LLAMAN A DETENER SANGRE Y LUTO EN GUERRERO
De nuevo el estado de Guerrero se cubre de sangre y luto. Un delito más del Estado mexicano. Rumbo Proletario denuncia a los gobiernos federal y local de haber perpetrado otro crimen de lesa humanidad, esta vez contra la comunidad de La Concepción, en el municipio de Acapulco, Guerrero. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) es una piedra en el zapato para quienes quieren imponer el proyecto hidroeléctrico como parte del saqueo que se lleva a cabo en todo el territorio nacional.
Por medio de paramilitares y policías estatales, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Guerrero quieren, además, destruir a las policías comunitarias (CRAC). Empiezan por asesinar a varios comuneros integrantes de esta organización y encarcelan a su vocero, el compañero Marco Antonio Suástegui, como un paso para cumplir con su cometido criminal. Los policías del estado liberaron al detenido por los comunitarios, quien tenía la encomienda de asesinar a Marco Antonio Suástegui. ¡Exigimos la libertad inmediata de los detenidos y que los paramilitares salgan de esa zona! diferentes comunidades de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Lo anterior, porque el fin de semana compañeros del Comité de Víctimas de Nochixtlán, Oaxaca, anunciaron que se encuentran en alerta máxima, ante la amenaza de que incursionen en su comunidad las policías estatal y vial, auspiciadas por el presidente municipal y el secretario general de Gobierno, con el pretexto de una petición para la cual se recaudan “firmas” de transportistas.
Por otro lado, el Congreso Indígena de Gobierno ha denunciado la detención de ocho compañeros de Las Abejas de Acteal. A todo lo anterior se suma el desplazamiento que han sufrido indígenas en Chalchihuitán, debido al asedio de grupos paramilitares en la zona de Chenaló. Y por si esto fuera poco, integrantes de la CRAC-PC, en Cacahuatepec, Guerrero, ayer sufrieron ataques de personas armadas y de elementos de la policía estatal, en los que periodistas de diferentes medios también fueron agredidos por la misma corporación.
¡Ya basta de que nuestros pueblos estén siendo agraviados de esa forma! Las autoridades deben deslindar responsabilidades de mandos policiacos y civiles, en estas acciones que atentan contra la vida y la libertad de los mexicanos.
No queremos pensar que estos hechos, sumados al violento fin de semana que ha vivido el país en el norte, en el centro y en Ciudad de México, sirvan de pretexto –de la mano de la Ley de Seguridad Interior– para justificar la imposición de mayor control institucional a base de represión y violación de derechos humanos por parte del gobierno y de las fuerzas armadas.
Creemos que con lanzar más soldados y policías a las calles no se resolverá nada, sino sólo generando mayores condiciones de justicia y de igualdad en nuestro lastimado país.