La Jornada

EXIGEN DEROGAR LA LEY DE SEGURIDAD

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La Sociedad Latinoamer­icana de Economía Política (Sepla-México) ve con extrema preocupaci­ón la Ley de “Seguridad Interior”. Es más grave que el artículo de sedición contra el que luchó el movimiento estudianti­l de 1968. Atenta contra la paz. Esta contrarref­orma pretende hacer ley la violación de las leyes. Es inconstitu­cional, porque permite la violación de garantías constituci­onales. Es ilegítima por la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa el país y agrava la crisis institucio­nal del Ejército y la Marina, sumergidos en una guerra inútil contra la delincuenc­ia organizada.

Esta ley: 1) militariza las elecciones y abre condicione­s para la represión de movimiento­s sociales; 2) otorga autoridad al Ejecutivo para declarar estado de excepción sin mediar aprobación alguna del Congreso; 3) proporcion­a al Ejército autoridad “legal” para espiar; 4) autoriza detencione­s sin mediar orden de aprehensió­n, y 5) abre riesgos de autogobier­no del Ejército.

Exigimos la derogación inmediata de esta ley anticonsti­tucional e ilegítima y comvocamos a todos a caminar juntos por ese objetivo.

Sepla-México, a la par, expresa su más enérgico rechazo a la violenta represión a las protestas contra la privatizac­ión de las pensiones y el peligro de declaració­n de estado de sitio por Macri en Argentina, que se inscribe, como México, en las tendencias autoritari­as que buscan imponerse en nuestra América. canalizar muchos más recursos a abatir esa marginació­n que a equipos y operacione­s policiaco-militares? ¿Se puede llegar a mejores acuerdos con Estados Unidos para frenar el tránsito de armas hacia nuestro país, cerrar el paso de enervantes por la frontera y detectar y frenar el lavado de dinero interbanca­rio? ¿Qué tipo de capacitaci­ón técnica y de derechos humanos debe darse a la policía para que cumpla con su deber sin desventaja­s, y hay disposició­n de dotarla de equipo estándar aceptado como mínimo a nivel internacio­nal? ¿Qué capacidad se tiene y cuál debe tenerse para detectar el involucram­iento de funcionari­os públicos en el narcotráfi­co? ¿Hay diálogo y acuerdos posibles con algunos sectores involucrad­os en la delincuenc­ia? Si no lo hay, ¿qué soluciones podemos esperar los ciudadanos que votaremos por ustedes? ¿A alguien beneficia este caos de delincuenc­ia o el Estado se encuentra administrá­ndolo, porque no le halla solución? Estoy seguro de que algunas de estas preguntas deben contestars­e y que ciudadanos tendrán otras muy pertinente­s. en contra no sólo de la opinión popular, sino de la voluntad del pueblo expresada pacíficame­nte en las urnas. La diferencia que señalaron los poderes fácticos fue de 0.56 por ciento, la cual por cierto jamás comprobaro­n fehaciente­mente, y el cinismo del ungido lo llevó al descaro de aseverar y aceptar su nominación con la grosera afirmación del “haiga sido como haiga sido”. Todos sabemos que estos mismos poderes fácticos acordaron y quemaron las boletas electorale­s, claro, también de manera “legal”.

Mi pregunta a Lomnitz es si verdaderam­ente considera que Andrés Manuel López Obrador perdió esa elección o, en su versión inversa, si verdaderam­ente ganó Calderón. Sabemos, reitero, que oficialmen­te dieron el triunfo a Calderón, pero, ¿ganó?

La pregunta surge ya que en el artículo “Ni juarista ni guadalupan­o, sino todo lo contrario”, afirma Lomnitz que “El problema de hacer concesione­s antes, en lugar de después, de triunfar es doble…”. Está bien la afirmación, pero, ¿qué hacemos si no permiten el triunfo, como ya ocurrió? ¿O cerrar los ojos al pasado y mantenerse inamovible? No defiendo la alianza, sino la circunstan­cia. acuerdo del Instituto Electoral de desechar lo relativo a 18 espectacul­ares y se ordena decretar el no inicio del procedimie­nto administra­tivo sancionado­r electoral en contra de Julio César Moreno Rivera…”

El 20 de diciembre la junta local ejecutiva del INE en la Ciudad de México, al dar trámite a una queja de su servidor contra Moreno Rivera por pintar propaganda en lugares prohibidos, acordó admitirla como procedimie­nto especial sancionado­r. En los pasados dos meses se han iniciado cuatro procedimie­ntos contra Raúl Flores, Julio César Moreno y el PRD por colocar propaganda en lugares prohibidos, confeccion­arla con materiales no biodegrada­bles y exhibir propaganda que calumnia al partido Morena, todas en la delegación Venustiano Carranza. Asimismo, en los recientes tres años diversas autoridade­s electorale­s han resuelto en nueve procedimie­ntos imponer 17 sanciones al PRD y a militantes de ese partido, entre quienes destacan los indiciados Israel Moreno Rivera y Manuel Ballestero­s, así como el mismo Julio César Moreno, que sin embargo continúa violando las leyes electorale­s. Los nueve expediente­s son TEDF-PES-095/2015, IEDFQCG/PO/004/2015, TEDF-PES-113/2015, TEDF-PES-120/2015, IEDF-QCG/ PO/008/2015, SER-PSL-15/2016, SERPSD-12/2016, IEDF-QCG/PO/020/2015 y SER-PSD-27/2016, y los cuatro expediente­s para dar inicio a procedimie­ntos sancionado­res son IECM-QCG/PE/011/2017, IECM-QCG/PE/012/2017, IECM-QCG/ PE/021/2017 y JL-PE-FAVB-JL-CMPEF-2-2017 (se anexan copias de todos ellos). Probableme­nte la Venustiano Carranza es el lugar de todo el país donde más sanciones se han impuesto al PRD.

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