Hay leyes que consideran a discapacitados que padecen de “idiotismo o imbecilidad”
El Conapred denuncia que algunos códigos civiles estatales así lo aprecian
Son discriminados y excluidos en las escuelas, servicios de salud y acciones del Estado
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) denunció que aún existen leyes estatales que consideran a las personas con discapacidad como seres que “padecen idiotismo o imbecilidad”, tal es el caso de los códigos civiles de Baja California, Campeche y Chihuahua.
En información proporcionada, expuso que existen varios estereotipos hacia este sector de la población y que “históricamente” se les ha considerado como “inútiles”, “incapaces” o “menos productivas” que las personas sin ninguna discapacidad. Añadió que tanto en los medios de comunicación, escuelas, empresas y otros espacios “se les ridiculiza o excluye abiertamente”.
El Conapred calificó mil 497 expedientes como presuntos actos de discriminación relacionado Asociaciones de apoyo a los migrantes y dreamers ofrecerán a partir de enero cursos de identidad, cultura e historia de México para los connacionales que viven en Estados Unidos y que desconocen la cultura mexicana, los cuales serán impartidos por personal del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
Eunice Rendón, especialista en temas migratorios y coordinadora del proyecto, señaló que el INBA ofrecerá incluso una certificación que podrán obtener con cursos en línea enfocados a los universitarios. En enero iniciará una fase piloto, en busca de expandirlo posteriormente a un mayor número de connacionales que busquen saber más sobre México.
La finalidad, dijo, es acercarlos a la realidad de México ya que muchos de ellos están en riesgo de ser deportados por la administración del presidente estadunidense, Donald Trump.
“Convencí al INBA de ofrecer una certificación o curso de historia y cultura mexicana. Al final ellos están ávidos de conocer más sobre ellos porque saben que si son deportados no conocen nada del país. Mucho del miedo de los dreamers es que no conocen México porque sólo ven una realidad de unos padres que dejaron el país porque no tenían ingresos suficientes e información de violencia y narcotráfico. Al final no hay incentivo porque no conocen México en realidad”, indicó.
Como parte de los distintos programas que han realizado junto con otras asociaciones, Rendón señaló que en los últimos dos años lograron la obtención de permisos de las autoridades de Estados Unidos para que tres grupos de dreamers pudieran venir a México con personas con discapacidad de 2011 a septiembre de 2017. Expuso que las acciones se dieron principalmente en el ámbito educativo, 30 por ciento, y laboral, 24 por ciento. Los principales derechos vulnerados fueron el trato digno, la accesibilidad, la educación y el trabajo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 6.6 por ciento de la población, más de 7.7 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. El Conapred indicó que la mayoría vive en pobreza o depende económicamente de otras personas debido a que es discriminada y excluida en las escuelas, servicios de salud, al buscar empleo y en las acciones del Estado.
Agregó que “las condiciones son peores cuando, además de por primera vez desde que se fueron al país vecino de niños, ya que durante todo este lapso han permanecido indocumentados.
Al regresar, dijo, todos se van con una visión muy distinta del país ya que “sólo se imaginaban lo peor”.
El desconocimiento de la situación económica y social del país también provoca que los estudiantes universitarios no contemplen su discapacidad, estas personas muestran alguna otra condición de vulnerabilidad” ligadas a su origen étnico, diversidad sexual o edad.
El Conapred expuso que existe una falta de armonización legislativa que impide el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en leyes de varios estados. Sin especificar cuáles, señaló que 15 códigos civiles impiden el derecho al voto a quienes están bajo la tutela jurídica de alguien más; varios no reconocen como discriminación el negar ajustes razonables ni sancionan la discriminación a las personas con discapacidad.
Expuso también la falta de recursos destinados a la accesibilidad en espacios públicos y privados, pues la gran mayoría la posibilidad de regresar a México y buscar una opción laboral acorde a sus estudios.
Ante ello, señaló que buscarán también poner en marcha durante 2018 una plataforma digital para colocar la currícula y la búsqueda de empleos, la cual estará enfocada especialmente a los mexicanos en Estados Unidos, desde dreamers hasta quienes poseen algún oficio, lo que no lo son. Agregó que tampoco existen mecanismos de monitoreo, queja y sanciones efectivas para el incumplimiento de las leyes de accesibilidad. Además, “faltan planes y estrategias de protección, prevención y atención a personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias”.
De igual manera, señaló que hace falta cambiar el enfoque asistencialista y segregacionista de los programas dirigidos hacia este sector de la población, “común en varias políticas públicas de atención a ese grupo”, por un enfoque incluyente y de derechos.
Finalmente, indicó que el reto más importante es la aplicación plena de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. esperan se convierta en una herramienta para colocarse en un empleo en caso de ser deportados o ante un regreso voluntario.
Para la creación de la plataforma ya trabajan con distintas empresas, ya que sostuvo que el sector privado es uno de los principales interesados en contratar personal bilingüe o con experiencia y formación en el país vecino. La Procuraduría General de la República (PGR) realizó la primera diligencia sobre el desalojo policiaco efectuado el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, donde fallecieron ocho civiles y hubo más de 100 heridos, con lo que por primera vez se reconoció a los habitantes de ese municipio como víctimas, afirmó el dirigente del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 Junio Nochixtlán (Covic), Santiago Ambrosio.
Informó que a año y medio de ese operativo, la PGR accedió a realizar una diligencia fuera de sus instalaciones y es que las víctimas no estaban de acuerdo a acudir al inmueble de esta dependencia, pues había temor de que en las oficinas fueran intimidados, por lo que se solicitó que se llevara a cabo en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO).
Declaración de tres familiares de las víctimas
El procedimiento, dijo el dirigente del Covic, se llevó a cabo a partir de las 10 horas en la ciudad de Oaxaca, donde acudió el Ministerio Público Federal (MPF) para levantar la declaración de tres familiares de las víctimas.
Precisó que fueron Sergio Luna, padre de Óscar Luna; Rutilia Santiago, madre de Óscar Nicolás Santiago y los familiares de Yalid Jiménez, quienes perdieron la vida en el desalojo. “Lo más importante es que por primera vez se está dando el carácter de ofendido, mismo que anteriormente les fue negado de manera reiterada”, dijo.
En tal sentido, reconoció la apertura de la PGR, aunque señaló que aún falta mucho camino pues este miércoles sólo se tomó declaración a tres víctimas de poco más de 150, entre familiares de los asesinados, así como heridos y detenidos, entre otros, por lo que es sólo un comienzo.
Reconoció que es un avance importante que la PGR haya anunciado que entregará los 21 expedientes recabados en la investigación; de tal forma que el Covic pueda tener acceso a ella para analizar el caso y hacer lo que consideren necesario.
Sin embargo, este miércoles el MPF se negó a entregar documentación a las víctimas, pues esgrimió que había trabajadores de los medios presentes, por lo que que deberán dirigirse a las instalaciones de la delegación de la PGR para darles los expedientes.
Por su parte, el defensor de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, Arturo Peimbert celebró que por fin se haya dado el carácter de ofendidos a las víctimas y la apertura mostrada por la PGR, aunque en varios instantes se ha mostrado reacia, pues pareciera tratar de monopolizar la investigación.