Minas restringidas en Coahuila vuelven a abrir pese a riesgos para los trabajadores
CFE fomenta la clandestinidad, afirma Auerbach, de Familia Pasta de Conchos
A Lázaro Ernesto Villanueva Coronado, de 19 años, le cayó una piedra gigantesca encima cuando trabajaba en la mina El Mezquite, de Sabinas, Coahuila, un lugar donde laboran 200 hombres, que carece de las mínimas condiciones de seguridad e higiene y que genera anualmente 116 mil toneladas de carbón con más de 100 millones de pesos de ganancia; un lugar que fue cerrado y reabierto por conducto de fraudulentas maniobras que el propio sistema de concesiones propicia en la zona carbonífera, provocando un aumento de la minería clandestina.
El mismo día que la roca impactaba en la columna dorsal y cervical lumbar del joven minero Villanueva Coronado dejándolo gravemente herido, la Organización Familia Pasta de Conchos, dirigida por la activista Cristina Auerbach Benavides, iniciaba el XII Memorial para recordar –con una ficha publicada en las redes sociales– cada día a un minero de los 63 aún atrapados en esa mina propiedad de Grupo México del empresario Germán Larrea.
También informaba de una lista de 27 minas “restringidas” por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que oficialmente han dejado de laborar por infringir las normas de seguridad, higiene y capacitación: “Algunas de estas cuevas, minas y pozos no tenían consolas para medir gases, no tenían salida de emergencia y carecían de otras indispensables medidas de seguridad y ponían en riesgo la vida de los mineros. Han quedado restringidas totalmente y no pueden sacar carbón hasta que restablezcan las condiciones, pero muchas intentan volver a operar y lo logran porque el propio sistema no funciona y se los permite”, dice en entrevista con La Jornada Cristina Auerbach, directora de la organización Pasta de Conchos.
En 2017, cuatro mineros muertos Hay un grupo de empresarios favorecidos e impunes
Sólo multas por muertes
Denuncia que hay un grupo de empresarios del carbón que siempre vuelven a operar, a pesar de no tener las condiciones necesarias, por eso siguen ocurriendo muertes de mineros como los cuatro registrados en 2017:
“Es un viejo grupo de empresarios creado a partir de 2003, cuando se fundó Prodemi (Promotora para el Desarrollo Minero del gobierno de Coahuila), desaparecida oficialmente el pasado mes de marzo, pero que sigue operando. Estos empresarios se enriquecieron durante los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira y se volvieron impunes porque no hay consecuencias penales por matar mineros por falta de seguridad en las minas, cuevas o pozos. Sólo les ponen multas.”
La Prodemi, fundada por el gobernador priísta Enrique Martínez, luego fortalecida con los Moreira y actualmente por Miguel Ángel Riquelme Solís, ahora también es clandestina y ha perpetuado el coyotaje que afecta a más de 70 por ciento de la población de la zona carbonífera, unos 140 mil habitantes:
“Mi pregunta es: si hay menos de 100 minas en Coahuila y 27 están paradas totalmente, ¿quiénes están surtiendo las miles de toneladas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)? Ahora entendemos por qué hay un aumento de minas clandestinas. Les cierran y estos empresarios abren otras o le compran el carbón a un tercero.”
CFE, el problema
En la lista de las minas restringidas están La Escondida, Minera El Progreso y Refacciones y Materiales de Sabinas; en la localidad de El Mezquite fueron restringidas las minas Jesús Espinoza Ramón, Coharesa e Infraestructura Minera Catamco; en Cloete las minas de Juan Antonio Quistiano Lares, Minera La Coqueta, Jesús Expidio Aranda Valdez, Minera Boston, Martín Ángel Tijerina Flores y José Luis Olvera Solís; en el municipio de Sabinas, Construcciones y Servicios de Sabinas, Comercializadora de Minerales Diana, Minera El Retoño, Minera El Gordo, C5, Jiloteo Longoria, Minera y Acarreos Flores, Comerciasol; mientras en Nueva Rosita quedaron restringidas las minas Pech-8 Mining Co. y Julián Jiloteo Longoria; en La Florida restringieron Wicaro y Minera King Crab y Group; y finalmente en Rancherías y Barroterán cerraron Édgar Habacuc Portillo Guevara, Rolando Ulises Medellín Martínez y José de Jesús Lozano Herrera.
