La ley de seguridad viola derechos de niños y adolescentes, afirma la Redim
Menores de edad, entre 25 y 30% de víctimas de la guerra contra el
La organización civil se suma a las voces que demandan que Peña Nieto vete la nueva norma
La Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso es contraria a uno de los derechos fundamentales más relevantes que el Estado mexicano está obligado a cumplir a escala internacional: el interés superior de la niñez, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Señaló que entre 20 y 25 por ciento de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad en el país –aplicada desde hace más de una década y que se basa en la participación de las fuerzas armadas– son menores de edad.
Consideró que la regularización de la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública contraviene el artículo 4 de la Constitución mexicana, que ordena al Estado actuar bajo el interés superior de la niñez. Asimismo, agregó Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim, su contenido es contrario a varios convenios internacionales que protegen los derechos del sector.
Por ello, la Redim se sumó a los llamados al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a que vete la norma y convoque a un diálogo nacional que incluya la voz de infantes y adolescentes.
En una década de operación, la llamada guerra contra el crimen organizado ha dejado 234 mil personas asesinadas y más de 30 mil desaparecidas, de las cuales entre 20 y 25 por ciento son niños, niñas y adolescentes, afirmó Pérez.
Agregó que 72 por ciento de las desapariciones de menores de edad ocurrieron entre 2013 y 2017, esto es, durante el gobierno del presidente Peña Nieto; y de 2000 a 2015 hubo 16 mil 527 asesinados entre recién nacidos a 17 años de edad.
En nombre de la organización que dirige, llamó a cambiar “la fallida estrategia de lucha contra el crimen organizado, que incrementó homicidios, desaparición y violencia sexual en una década (…) Se ha minado la institucionalidad del Ejército al involucrarlo en numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y violaciones a los derechos humanos. Es un absurdo querer ofrecer institucionalidad a una estrategia equivocada”.
En sus observaciones finales para el Estado mexicano acerca de los exámenes periódicos cuatro y cinco en 2015, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas recomendó revisar la estrategia de combate al crimen organizado “bajo una óptica que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia, e implemente de manera efectiva el protocolo conjunto para la protección de los derechos de la infancia durante operaciones federales contra el crimen organizado por parte de órganos militares, de seguridad, de justicia o de desarrollo social”, lo cual, aseveró la Redim, no se garantiza con la aprobación de la ley.
Participación de soldados y marinos contraviene el 4º constitucional