Por qué con el PES

l Partido Encuentro Social ha vivido a la sombra del régimen oligárquico y le ha resultado útil como franquicia electoral. Además, su programa es reaccionario, neoliberal e inaceptable en términos generales desde cualquier perspectiva de izquierda y de género y manifiestamente contrario a los derechos sexuales y reproductivos. Más aún, suele darse por hecho que mantiene vínculos con el secretario de Gobernación y frustrado aspirante presidencial priísta, Miguel Ángel Osorio Chong. Tales datos tenían que ser más que suficientes para que el anuncio de la alianza electoral entre esa fuerza y Morena en torno a la precandidatura de López Obrador haya generado un severo malestar en las filas de la segunda y en el variopinto entorno de simpatizantes del tabasqueño, desde los moderados más tenues hasta los radicales más acentuados; y desde luego, el pacto electoral Morena-PES ha dado munición a los detractores de siempre de AMLO, los que están siempre a la espera de cualquier hecho real o fabricado para atacarlo o pitorrearse. Y con honestidad intelectual o sin ella, proliferan las críticas, desde las de raíz ideológica hasta las pragmáticas: “resta más votos de lo que suma”.

No hay forma de saber cuántos votos vaya a restarle la alianza a la candidatura presidencial de Morena, pero hay bases para determinar cuántos va a sumarle: en la última elección federal, el PES obtuvo un millón 319 mil sufragios, procedentes, en su mayor parte, de regiones y estados en los que la estructura morenista es débil y precaria. ¿Y a cambio de qué? De 75 candidaturas a la Cámara de Diputados pero no, ciertamente, de una modificación de la plataforma de gobierno.

Sintetizada al máximo, la propuesta presidencial lopezobradorista plantea el escrupuloso cumplimiento de las leyes, el respeto a garantías constitucionales, libertades y derechos humanos y el apego a los principios democráticos; el retorno de la política exterior a los ejes de la no intervención, la autodeterminación y la dignidad nacional; el combate frontal a la corrupción; la supresión de fueros y privilegios; la descentralización de la administración federal; la reactivación del campo, la atención a los pueblos indígenas y la autosuficiencia alimentaria; la rehabilitación del sector energético nacional; la disciplina fiscal, la congelación fiscal y la reconstrucción; la supresión del turbio negocio del NAICM; el acceso libre a Internet en sitios públicos; la creación de una zona franca en la frontera norte y programas de desarrollo en la Península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, con respeto a los derechos colectivos y el medio ambiente; el acceso garantizado y efectivo de los jóvenes al estudio y al trabajo; el establecimiento de la pensión universal para adultos mayores; la suspensión de la reforma educativa y un acuerdo entre autoridades, padres/madres y maestros para mejorar la enseñanza; atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población; fomento de la cultura y del deporte; un mando único y coordinado para abatir la inseguridad y la violencia, y poner a debate la posibilidad de amnistiar a infractores susceptibles de readaptación.

Muchos en la izquierda consideramos que este programa es insuficiente y que, aunque sea lo más que puede hacerse en la circunstancia nacional actual, su cumplimiento significaría, para todo efecto práctico, el fin del régimen oligárquico y mafioso y establecería un terreno muy propicio para desarrollar (y ganar) causas y luchas sociales cuyas reivindicaciones no están incluidas en la plataforma; nadie, por lo demás, niega que este programa es diametralmente opuesto a las prácticas gubernamentales de Calderón y Peña Nieto, y para los sectores mayoritarios de la población, representa un horizonte de vida después de 12 años de pudrición, miseria, violencia y muerte. Por las razones que sea, los dirigentes del PES –quienes tengan curiosidad tendrían que preguntárselas a ellos– se comprometieron a respaldar ese programa.

¿Habrá fraude? Todo apunta a que sí, y que para hacer respetar la voluntad popular y las distorsiones fraudulentas será necesario ganarle a la candidatura del régimen por un margen amplio. Un millón 319 mil votos es menos que los 5 millones de sufragios comprados por el PRI para imponer a su muñeco en 2012 después de una aplastante campaña de posicionamiento televisivo, pero es mucho más que los 243 mil 934 votos robados con los que Calderón se incrustó en Los Pinos y en la circunstancia actual, con las débiles fórmulas de recambio del régimen (en su variante priísta pura o en la del frente PANRD) podría resultar crucial para ganar la Presidencia, sin desvirtuar el programa que se pretende aplicar desde ella.