Diputados de BC exigen a la Corte anular decreto para construir dos desaladoras
Afirman que fue inconstitucional el aval que dio en diciembre el Congreso del estado
Once diputados locales de Baja California de seis fuerzas políticas distintas a Acción Nacional que es mayoría en el Congreso del estado, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la aprobación del decreto 168 relativo a los contratos de asociación público privadas (APP) para la construcción de dos desaladoras en Rosarito y San Quintín.
Los diputados Catalino Zavala (Morena) y Luis Moreno Hernández (Encuentro Social), explicaron que recurrieron al máximo tribunal al considerar que la aprobación de dicho decreto en la sesión del 1º de diciembre pasado fue inconstitucional y “de madruguete” por haber sido avalado por mayoría simple del Congreso del estado cuando debió ser por mayoría calificada.
Explicaron que basaron esta acción ante la SCJN en una primera causa por las violaciones al procedimiento que consistieron una notificación arbitraria, pues minutos antes de la hora convocaron a sesión extraordinaria y sin orden del día; incluso la convocatoria les fue entregada a algunos diputados 15 minutos o media hora después de empezada la sesión.
La segunda causa, abundó el legislador morenista, está basada en uno de los argumentos planteados por los 11 legisladores en la solicitud de invalidez respecto de los recursos destinados por un periodo superior a 37 años provenientes de los impuestos de los bajacalifornianos para las desaladoras.
El gobierno estatal debe garantizar a Aguas de Rosarito –empresa que ganó la licitación para operar la desaladora de Rosarito que venderá agua al estado– el pago de 150 millones de pesos al mes más IVA durante las próximas seis administraciones a partir de junio de 2019, bajo el esquema de APP.
A Desaladora Kenton le pagará 11 millones 136 mil 150 pesos al mes más IVA a partir de enero de 2018 por operar el Sistema Integral Hídrico San Quintín, en Ensenada. El agua desalada será entregada a productores agrícolas y pobladores. Los consumidores de Ensenada y contribuyentes del estado le pagarán durante 30 años 568 millones 8 mil 827 pesos.
Aseguraron que en la actualidad la resoluciones no son temas de mayoría de partidos y descartaron que Acción Nacional pudiera tener algún peso sobre lo que pudieran resolver los magistrados de la SCJN a esta solicitud de los diputados opositores.
Consideraron que la solución a la escasez y la mala distribución del agua en Baja California tiene que ser mediante proyectos “correctos” no sólo financiera, sino técnicamente, basada en la necesidad del suministro del líquido por municipio, por lo que la SCJN tiene de dos a seis meses para dar su resolución al tema.