Para Auerbach Benavides el problema del aumento del clandestinaje en la extracción del carbón es generado por la propia CFE por no exigir a los empresarios a los que concesionan la compra del carbón que tengan una mina:
“Ellos no piden como condición para poder competir por un contrato de compra que los empresarios tengan una mina de carbón, entonces cualquiera puede licitar y quien los verifica es el sistema geológico mexicano, no la Secretaría del Trabajo, por tanto hay empresarios que no tienen minas, o las tienen clandestinas o ilegales y así le venden el carbón a la CFE. Debería ser obvio tener minas, pero no es requisito.”
Denuncia que algunos de estos empresarios del carbón juegan al “gato y al ratón” reabriendo minas, pozos o cuevas restringidas, como el caso de la mina El Mupo o El Mezquite, donde el joven minero Villanueva Coronado resultó herido. Esa mina era Apha Prime y fue vendida o traspasada en un “fraudulento manejo” que afectó a los trabajadores. Con esa mina, dos empresas, Minergy de México SA de CV y Tekoli SA de CV, ganaron licitaciones para surtir a la CFE 116 mil toneladas de carbón: “Obviamente, esta mina no puede cubrir esos contratos y por eso están abriendo pozos de carbón que les fueron restringidos por no cumplir las normas de seguridad e higiene”.
El apoderado legal de las dos empresas es Alfonso González Vélez: “Son los mismos González Vélez de BINSA, donde murieron 14 grabadores y un niño minero que resultó mutilado. Esta mina está siendo sobrexplotada y apunta a ser un nuevo Pasta de Conchos. Es la tercera vez en el año que se cae una piedra o un techo y eso es porque la mina no está bien fortificada”, advierte Auerbach Benavides.
La mina es propiedad de la familia González Garza (Los Mupos) que, según dice, cuenta con un largo historial de negligencia y abusos contra los mineros del carbón. El pasado 6 de abril, el minero Pedro Gómez Salazar, de 53 años, murió aplastado por rocas mientras trabajaba. A pesar de que han pasado ocho meses, la empresa se niega a indemnizar a la familia.
“No les han pagado y les están ofreciendo 68 mil pesos. La empresa le está contando menos años trabajados porque cambiaron de razón social y quieren indemnizar a la familia pagándole un finiquito como si el trabajador hubiera renunciado, cuando el minero está muerto por su culpa. Se niegan a reparar el daño”, comenta.
Más cuevas
Auerbach Benavides recorre las minas oficiales y clandestinas de la zona carbonífera. Trabajadores y vecinos denuncian las condiciones de inseguridad porque ya no están dispuestos a que se extraiga carbón a costa de su vida, como en el caso de una cueva localizada en Cloete, propiedad del empresario del carbón Martín Ángel Tijerina Flores, que recientemente clausuraron.
Este pueblo minero, ubicado en el municipio de Sabinas, es uno de los más dañados por la voracidad de los empresarios coyotes del carbón que han abierto tajos, minas, cuevas y pozos en la zona habitacional.
“De los cuatro mineros que murieron este año, dos no tenían condiciones para trabajar ni de seguridad. Uno de ellos falleció en el pozo de madera El Búfalo, un pozo espeluznante que obviamente se les cayó; el otro caso fue en la mina de El Mupo, también se les cayó una piedra y el techo. Estas minas están mal estructuradas –como muchas que no respetan el espacio entre los arcos–, no ponen separadores, no ponen ningún tipo de emparrillado y obviamente se van a caer.”
Daño ambiental
La activista comenta que en la mayor zona carbonífera del país existe una gran deuda del Estado mexicano en materia de daño ambiental con consecuencias de enfermedades para los habitantes: “Descubrimos los últimos dos años trabajando en Cloete que la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) lo que hace es ponerse de acuerdo con los empresarios para ayudarles a trabajar con los manifiestos de impacto ambiental a cambio de que cuando terminen de sacar carbón reparen el daño. Lamentablemente nadie ha reparado nada y ninguna autoridad se hace cargo de ello. La misma Profepa les tramita la ilegalidad”.
Añade: “Todas las minas que hemos denunciado por impacto ambiental fueron canceladas por Profepa, pero siguieron trabajando con total impunidad”.
Las familias de mineros se preparan ahora para el XII Memorial de Pasta de Conchos. Desde el año 1900 han muerto más de 3 mil mineros del carbón y todos fueron rescatados, menos los 63 de esa mina y Felix Schleevoight, quien murió en 1973 en la mina seis de Grupo México en Nueva Rosita. Desde entonces, Auerbach Benavides dice que viven una crisis humanitaria en la región carbonífera: “Llevamos más de dos sexenios luchando por el derecho a la verdad y la justicia. No nos rendimos. A una voz: ¡Rescate ya!”