Habrá más protestas por cobros ilegales de la CFE
SHCP pagará cartera vencida: ANUEE
Existen otras formas de muerte violenta de las mujeres que de acuerdo con especialistas deberían ser investigados mediante los protocolos de feminicidio, para descartar que haya sido debido a razones de género. El suicidio es una de ellas, refiere el estudio Violencia Femincida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2016.
De acuerdo con el informe presentado el miércoles pasado, este flagelo ha ido a la alza, pues mientras que en 1990 la tasa de defunciones femeninas con presunción de suicidio era 0.6 mujeres por cada 100 mil, en 2016 subió a 1.9, peor aún en 2014 y 2015, cuando tuvieron su punto más alto, al registrar 2.
Chihuahua presenta los niveles más altos de suicidio femenino, poco más de cinco por cada 100 mil mujeres, seguido de Campeche y Aguascalientes con cerca de los cuatro, Yucatán, Jalisco y Quintana Roo están en tres por cada 100 mil mujeres, cuando el promedio nacional es de 1.87. En el extremo opuesto se encuentra Veracruz, con la tasa más baja de menos de 1.
En el documento se señala que esta tendencia al alza genera una serie de interrogantes acerca de sus causas, pero también pone en evidencia la necesidad de diseñar políticas y programas que atiendan la salud mental de las mujeres que han padecido violencia. “Es también muestra de la existencia de un contexto generador de violencia feminicida”, expone.
Otro fenómeno preocupante, que refiere el informe, es la desaparición de mujeres. “Ésta puede ser el preámbulo para un feminicidio”. No obstante, señala que un obstáculo para analizar y establecer la relación con la violencia de género “es la falta de información completa y adecuada”.
La proporción de mujeres desaparecidas pasa de uno de cada cinco casos en 2010 a dos de cada tres en 2017. En los datos compilados por el Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres y la Secretaría de Gobernación, se señala que en 2017 62 por ciento de los casos de personas no localizadas fueron mujeres.
Desde 2014 el aumento de casos ha sido superior a 10 por ciento, en ese año fue 30, para el siguiente, 41 y en 2016, 56 por ciento.
Las dependencias destacan que la información proporcionada en el informe “resulta esencial para tener una visión más completa de la violencia que sufren las mujeres y resulta muy útil para diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a la erradicación de la violencia de género”. La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) denunció que el gobierno federal se ha negado a cumplir los acuerdos que ambas partes firmaron en mayo de este año, a propósito de los cobros injustificados que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha realizado en diversos entidades, por lo que reiniciarán las movilizaciones de protesta.
Durante un mitin con motivo del séptimo aniversario de la ANUEE –realizado en la explanada del Monumento a la Revolución–, Héctor Valadez, integrante de la coordinación de dicho movimiento, recordó que desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en 2009, la CFE ha exigido cobros en varias comunidades, sin que exista un contrato de por medio con dicha empresa.
“Son cobros ilegales, porque no tenemos contrato con ellos, y la mayoría de los recibos llega con medidas estimadas, no reales. Hemos presentado más de 100 mil quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, no porque no queramos pagar, sino para que nos digan con quién vamos a firmar un contrato legal”, explicó el activista.
Valadez recordó que el pasado 23 de mayo, la CFE aceptó firmar un acuerdo con la ANUEE –luego de que ésta realizara un plantón de más de 46 días frente a la sede de la compañía–, en el cual se comprometía a colocar todos los adeudos de los usuarios inconformes en una cartera vencida, la cual sería pagada íntegramente por la Secretaría de Hacienda.
De igual forma, dijo que permitiría la firma de contratos para regularizar los cobros, y que aquellos podrían celebrarse con la CFE o con cualquier otra empresa que eligiera la ANUEE, que en este caso fue la compañía Subase, integrada por ex trabajadores de LFC.
“Otro acuerdo fue dejar de presionar y hostigar a los usuarios con cortes de luz y con cobros realizados mediante intimidaciones de bufetes jurídicos, que mandan cartas donde dicen que van a meter a los deudores al buró de crédito. Ninguno de los acuerdos se cumplió; sólo querían que se levantara el plantón porque ya venían las elecciones en el estado de México”, denunció Héctor Valadez.
Ante dicho escenario, “lo que nos queda es intensificar la movilización, tendiendo puentes con otros movimientos que tiene el mismo problema que nosotros, y que luchan contra las políticas neoliberales, defendiéndose con ello el territorio y la vida en este país”, los cuales están amenazados por diversos megaproyectos, como minas y presas.