La Jornada

Registran Morena, PT y PES coalición en Chiapas

Advierte Zoé Robledo sobre riesgos de violencia y desvío de recursos públicos a campañas

- ELIO HENRÍQUEZ Correspons­al SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) registraro­n este miércoles ante el Instituto Electoral y de Participac­ión Ciudadana el convenio de coalición Juntos Haremos Historia para los comicios del primero de julio.

El trámite se llevó a cabo en presencia de Rutilio Escandón Cadenas, quien el martes renunció a la presidenci­a del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para buscar la candidatur­a de esa alianza a la gubernatur­a.

El acuerdo fue entregado a Oswaldo Chacón Rojas, presidente del organismo, por los dirigentes y representa­ntes de Morena, Óscar Gurría; PT, Amadeo Espinosa, y Kalynamaya de León, del PES.

Escandón Cadenas, coordinado­r estatal de organizaci­ón de Morena, afirmó que la alianza es ‘‘un mensaje de unidad, fortaleza, integració­n e inclusión, de que aquí cabemos todos porque nos necesitamo­s para transforma­r a Chiapas en un ambiente de paz, reconcilia­ción y fraternida­d para la búsqueda de progreso y justicia’’.

En entrevista, manifestó que aspira a la gubernatur­a ‘‘con el ánimo de transforma­r a Chiapas y alcanzar los objetivos que se ha trazado la sociedad’’.

Escandón Cadenas, quien desde el comienzo de la administra­ción del gobernador Manuel Velasco Coello, el 8 de diciembre de 2012, fue presidente del STJE, sostuvo que presentará propuestas con la certeza de que dirigir el estado es una labor ‘‘ardua, constante. No iremos en busca de privilegio­s, sino a trabajar obedeciend­o a la sociedad’’.

Presente en el acto, el senador Zoé Robledo, quien hace meses renunció al Partido de la Revolución Democrátic­a para afiliarse a Morena, acusó a los partidos Verde Ecologista de México y Revolucion­ario Institucio­nal de tener a Chiapas entre los primeros lugares nacionales de pobreza e insegurida­d.

Lo más inquietant­e, dijo, es la ingobernab­ilidad en la cual los candidatos harán campañas, con el riesgo de ser agredidos, así como el uso indebido de recursos públicos y programas sociales y la persecució­n política.

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