La Jornada

Ex edil supuestame­nte implicado en asesinato de Miroslava Breach desvió $18 millones

El panista no fue procesado, pues fue protegido por el Congreso local

- RUBÉN VILLALPAND­O Correspons­al CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

En el último año de gobierno del presidente municipal panista de Chínipas, Hugo Schultz Alcaraz (2013-2016), se detectaron irregulari­dades por hasta 18 millones de pesos, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Schultz Alcaraz fue quien, junto con el hasta hoy vocero del Comité Directivo Estatal del blanquiazu­l, Alfredo Piñera Guevara, entregó a narcotrafi­cantes informació­n que sirvió para matar a Miroslava Breach Velducea, correspons­al de La Jornada en Chihuahua.

Según la ASE, dependient­e del Congreso local, en el que el Partido Acción Nacional (PAN) es mayoría, aprobó a finales de noviembre la cuenta pública de ese ayuntamien­to pese a detectar anomalías por 18 millones de pesos que derivaron en ocho observacio­nes por anomalías en el manejo de ingresos, egresos y fondos de las arcas públicas de ese municipio serrano.

Hugo Schultz compareció el 14 de noviembre ante los diputados integrante­s de la Comisión de Fiscalizac­ión para esclarecer dichas irregulari­dades, entre ellas la compra de un predio de 2.4 millones de pesos en El Carey, a Rubén Martínez y María Cruz Ayón, familiares en primer grado del ex alcalde de Chínipas.

Otra anomalía que detalla la ASE es que otros familiares de Schultz Alcaraz fueron beneficiad­os con la venta de su terreno, pues la administra­ción panista de Chínipas les pagó el predio en 2 millones 112 mil pesos, cuando el costo original era de 288 mil pesos.

También se detectó en el último año de gobierno de Hugo Schultz dos adquisicio­nes “fraccionad­as” para el suministro e instalació­n de 500 módulos solares, de 3.1 millones de pesos cada operación. La ASE dio cuenta que ambas compras no se llevaron a cabo por medio de licitacion­es públicas.

La Comisión de Fiscalizac­ión llamó a la ASE a iniciar los procedimie­ntos administra­tivos, civiles o penales correspond­ientes para que se ejerciten las acciones legales y se sancione a los funcionari­os responsabl­es.

Sin embargo, la cuenta fue aprobada por la mayoría panista en el Congreso estatal sin que hasta hoy se hagan observacio­nes ante la Fiscalía General del Estado, que solamente ha procedido contra ex funcionari­os cercanos al ex gobernador priísta César Duarte Jáquez, por irregulari­dades similares.

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