente de Derechos Humanos, así como integrantes del partido Morena marcharon ayer por la mañana en esta ciudad para manifestar su rechazo a la recién aprobada Ley de Seguridad Interior y la “consecuente militarización del país”.
Los manifestantes se concentraron en el parque Borunda, luego pasaron a las oficinas de la senadora Lilia Merodio, que votó en favor de la ley, y posteriormente se dirigieron hacia al puente internacional Paso del Norte donde interrumpieron la circulación y entregaron a las personas que circulaban a pie y en automóviles volantes donde catalogan de “traidores a los priístas y sus compinches panistas y de otros partidos que creen que con esta absurda ley su impunidad está garantizada”.
Un activista dijo que el propósito de la ley es “violar la Constitución, ya que existen avances de 2012 donde se reconocen los derechos humanos. La experiencia que tuvimos con el experimento que hicieron al militarizar Juárez es que la gente tuvo miedo y terror, palabras que repetían en las encuestas que les aplicaban”.
Las mujeres que participan en organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos de género explicaron que de acuerdo con estudios realizados, la militarización trajo más violencia contra ellas, porque aparte de manoseos durante las revisiones, crecieron las desapariciones forzadas, los homicidios, delitos de trata y feminicidios.
Los manifestantes recordaron que la recién aprobada ley representa un peligro para los ciudadanos, debido a que los militares pierden el control. Dijeron que Gustavo de la Rosa Hickerson, ex visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documento solamente en 2009 la comisión de mil 150 violaciones en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua, y se calcula que durante la presencia militar en Juárez se dieron al menos 5 mil allanamientos de viviendas sin la autorización de un juez.