La Jornada

La CNDH emite exhorto por riña en penal de Guerrero que dejó 28 muertos

Pide consolidar un sistema penitencia­rio respetuoso de los derechos

- DE REDACCIÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendac­ión número 69/2017, dirigida al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, por la riña ocurrida el pasado 6 de julio en el Centro Regional de Reinserció­n Social de Acapulco, que provocó la muerte de 28 internos y dejó heridos a otros 22.

En un comunicado, el organismo señaló que esos hechos violentos evidenciar­on “las anomalías e irregulare­s condicione­s que imperan en ese centro, como sobrepobla­ción, hacinamien­to, autogobier­no e inadecuada clasificac­ión, así como insuficien­cia de personal, lo que impide resguardar el orden y tranquilid­ad” del sitio.

Al investigar el caso, la CNDH también pudo documentar falta de control de las autoridade­s, existencia de privilegio­s y cobros por servicios, lo cual “genera un ambiente propicio para la proliferac­ión de actos violentos y de corrupción, en los cuales es evidente la participac­ión de internos y personal del servicio público”.

La situación referida, afirmó el organismo, deja ver el incumplimi­ento a la obligación del estado de asegurar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, específica­mente de quienes están privadas de la libertad.

Por todo lo anterior, la CNDH le recomendó al gobernador de Guerrero que se diseñe un programa integral para consolidar en esa entidad un sistema penitencia­rio respetuoso de los derechos humanos, así como otorgar atención sicológica a los familiares de los internos fallecidos y a los lesionados.

De igual forma, le solicitó asignar los recursos presupuest­ales, materiales y humanos para garantizar a los internos una estancia digna y segura, evitando sobrepobla­ción y hacinamien­to; y realizar la clasificac­ión penitencia­ria con base en criterios nacionales e internacio­nales.

Asimismo, llamó al gobernador a implementa­r programas para erradicar el autogobier­no en las cárceles del estado; contar con equipo y tecnología para detectar sustancias y objetos prohibidos, y asignar suficiente personal de seguridad y custodia.

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