ONU y AI se suman a llamados para que se vete la Ley de Seguridad Interior
“Si el Ejecutivo no hace caso, se deberá recurrir a la Corte”
Un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación del Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será “observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país”.
Esto se da como respuesta a la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Seguridad interior, la cual, demandaron, debe ser vetada por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
Las organizaciones que conformarán el observatorio son: Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Confiaron en que otras instancias a escala global se sumen a este esfuerzo.
“La aprobación de la ley de seguridad interior, que se concretó la semana pasada en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedente y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos”, manifestaron anoche en un posicionamiento en el que anunciaron la iniciativa de creación del observatorio.
Esta normativa “es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes. La creación del Observatorio Internacional –una coalición permanente de organizaciones de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica– servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar a nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a los crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.
El observatorio, señalaron, también buscará mantener el diálogo con autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional. “Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le está observando”, afirmaron. Los llamados nacionales e internacionales contra la Ley de Seguridad Interior recaen ahora sobre el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
Por separado, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y Amnistía Internacional (AI) exhortaron al mandatario mexicano a vetar dicha ley, al considerar que representa un riesgo para la vigencia de las garantías fundamentales.
Mediante un comunicado, la ONU-DH subrayó que Peña Nieto tiene la posibilidad de materializar su propio llamado (para ampliar el diálogo en torno a la norma) y evitar su entrada en vigor. “El Presidente puede atender el respetuoso exhorto formulado por la CNDH y otros actores, y realizar observaciones al proyecto de ley”.
En caso de que el mandatario no atienda esos llamados, y la ley se promulgue, el organismo internacional alentó a los actores legitimados a interponer acciones
Indicaron que lejos de abordar “la impunidad generalizada de crímenes atroces”, incluidos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “a efecto de que sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado mexicano”.
La ONU-DH reiteró su desaprobación a la entrada en vigor de esta nueva norma, “que consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país”. Lamentó que el Congreso la aprobara la semana pasada sin un debate real sobre su necesidad y contenido, pese al inédito consenso nacional e internacional en contra.
El organismo reiteró la necesidad de que el Estado mexicano ponga en práctica medidas que atiendan realmente la crisis de violencia que vive el país, combatan las graves violaciones de los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, derechos humanos y erradiquen la impunidad que reproduce la criminalidad.
Acciones a tomar
El ombudsman nacional enfatizó que si Peña Nieto desoye los exhortos que se han expresado en distintos sectores nacionales e internacionales para vetar la ley, la CNDH hará uso de su atribución constitucional e interpondría ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad.
En entrevista tras la presentación de un informe sobre migración, dijo que el organismo a su cargo sí escuchará las voces de todos los sectores –no como evitó hacerlo el Congreso– con el propósito de ofrecer argumentos para la inconstitucionalidad.
“Vamos a tomar en cuenta lo que muchos actores han señalado, nada menos que la Universidad Nacional Autónoma de la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles.
“Durante los pasados 10 años esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México”, señalaron.
Enfatizaron que la Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos.
“En los pasados 10 años la estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil”
México y su Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Universidad Iberoamericana y la de Guadalajara, así como varias organizaciones de la sociedad civil.”
Planteó que el tema de la seguridad en el país no se agota en una ley. “Que nos respondan a la sociedad mexicana si esto resuelve el tema de la seguridad. Lo que buscamos es tener un espacio más amplio para construir esta norma, como se hizo con la de personas desaparecidas: de la mano de la sociedad”.
El secretario general de AI, Salil Shetty, envió una carta al mandatario mexicano en la que manifestó su preocupación por esta normativa, que aumentará las violaciones a los derechos humanos, dijo, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, y que sólo regulariza una estrategia de seguridad que en 10 años ha demostrado su fracaso.