Denuncia edil de Tultepec corruptelas en reconstrucción de mercado de pirotecnia
Un año y 43 muertos después, no pueden reanudarse las ventas
Herlinda Rosas Fiesco, de 85 años de edad, falleció el 28 de octubre de este año. Fue la última de las 43 víctimas mortales de la explosión del mercado de cohetes de San Pablito, ocurrida el 20 de diciembre de 2016. Un año después del accidente, artesanos y comerciantes de pirotecnia esperan permisos para reanudar sus ventas en los 300 locales construidos en el predio donde ocurrió el estallido.
‘‘Mi abuelita corrió, pero tropezó y quedó en el suelo’’, recuerda Yessi Bravo Urbán, quien logró salir de entre los puestos y llegar al estacionamiento del mercado, pero Herlinda, propietaria del local 247, fue alcanzada por las explosiones.
Herlinda vivió nueve meses de sufrimiento. Tuvo lesiones en tibia, peroné y clavícula. Le practicaron siete cirugías. En febrero pasado fue dada de alta, pero en junio regresó al hospital debido a una infección en una prótesis interna y en octubre falleció por una complicación pulmonar, al parecer derivada del humo inhalado en el accidente.
El gobierno estatal guardó silencio sobre este deceso. Hasta febrero pasado la cifra oficial era de 42 muertos y 62 heridos.
El gobierno estatal y el ayuntamiento construyeron 300 locales. Sin embargo, aún no cuentan con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la venta directa al público.
Los comerciantes lamentan haber perdido las ventas de 2017 por falta de permisos.
El alcalde Armando Portugez Fuentes recordó que 25 mil personas viven de la industria de la pirotécnica y que en temporada navideña las ventas suelen ser de más de 18 millones de pesos, que podrían perderse.
También pidió ‘‘cuentas claras’’ al gobierno del estado, el cual, insistió, no cumplió con el proyecto original del nuevo tianguis y que hubo gastos excesivos que no se reflejan en el inmueble.
Explicó que el ayuntamiento edificó 150 y el gobierno estatal la misma cantidad. ‘‘Fueron construidos con los mismos materiales y las mismas especificaciones; la diferencia es que a nosotros nos costaron 7 millones de pesos y al gobierno estatal, 35 millones’’, reveló.
Dijo que este caso amerita una auditoría, pues el gobierno estatal se comprometió a instalar una reja perimetral, una aduana, básculas para controlar la mercancía que ingresa, mecanismos de seguridad interna y corredor principal, pero nada de eso se hizo.
Los artesanos preparaban ayer una misa en una capilla construida en el nuevo mercado. ‘‘Oraremos por la salud de los heridos, pero también por la apertura de nuestros negocios’’, dijo un vendedor.