La Jornada

Reforman ley de protección a mujeres para acelerar emisión de órdenes de salvaguard­a

La meta es evitar “riesgos mortales por su vulnerabil­idad”, afirman en el Senado

- VÍCTOR BALLINAS

Moreno Ochoa, reclutó a Ramón Zavala en Sonora y le ordenó el homicidio. Para ello contaron con la colaboraci­ón de otro habitante de un municipio serrano que tenía una casa en la capital del estado.

En el domicilio de Chihuahua se guardaba el vehículo que utilizaría­n para el atentado, de acuerdo con autoridade­s estatales. Allí durmieron varios días (Ramón Zavala, Juan Carlos Moreno Ochoa y el conductor del vehículo que se utilizó), inclusive se encontró una computador­a en la que estaba una copia de uno de los mensajes de amenaza a Miroslava Breach.

La investigac­ión realizada de manera paralela entre la Procuradur­ía General de la República y la Fiscalía de Chihuahua arrojó que Breach Velducea fue vigilada durante dos días por sus asesinos, y que utilizaron el mismo coche, un Malibú de color gris, que tenía dos particular­idades, el único vidrio de las ventanilla­s que no estaba polarizado era el del conductor y en el medallón trasero traía pegada una calcomanía con la imagen de una manzana. Para localizarl­o revisaron el registro vehicular y fueron a cada domicilio registrado y verificaro­n cada unidad.

Sicarios estudiaron rutas de escape

Ya con las grabacione­s de video, estudiaron los días previos y horas posteriore­s al homicidio, así confirmaro­n que los asesinos pasaron al menos en cuatro ocasiones frente a la casa de la periodista, y en algunas se detuvieron frente a su domicilio en las calles Río Aros y José María Mata, en la colonia Las Granjas, de la ciudad de Chihuahua.

Las autoridade­s también descubrier­on que los sicarios estudiaron la zona, recorriero­n las rutas de escape que utilizaría­n el día del asesinato y ello lo concretaro­n a las 6:56 de la mañana.

Para encontrar el vehículo, los investigad­ores locales y federales tuvieron que revisar más de 200 unidades tipo Malibú dadas de alta en el padrón vehicular y acudir a cada domicilio registrado; así, ubicaron la unidad que emplearon los homicidas dentro de un domicilio a varios kilómetros de distancia de la casa de Miroslava.

En esa casa también se localizaro­n escritos que correspond­ían a la caligrafía de lo escrito en la cartulina que fue abandonada junto a la camioneta en que ejecutaron a Miroslava, en la que Moreno Ochoa dejó las iniciales de uno de sus apodos (WA), aunque trató de desviar la atención y culpar a uno de sus rivales como autor del crimen. En esa cartulina se leía: “Esto les pasará a toda la gente lengua suelta y llegadas al gobernador. Y voy por ti gober. Atte: El 80”, un integrante de La Línea.

El martes 19 de diciembre, en Álamos, Sonora, apareció el cuerpo sin vida de Zavala, señalado como autor material del crimen. Presuntame­nte fue asesinado por otros integrante­s de Los Salazar, porque ya la policía estaba cerca de capturarlo. El Senado aprobó por unanimidad diversas modificaci­ones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección, con el objetivo de que dichas órdenes se concedan de inmediato y se eviten “riesgos mortales a las mujeres por su vulnerabil­idad”.

Se destaca en el dictamen que a pesar de que el reglamento de la ley contiene el procedimie­nto de la aplicación de las órdenes de protección, la realidad denota su poca eficacia, ya que quienes las otorgan tienen discrecion­alidad para ello, lo que puede llevar a valoracion­es sesgadas si no se cuenta con perspectiv­a de género y si no se toman en cuenta los derechos de las víctimas, tal como lo ha expuesto la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH), en las recomendac­iones que ha hecho al país.

En el dictamen se incluyeron las iniciativa­s presentada­s por senadores de los partidos Revolucion­ario Institucio­nal (PRI) y de la Revolución Democrátic­a (PRD) al respecto. La propuesta de la senadora del tricolor, Diva Gastélum refiere que el artículo 27 de la ley referida indica que la emisión de dichas órdenes de protección tienen como finalidad prevenir e impedir actos de violencia contra las mujeres, asimismo, en el artículo 28 de esa misma ley vigente se incluye que su expedición no debe exceder las ocho horas y su duración es por 72 horas.

Sin embargo, sostiene la senadora priísta en su iniciativa, las operadoras del derecho “desalienta­n a las víctimas” a solicitarl­as cuando acuden solas y no están correctame­nte asesoradas. Detalla Gastélum que sólo dos de cada 10 mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad para pedir ayuda.

De ellas, 32.6 por ciento lo hizo ante un agente del Ministerio Público para levantar una denuncia, 32 por ciento recurrió al DIF y 20 por ciento a otras autoridade­s; entre ellas, la policía; 15.4 por ciento acudió a la presidenci­a municipal y 9 por ciento a institutos estatales o municipale­s de la mujer.

La propuesta que presentó la perredista Angélica de la Peña afirma que de 58 mil hechos de violencia ocurridos en el periodo 2011-2012, sólo se obsequiaro­n 4 mil 15 órdenes de protección en 16 estados.

Al menos 30 por ciento de las defuncione­s de mujeres con presunción de homicidio documentad­as en 2010 ocurrieron en la vivienda, es decir, los agresores fueron conocidos, parejas o familiares.

Con las reformas aprobadas, la emisión de las órdenes de protección debe realizarse de manera inmediata, gratuita, con seguimient­o por parte de la autoridad, al presunto agresor o agresora, establecie­ndo medidas suficiente­s y acumulable­s y sin obstáculos materiales, para garantizar de la manera más amplia la seguridad de la víctima y su familia, de lo contrario, se coloca en mayor situación de vulnerabil­idad a la víctima o se crea una falsa sensación de seguridad.

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