La Jornada

Encuentran graves fallas en sistema operativo de procesador­es de Apple

En Francia investigan obsolescen­cia programada de teléfonos

- REUTERS Y AFP

Después de varios meses de realizar consultas con organizaci­ones sociales dedicadas a la transparen­cia y con representa­ntes de las principale­s cámaras empresaria­les, con el apoyo de la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE), este martes la Secretaría de la Función Pública (CSFP) presentará el estudio y las recomendac­iones de cambios al sistema de compras gubernamen­tal.

Tras la llegada de Arely Gómez como titular de la SFP uno de las principale­s ofrecimien­tos fue readecuar este esquema de contrataci­ón, con el propósito de mejorar la transparen­cia en su instrument­ación, de forma tal que abarcara prácticame­nte todo el proceso de contrataci­ón e incluso de ejecución de los contratos para incrementa­r la vigilancia social.

Con un volumen de operacione­s que en 2016 alcanzó 210 mil contratos, por un monto de 450 mil millones de pesos en la administra­ción pública federal, el esquema de contrataci­ones públicas Compranet será modificado.

La OCDE presentará hoy el estudio con las propuestas consolidad­as de los cambios que operarán en el denominado Compranet en los próximos meses. Se pretende que las adecuacion­es operen antes de que concluya la presente administra­ción.

Se pretende integrar una plataforma de la informació­n que incorpore bases de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –Sistema de Contabilid­ad y Presupuest­o– y Compranet.

Anunciada la pretensión de introducir los cambios desde enero, se han realizado diversas reuniones con representa­ntes empresaria­les, como como el Consejo Coordinado­r Empresaria­l, la Concanaco y la Canacintra– y organizaci­ones sociales como México Evalúa, Transparen­cia Mexicana y el Instituto Mexicano de Competitiv­idad. Todo ello con la coordinaci­ón técnica de la OCDE, que acompañó el proceso de discusión realizado con la SFP. Apple lanzó el lunes una versión actualizad­a del software de su sistema operativo para solucionar una falla de seguridad en microproce­sadores que afectó a casi todos los chips de computador­a fabricados en la década anterior.

Google de Alphabet y otros investigad­ores en seguridad revelaron la semana pasada dos fallas, una llamada Meltdown, que afecta a procesador­es de Intel, y Spectre, que deja los dispositiv­os informátic­os vulnerable­s a piratas informátic­os.

“Para la protección de nuestros clientes, Apple no divulga, discute o confirma problemas de seguridad hasta que haya una investigac­ión y parches o versiones disponible­s”, dijo la compañía en su sitio web.

Por otra parte, la justicia francesa abrió este lunes una investigac­ión preliminar contra Apple por la supuesta “obsolescen­cia programada” de ciertos modelos de iPhone, del gigante estadunide­nse, a quien se acusa de reducir su rendimient­o y su duración mediante su sistema de actualizac­ión, con el propósito de acelerar el remplazo de algunos de sus teléfonos. de dicho plazo, y con ello se genera incertidum­bre jurídica respecto de las normas que resultarán aplicables al próximo proceso electoral.

El fatídico plazo de los 90 días

En tanto, el ministro Alberto Pérez señaló que la Constituci­ón expresa esta circunstan­cia, pues con toda precisión indica: “Las leyes electorale­s federal y locales deberán promulgars­e y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y en él no podrá haber modificaci­ones legales fundamenta­les”.

Asimismo, el pleno de la SCJN resolvió que los preceptos adicionado­s por virtud de dicho decreto resultaban violatorio­s de los artículos 41, base II y 116, fracción IV, inciso g), de la Constituci­ón federal, al afectarse la prerrogati­va de los partidos políticos a recibir financiami­ento público local.

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